La paralización del juicio del caso Bankia por enfermedad de la fiscal del caso, Carmen Laúna, está provocando un maremágnum de reacciones en el procedimiento a petición de los propios magistrados que buscan encontrar una solución lo antes posible a esta situación inesperada. Uno de los más afectados es Rodrigo Rato puesto que la baja de la fiscal se produjo en pleno interrogatorio al expresidente de Bankia; de ahí que haya advertido que se si alarga en el tiempo se va a lesionar su derecho a defensa.
No pasa por alto que el 'parón' perjudica especialmente al expresidente de la entidad porque se quedó a medias en sus explicaciones sobre los pormenores de la salida a bolsa de Bankia. De hecho, asegura que incluso aunque Anticorrupción terminara su batería de preguntas sobre este asunto, todavía quedaría por responder al FROB y a su defensa (tal y como avanzó él mismo al inicio de los interrogatorios). Por tanto, la propuesta del Ministerio Público de celebrar una única sesión la primera semana de febrero para poner fin al tenso 'careo' entre las partes no constituye una solución en sí para él.
En el escrito, presentado por su letrado y al que ha tenido acceso La Información, asegura que esta parte del juicio debe resolverse "a la mayor brevedad" y por eso, aunque se muestra comprensivo con los problemas de salud de Laúna y hasta le desea "la más rápida y exitosa recuperación", también apunta directamente a la Fiscalía y le pide que articule la "solución adecuada", que pasa por nombrar una persona que sustituya a la representante de Anticorrupción al frente de la causa.
Responde de esta manera a la petición formulada por la Audiencia que, ante la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a sustituir a Laúna en pleno arranque del mayor procedimiento por la crisis financiera, se dirigió a todas las partes de este caso para pedirles una solución. Tal y como adelantó este diario, lejos de darse una respuesta unánime, se produjo división entre los 34 acusados por la debacle de la entidad y las acusaciones que han aguantado estoicamente seis largos años de instrucción previos al juicio que ahora acoge San Fernando de Henares.
En el caso de Rato, que se enfrenta a cinco años de cárcel por fraude de inversores, su mensaje es claro: que se ordene "la continuación del juicio oral con la mayor brevedad posible". Y no solo porque cuando se reanude el interrogatorio habrá pasado casi cerca de un mes desde que se sentó por última vez en el banquillo de los acusados sino porque todos a los que se les considera culpables de maquillar las cuentas de la entidad para facilitar su salida al parqué se merecen "un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas".
Alta cualificación de los fiscales
Y ello pese a que le da la razón al Ministerio Público en cuanto a que es consciente de la "innegable complejidad" de esta macrocausa. Si bien, tanto ese hecho como la "enorme carga de trabajo" que afronta cada día no es excusa para que se prolongue esta situación que se lleva alargando desde el pasado 11 de enero. Por ese motivo apela a la "alta cualificación y preparación" de los fiscales que trabajan bajo la dirección de Alejandro Luzón para dispensar una solución "compatible" con los intereses de los exdirectivos de Bankia.
Con todo, el exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar tiene pendiente pronunciarse sobre uno de los capítulos más importantes en la causa, como es la formulación de los estados financieros previos a la salida a bolsa de la entidad. El denso interrogatorio al que le sometió la fiscal se centró, hasta el momento, en todo el proceso de fusión de las siete cajas que integraron Bankia y en el papel que jugaron el Gobierno y los organismos públicos en el mismo.
Al respecto, el mensaje de Rato fue cristalino y no solo delegó responsabilidades en el Banco de España sino que apuntó directamente al Gobierno de Zapatero como el que le advirtió que antes del mes de septiembre la entidad tenía que haber salido a Bolsa. Sobre su destitución ya en 2012, el expresidente de la entidad nacionalizada dijo que le "echó" de su cargo Mariano Rajoy. La fiscal, por su parte, fue especialmente incisiva acerca de la dudosa situación patrimonial que afrontaban algunas cajas antes del SIP (especialmente Caja Madrid y Bancaja) y cuestionó en numerosas ocasiones que se permitiera que las pérdidas se cargaran contra reservas y no a la cuenta de resultados.
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