Hasta en nueve ocasiones recurrió el Gobierno de Mariano Rajoy a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que indagara un presunto desvío de fondos desde la Generalitat de Carles Puigdemont a la consulta ilegal del 1-O. Así lo ha explicado Mariano Rajoy durante su declaración en calidad de testigo en el juicio que acoge el Tribunal Supremo contra los líderes del procés en la que ha confesado que recurrieron a la Justicia desde el Ministerio de Hacienda ante la duda de que el Govern pudiera vulnerar la Ley no solo en lo que respecta al desvío de partidas sino a que se ocultaran otras también para los mismos fines.
Con todo, su intención durante esta intervención ha sido la de demostrar a defensas, acusaciones y tribunal que nunca iba a permitir que se celebrara un referéndum mientras fuera presidente de España. "Es el pueblo español el que decide lo que es España y no una comunidad autónoma", ha dicho. En la misma línea en la que se ha pronunciado su exnúmero dos en el Ejecutivo, que le ha precedido en el turno de la palabra, el expresidente popular ha asegurado que desde su primera reunión con Artur Mas y en los sucesivos encuentros descartó de pleno sentar las bases para celebrar una consulta. "Eran plenamente conscientes desde el primer día que no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional y saltarme la Ley. Dejé muy claro las reglas del juego: tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión", ha asegurado.
"Yo en ningún caso admití ninguna conversación sobre nuestro texto constitucional. Con meridiana claridad invité al señor Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender sus posiciones", ha explicado Rajoy en la primera parte de su testifical en la que ha aludido en tiempo récord a la "excepcionalidad" de la situación que se vivía en Cataluña los meses de septiembre y octubre de 2017 y que"obligó" a su Ejecutivo a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Seguro de sí mismo y aparentemente tranquilo, ha recurrido continuamente al artículo primero de la Carta Magna para apuntalar las decisiones que tomó su gabinete.
Rajoy, que afronta a su segunda declaración judicial como testigo tras su intervención en la vista de la trama Gürtel, ha puesto el foco en las horas previas a la petición al Senado de la aplicación del 155. Al respecto, ha explicado que tras el diálogo frustrado con Puigdemont y la ausencia de respuesta a las cartas que le notificó el Ejecutivo para que le explicara el alcance jurídico de la aprobación de la DUI -que ha definido como "una declaración de independencia deliberadamente confusa"- se tuvo que recurrir a la "situación límite".
A diferencia de Santamaría, Rajoy ha evitado pronunciarse acerca de si entendió que la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre era o no simbólica. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha intervenido en varias ocasiones para poner coto a las preguntas de la Fiscalía y las defensas, recordándole que a los testigos se les cuestiona por hechos, no por opiniones. Sí ha sido rotundo acerca de la jornada del 1-O asegurando que "es normal" que se puedan producir enfrentamientos sobre todo, ha dicho, "cuando hay voluntad de que los haya".
A las preguntas del letrado Jordi Pina acerca de si atendió personalmente al lehendakari Íñigo Urkullu, Rajoy ha apuntado que durante la crisis que se vivió esos meses habló "con muchas personas" y a todos les trasladó el mensaje de que no habría negociación para allanar el camino a convocar una consulta al estilo 9-N de 2014. "¿A quién se le puede ocurrir que un presidente negocie esto? No tiene ningún sentido. Eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera. Porque no es posible", ha respondido.
Marchena entra en acción
Este ha sido el eje central de su intervención en el procedimiento y, de hecho, ha recurrido a él una y otra vez pese a los reiterados intentos de abogados de las defensas por saber si promovió algún tipo de diálogo con el ejecutivo de Carles Puigdemont para dar una salida política al conflicto independentista. "La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución porque la Generalitat no puede saltarse la Constitución, ni la Ley, ni el Estatuto de Autonomía. No estaba dispuesto a negociar a cambio de algunas cosas el que incumplieran la Ley porque la soberanía nacional no se negocia", ha reiterado.
De todos los interrogatorios a acusados y testigos efectuados hasta la fecha, esta ha sido la que más ha requerido la intervención del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Las preguntas lanzadas por los letrados de la defensa han estado marcadas por la continua interrupción del magistrado que les ha reprochado en numerosas ocasiones que convirtieran en diálogo lo que debería ser una declaración, a la par que ha insistido en que no se trata de convencer al testigo sino de convencer al tribunal.
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