El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que el Ejecutivo estudiará "acciones legales" ante la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de autorizar la delegación del voto en la investidura del exconseller y diputado de ERC Antoni Comín, huido de la Justicia en Bélgica.
En una rueda de prensa en Moncloa junto al primer ministro turco, Binali Yildirim, y al ser preguntado por la decisión de la Mesa del Parlament, Rajoy ha asegurado que "no tiene sentido alguno" que Comín pueda delegar su voto.
"Lo primero que vamos a pedirle, pero no como Gobierno porque no tenemos competencia para ello a la Mesa, es que su posición sea la de que el señor Comín no puede delegar su voto, algo que en mi opinión no tiene sentido alguno. A partir de ahí estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece nuestra legislación vigente", ha asegurado.
Fuentes del Gobierno han precisado que primero deben ser los grupos parlamentarios catalanes los que traten de convencer a la Mesa de que reconsidere su decisión de permitir que Comín delegue su voto en el debate de investidura, al igual que ha ocurrido con el voto delegado de Carles Puigdemont.
Hoy mismo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado a Rajoy que recurra "inmediatamente" ante el Tribunal Constitucional la "tomadura de pelo" que supone ese voto delegado.
Rajoy pide que se recupere "la cordura"
Más allá de esta decisión de la Mesa del Parlament, el jefe del Ejecutivo ha pedido que se recupere la "cordura" y la normalidad "política y social" en Cataluña con la investidura de un presidente que esté "habilitado para gobernar".
"Vayamos a la mayor, Cataluña necesita un Gobierno que sea legal y que tenga la capacidad de dialogar con todos", ha remarcado.
El presidente del Gobierno ha negado que exista ninguna "discrepancia" entre el Tribunal Supremo, que investiga si se destinaron fondos públicos al 1-O como apunta la Guardia Civil, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien no le consta ese desvío de dinero de la Generalitat para fines independentistas.
"No hay ninguna discrepancia, cada uno en su ámbito de actuación vela por el cumplimiento de la ley", ha asegurado.
El presidente del Gobierno ha recordado que fue el Ejecutivo el que impidió gracias a un recurso al TC que hubiera partidas presupuestarias concretas para el referéndum ilegal.
El 'falseo' de facturas
Cosa distinta es que se hayan podido "falsear facturas" o que existan facturas que no hayan pasado por la oficina de Intervención de la Generalitat, algo que investiga ahora la justicia.
"Sería absurdo que no colaboráramos con la justicia", ha remarcado Rajoy, que ha insistido en que el Gobierno ya hizo "su labor" impidiendo que hubiera partidas concretas en los presupuestos catalanes destinadas al proceso independentista.
Preguntado por la decisión de la Fiscalía de Delitos de Odio de denunciar a nueve profesores de un instituto de Barcelona por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O, pese a la "humillación" que podían causar a alumnos hijos de guardias civiles, Rajoy ha dado su apoyo a la Fiscalía, un episodio que ha calificado de "lamentable".
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