Polémica en Educación

La RAE muestra su "preocupación" por las garantías del español en la ley Celaá

La Real Academia Española sigue atentamente el proceso de tramitación de la normativa y confía en que se defienda el artículo 3 de la Constitución, un punto que recoge el español como la lengua oficial.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. El Pleno debate hoy el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', así como las múltiples enmiendas 'vivas' de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan incluirlas en el texto. 19 NOVIEMBRE 2020;ISABEL CELAÁ;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;POLÍTICA;GOBIERNO;EDUCACIÓN;MINISTERIO DE EDUCACIÓN;PABLO IGLESIAS;LEGISLACIÓN POOL. David Castro/El Periódico 19/11/2020
La RAE muestra su "preocupación" por las garantías del español en la ley Celaá.
POOL. David Castro/El Periódico

La Real Academia Española ha manifestado este jueves su "preocupación" por que el futuro texto legal de la llamada ley Celaá "no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna". Así lo señala el comunicado emitido tras el pleno celebrado por sus miembros a última hora de la tarde, poco después de la aprobación también hoy en el Congreso de los Diputados de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, la cual incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza.

La RAE, que se reconoce no competente "para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad", ha manifestado que "sigue atentamente" lo concerniente a este respecto en la Cámara Baja y que "continuará en el Senado", donde la reforma emprende su recta final parlamentaria antes de convertirse en la octava ley educativa en democracia. "La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar", afirma.

 "En defensa de su postura, el comunicado incide en que el español conforma una "comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas" y que "más de 485 millones lo tienen como lengua materna". Otros puntos polémicos de la reforma es que especifica que los profesores con mal rendimiento podrían ser "removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa del alumnado", un apunte que cuestiona los criterios claros para llevar a cabo tal acción. 

"Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización", insiste la RAE, que "se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario".

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