Rajoy anuncia 300 nuevos jueces para la lucha contra la corrupción... que ya existen

300 nuevos jueces para combatir la corrupción. Fue la medida estrella anunciada ayer por el presidente del Gobierno, durante la rueda de prensa conjunta con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en reacción a la "Operación Púnica", última polémica que ha sacudido al partido.En concreto, el presidente informó de que el Ejecutivo creará 112 plazas de magistrados, 167 plazas de jueces de adscripción territorial y dos plazas de magistrados para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.Sin embargo, esas plazas anunciadas por Rajoy ya existen. Es decir, los 300 jueces que el presidente del Gobierno anuncia se incorporarán en próximas fechas llevan ya tiempo trabajando en distintos juzgados españoles, con oposición aprobada, aunque hasta ahora en expectativa de destino. Por tanto, lo que en realidad pretende el Ejecutivo es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar su situación laboral.Así lo acredita el Real Decreto que aprobará hoy el Consejo, firmado el 30 de septiembre por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y que fue impulsado por el ministro de Justicia saliente, Alberto Ruiz Gallardón, antes del verano."Desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años", afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Desde esta asociación de la magistratura aseguran que con el anuncio, Rajoy "no está diciendo la verdad", y que en ningún momento se especifica que esos jueces irán asignados a la lucha contra la corrupción, a excepción de los dos magistrados que se incorporarán a la Audiencia Nacional.Como se puede leer además en el Real Decreto, el Ministerio de Justicia aclara que esa dotación de personal no costará ningún añadido presupuestario. El departamento de Rafael Catalá cuenta para el próximo año con una dotación de 1.501'75 millones de euros, un 1% más que en el ejercicio de 2014.El Real Decreto explica que "por razones presupuestarias para reducir el déficit de los años 2011, 2012 y 2013 no se ha procedido a la creación de nuevas unidades judiciales por lo que la planta judicial no se ha incrementado en los últimos años mientras que, por el contrario, han seguido incorporándose nuevos miembros de la carrera judicial". Es por ello, advierte, que se ha producido un "desequilibrio entre los miembros de la carrera que se encuentran en activo y el número de unidades judiciales creadas en planta judicial y de plazas de juez de adscripción territorial que se les pueden asignar, existiendo un défit de ambas para poder asignar una plaza a todos los miembros de la carrera judicial en activo". Una situación que es la que se pretende regular.En ningún momento del texto se explica que esos jueces vayan destinados a trabajos de lucha contra la corrupción. De hecho, no deja de resultar sorprendente que a los juzgados de Baleares, donde se instruye uno de los sumarios de corrupción más extensos del país, el Caso Palma Arena- que incluye el Noos- apenas se destinen tres efectivos. A los juzgados de Sevilla, que investigan los ERE, irán cuatro. "Lamentamos que el presidente del gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa", lamenta Bosch, que reclama la urgencia de cambios estructurales en la adjudicación de contratos y en materis urbanística, "verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas".