"Lo que nos faltaba ahora era convocar elecciones generales". Esta fue la frase con la que Mariano Rajoy contestó el pasado viernes, apenas unas horas después de la victoria independentista en las elecciones catalanas, a la pregunta sobre si pensaba disolver las Cortes de manera anticipada. En el gabinete presidencial (ya sin Jorge Moragas) cuentan con apurar la legislatura al máximo y llegar a 2020: "Los mandatos son de cuatro años y están para cumplirlos", suele repetir el presidente. Para ello necesitan superar un hito: que el PNV dé el visto bueno a los Presupuestos Generales de 2018, una cuestión que ya está avanzada.
El Gobierno ya ha mantenido algún contacto informal con dirigentes peneuvistas de cara a allanar el sí de los seis diputados a unas cuentas públicas que el Gobierno ya tiene pactadas con Ciudadanos. La jugada consiste en repetir la suma que dio el visto bueno a los PGE de 2017: PP, Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. En total, los 176 votos necesarios para superar la tramitación y que permitirían al Ejecutivo alargar la legislatura hasta 2020. En 2019, por tanto, solo habría que prorrogar las cuentas de 2008 y los comicios se celebrarían a mitad del siguiente año. Es lo que se ha llamado el 'pack presupuestario' que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se está trabajando.
Para conseguir arrancar la negociación con el PNV el Gobierno ha tenido que esperar a que pasen las elecciones catalanas. El mismo 21-D, del EBB, el máximo órgano de dirección del partido vasco, salió un texto en el que se preguntaban "¿para qué ha servido el 155? ¿Para descabezar a los partidos independentistas? No. ¿Para alterar las mayorías parlamentarias? Tampoco. Se han producido reajustes dentro de cada bloque, pero no ha habido trasvases de votos de uno a otro. El 155 no ha servido para nada. Se destituyó a un Gobierno, se encarceló a consejeros, el president legítimo tuvo que salir del país, se disolvió el Parlament, se anunció el descabezamiento del independentismo... y JuntsxCatalunya y ERC han obtenido cuatro escaños más, 66, que los 62 que obtuvieron en 2015, cuando concurrieron en coalición". Y añadían en un claro reproche al Gobierno de Rajoy: "Quienes creían que una vez celebrada la jornada electoral y una vez cerrado el recuento se acababa el problema catalán erraron en su previsión. El problema catalán sigue ahí, planteado con plena legitimidad".
A pesar de este discurso, Rajoy ha tenido varios gestos con el PNV que allanan el camino a la firma de los Presupuestos. El más importante ha sido la renovación del Cupo, que ha sido considerada por algunos como un regalo prenavideño hacia los peneuvistas. Días más tarde, los diputados jeltzales provocaban una sonora derrota del Gobierno al aprobarse una Proposición de Ley de Unidos Podemos para tumbar la regla de gasto. No obstante, y pese a estos tiras y aflojas con el PNV, en Moncloa confían en que los nacionalistas vascos terminen cediendo y aprobando unas cuentas necesarias para que Rajoy cumpla la promesa de que en España haya 20,5 millones de personas trabajando en 2020.
Mientras se concreta la negociación con el PNV, el Gobierno sigue pendiente de las cifras de crecimiento. No se descarta que, dependiendo de la formación del futuro Gobierno en Cataluña, no se revise finalmente al alza la previsión del 2,3% del PIB al 3% por no conseguir "la tranquilidad, la normalidad y la estabilidad" necesarias en la región. Rajoy tiene la obsesión de seguir creando empleo y de que no baje esa cifra de 600.000 nuevos puestos de trabajo al año. Con ese eslogan el PP aspira a presentarse en las próximas generales. En esta buena marcha del empleo hay que enmarcar la reciente victoria de la ministra Fátima Báñez sobre el titular de Economía Luis de Guindos sobre la subida salarial, un aspecto que el segundo siempre había renegado. Báñez todavía tiene por delante algunos problemas que solucionar, como el paro de larga duración o la baja cualificación de los desempleados, pero la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 buscará precisamente corregir esas disfunciones.
Rajoy ha conformado con Pedro Sánchez una extraña alianza de cara a la segunda parte de su legislatura. El secretario general del PSOE ha visitado Moncloa en varias ocasiones y ha dialogado con el presidente del Gobierno de manera habitual en las últimas semanas. Así, los socialistas no son ni serán socios parlamentarios del PP, pero Rajoy sí puede contar con ellos para cuestiones de Estado, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ferraz, por su parte, ha puesto su punto de mira en robar el terreno electoral que está acaparando Ciudadanos y Albert Rivera a nivel nacional. Del "no es no" han pasado a colaborar.
El Gobierno también encara en los próximos meses una posible crisis. Luis de Guindos aspira a convertirse en vicepresidente del BCE y eso podría obligar a Rajoy a remodelar el consejo de ministros. También se habla del relevo de Xavier García Albiol al frente del PP catalán y una de las mejor situadas para ocupar la presidencia del partido es la ministra de Sanidad Dolors Montserrat. En el PP también se escuchan críticas hacia María Dolores de Cospedal por ocupar tres cargos (ministra de Defensa, secretaria general y presidenta del PP de Castilla-La Mancha) y a algunos de los vicesecretarios. Estas voces piden conformar un partido más solido que frene la fuga de votos hacia Ciudadanos. Rajoy, por su parte, ya ha dicho que las elecciones catalanas no son extrapolables a las generales aunque es sensible a que el partido está en ebullición.
Rajoy deja atrás un 2017 turbulento en el que ha tenido que afrontar el referéndum del 1-O, la histórica aplicación del artículo 155, la fuga de 3.120 empresas de Cataluña, la moción de censura de Podemos, los atentados de Barcelona... También ha estado con Donald Trump en la Casa Blanca y ha salido indemne de su minoría parlamentaria, sacando adelante importantes decretos como el de los estibadores gracias al apoyo in extremis y sorprendente del PDeCAT. Ahora ha anunciado una etapa de diálogo con el futuro Govern, que es lo que le reclamaban los grandes empresarios tras varios años en los que la región ha sido descuidada por el Gobierno central.
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