La Fiscalía Anticorrupción pide para Rodrigo Rato cuatro años de prisión por el cobro de presuntas comisiones irregulares que alcanzarían los dos millones de euros provenientes de los contratos de publicidad que Bankia encargó a las empresas Publicis y Zenith mientras ostentó la presidencia del banco. La Fiscalía ha hecho público su escrito de acusación después de que el magistrado instructor Antonio Serrano-Arnal le procesara junto con 14 personas en esta pieza concreta de la causa en la que se investiga el origen de su fortuna.
La fiscal del caso, Elena Lorente, expone que Rato, "con desprecio al principio de lealtad que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico personal" de los contratos de publicidad encargados con motivo de "la expansión de la marca Bankia" así como de la salida a bolsa el 20 de julio de 2011. Por esa razón determina que se rodeó de una camarilla dentro de la misma entidad a través de la cual canalizó las comisiones que luego desvió a su sociedad Kradonara. Dicho grupo de confianza lo integraban José Manuel Fernández Norniella, su secretaria personal Teresa Arellano y su exsocio Miguel Ángel Montero. Para todos ellos la Fiscalía pide tres años de prisión.
"Auténtico grupo de presión"
Esta es la primera pieza de todo el macroprocedimiento cuya instrucción llega a su fin. Ya el pasado verano la Fiscalía pidió que se abriera juicio oral por estos hechos, si bien Antonio Serrano-Arnal prefirió esperar a terminar la investigación, la cual ahora vendría a poner de manifiesto que durante los ejercicios 2011 y 2012 Bankia contrató los servicios de publicidad de Publicis y Zenith a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros. Por ese motivo, Anticorrupción se dirige contra 15 personas físicas y dos jurídicas y pide para todos ellos penas que van entre los dos años de cárcel -en el caso de Publicis y Zenith- y los cuatro años por el delito de corrupción entre particulares.
En su relato de hechos, Anticorrupción explica que Norniella, Arellanos y Montero entraron en el "estricto ámbito de confianza" de Rato junto con el empresario Alberto Portuondo, su "mano derecha" Beatriz Colomer y Miguel Robledo, exresponsable de comunicación externa de Caja Madrid. Todos ellos integraron un auténtico "grupo de presión" dentro de la Dirección General de Comunicación de la entidad para influir de manera directa en la contratación.
Circuito del "peaje": del banco a la sociedad de Rato
La Fiscalía explica que Bankia abonó 8,8 millones de euros a Publicis y 42 millones a Zenith y, éstas a su vez, habrían desviado a Albisa -mercantil de Portuondo- un total de 2,02 millones de euros. Esas cuantías eran transferidas a Rato a través de su sociedad Kradonara en la que recibió un total de 835.024,64 euros (474.416 en 2011 y 360.608 un año después). Anticorrupción explica que Miguel Ángel Montero, a quien atribuye el rol de administrador de numerosas empresas familiares de Rato, presentó Alberto Portuondo al exvicepresidente económico del Gobierno. Así fue como Portuondo entró en Caja Madrid a través de dos sociedades gestionadas por él mismo y en calidad de asesor externo, siempre según el escrito el cual explica que, en agradecimiento a estas gestiones, abonó 190.000 euros a una mercantil de Montero.
Este fue el primer paso para que las mercantiles ahora acusadas se hicieran con la adjudicación de estos contratos. El segundo fue cuando Portuondo presentó, a su vez, a Francisco Xavier Olazábal, director general de Publicis en España, para que tanto esta agencia como Zenith accedieran en condiciones ventajosas y preferentes a los “concursos” de publicidad que se iban a orquestar. A cambio, abonaron "cantidades completamente injustificadas y que respondían en realidad, al pago de un 'peaje'", tal y como lo define la fiscal Anticorrupción, gracias al cual se hicieron con los contratos de publicidad; y todo pese a que había "otras opciones más favorables económicamente".
Cabe destacar que esta es una de las ocho piezas que forman parte del macroprocedimiento que arrancó en 2015 contra el exdirector gerente del FMI por delitos contra la hacienda pública, allanamiento de morada, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón la juez instructor fijando como fecha tope de la instrucción junio de 2020. Además, en aras de que la investigación en el resto de piezas no se dilate "enormemente", el mismo órgano judicial denegó indagar sobre presuntas cuentas que Rato tendría abiertas en países como Reino Unido, Luxemburgo, Mónaco, Alemania, Panamá o Suiza.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios