Moncloa se teme lo peor. En el Gobierno están manejando la posibilidad de que la Generalitat responda "sí" a la pregunta clara y concisa sobre si el pasado martes Puigdemont declaró la independencia en el Parlament. En ese caso, como viene avisando el equipo de Mariano Rajoy, la única solución que les queda pasa por aplicar el artículo 155 de la Constitución, como precisó el Ejecutivo en su requerimiento. Eso sí, la respuesta será proporcional y en consonancia a la reacción que venga desde el Palau de la Generalitat.
Será el jueves cuando se cumpla el plazo dado por el Gobierno central a la Generalitat. El Ejecutivo tendrá entonces que tomar decisiones si este próximo lunes Puigdemont responde que, efectivamente, hizo una DUI. En Moncloa manejan el escenario de que el Govern no se echará atrás y que, incluso, serán el presidente, vicepresidente (Oriol Junqueras) y todos los consejeros quienes asuman las consecuencias, según indican fuentes cercanas a Presidencia. Es decir, en el Gobierno central contemplan que los miembros del ejecutivo catalán arropen a Puigdemont y no le dejen solo.
El calendario que ha trazado Moncloa es claro: Puigdemont tiene de límite hasta el lunes, como máximo, para responder si hizo una DUI. Sólo cabe sí o no. Si la Generalitat no contesta el Gobierno procederá como si se tratará de un sí. En caso de que la respuesta del president sea afirmativa, Rajoy da de plazo hasta el jueves para que el Govern regrese a la senda de la legalidad. Solo a partir de ese día el Ejecutivo central pasará a aplicar el artículo 155 y cualquiera de las decisiones que comprenda el texto constitucional que, por cierto, no está desarrollado.
Respecto a esas medidas que el Gobierno pondría en marcha a partir de finales de la próxima semana, en Moncloa no desvelan cuáles se están manejando. "No vamos a hablar" sobre esas decisiones, repetía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Fuentes del equipo de Rajoy aseguran que "todos los escenarios están contemplados", pero no desvelan qué se haría a partir del viernes: ¿intervención de los Mossos d'Esquadra? ¿cese de Puigdemont? "No vamos a decir nada", repiten una y otra vez desde el Ejecutivo central.
Un 155 gradual
Lo que sí ha trascendido es que las medidas que puedan tomarse desde Madrid no serán categóricas. En Moncloa manejan la idea de una aplicación del 155 gradual. Es decir, ir tomando decisiones a la espera de que la Generalitat vaya cediendo en su órdago independentista. "Cada paso depende de la respuesta" de Puigdemont, añaden. Ya hablan de la convocatoria inmediata del Senado para aprobar la aplicación del citado artículo, pero como paso previo a un esquema de decisiones progresivas. En el Gobierno, por tanto, se descarta una intervención de la autonomía a priori.
Mientras tanto, el Gobierno transmite en público que la Generalitat todavía está a tiempo de evitar que se tomen todas estas medidas. "No tienen por qué adoptarse si Puigdemont vuelve a la legalidad", afirmó Sáenz de Santamaría repitiendo que, si el presidente catalán quiere, no habrá que lamentar ninguna decisión y que aún es posible "restaurar la convivencia".
En el equipo económico del Gobierno ya cuentan con que, si no hay una "pronta solución" a la situación en Cataluña, se tendrá que bajar la previsión de crecimiento para 2018, que actualmente se encuentra en el 2,6%. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña hacen ser "más prudentes". En un informe presentado por Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros de este viernes se destacaba un parón en la inversión y un descenso del turismo por la crisis que se está viviendo en la región.
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