Mariano Rajoy ha recibido esta mañana en La Moncloa a Albert Rivera en una reunión que ha servido para hacer balance de las últimas decisiones del Gobierno y para abordar los próximos retos. Ambos líderes han dialogado durante hora y media de diversas cuestiones entre las que destacan las elecciones catalanas del 21-D, la renovación de la financiación autonómica, estancada desde 2014, y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
La reforma del modelo de financiación autonómica es, en efecto, uno de los asuntos que el Gobierno pretende cerrar este 2018. En enero de este año, Rajoy convocó la Conferencia de Presidentes autonómicos en el Senado para abordar un reto que casi doce meses después todavía no se ha cerrado. Para conseguirlo es necesario el concurso del PSOE de Pedro Sánchez, un partido que gobierna en varias comunidades autónomas. Otra cuestión importante es la formación del nuevo Gobierno en Cataluña, que previsiblemente volverá a estar compuesto por formaciones independentistas. Hay que recordar que Luis de Guindos llegó a ofrecer al antiguo Ejecutivo de Puigdemont la reforma de la financiación catalana a cambio de renunciar al referéndum.
Ambos líderes consideran "urgente" la aprobación de una nuevo modelo que pueda "dar solución a los problemas de las comunidades autónomas respecto al mantenimiento de los servicios públicos", indican fuentes de Gobierno y de Ciudadanos.
Rivera y Rajoy también han hablado en Moncloa de la aprobación de los próximos Presupuestos, una cuestión estancada a la espera de que el PNV ofrezca el voto favorable de sus cinco diputados. En el aire quedan medidas como la subida salarial a funcionarios, la equiparación de las nóminas de Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, la rebaja al IVA en las entradas de cine y una rebaja fiscal para rentas inferiores a 18.000 euros anuales, entre otras medidas. Todo se paralizó por la situación en Cataluña y ahora PP y Cs aspiran a que se desatasque.
En otro orden de cosas, tanto Rivera como Rajoy han coincidido en la necesidad de que el futuro gobierno de Cataluña respete la Constitución y cumpla las leyes democráticas con el objetivo de recuperar la convivencia. También valoraron la aplicación del artículo 155 tras el acuerdo en el Senado hasta que se constituya el nuevo gobierno en Cataluña como garantía de acceso a los servicios públicos de todos los catalanes.
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