Rato protesta por las medidas extremas y los graves daños a su reputación

El exvicepresidente Rodrigo Rato se ha negado hoy a declarar ante el juez de Madrid que le investiga por delito fiscal y blanqueo, tras alegar que falta en la causa un informe de la documentación que ha requerido la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.

Rato estaba citado a las once de la mañana y pasó en torno a media hora ante el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga si el exvicepresidente cometió delito fiscal y blanqueo a través de un complejo entramado societario.

Rato denunció ante el juez que está sometido a "medidas cautelares extremas" y a un grado de publicidad "muy grande", lo que le ha causado "graves daños" a la reputación a sus familiares e intereses profesionales.

Rato se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia y pidió amparo al juez para que "de manera inmediata el Ministerio Público concrete de qué se me acusa, con qué soporte documental y para en base a ello poder defenderme".

Ante la negativa del ex director del FMI a declarar, el magistrado Antonio Serrano-Artal volverá a citarle, una vez que la ONIF concluya el informe sobre la documentación intervenida.Justificación para no declarar

Fuentes jurídicas informaron de que el ‘exnúmero dos’ del Gobierno alegó la ausencia del informe de la ONIF para no declarar, aunque mostró su disposición a acudir al juzgado y comparecer en cualquier momento que sea requerido por el instructor.

Las mismas fuentes informaron de que la Fiscalía acusa al exvicepresidente de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo. El Ministerio Público no ha citado, por el momento, un eventual delito de alzamiento de bienes.

Rato llegó a los juzgados en coche y hacia las diez y media de la mañana. Entró en el edificio por el garaje tras una recomendación de la Policía Nacional.

En concreto, las fuentes jurídicas consultadas explicaron que la empresa privada que lleva la protección del exvicepresidente preguntó al magistrado por las medidas de seguridad en su declaración y por la posibilidad de entrar por el garaje.

El juez decano de los juzgados de Plaza de Castilla solicitó un informe a la Jefatura de Madrid de la Policía Nacional, que recomendó algún dispositivo especial de seguridad para evitar incidentes. Este planteamiento motivó que el decano autorizase a Rato a llegar en coche a la sede judicial.40.000 documentos

Un total de 40.000 documentos han sido recabados en los tres meses que lleva en marcha esta investigación, que se inició a raíz de un informe de la ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria, que sirvió de base a la Fiscalía de Madrid para denunciar a Rato por los citados delitos.

En su informe, la ONIF relataba sus sospechas de que el ex presidente de Bankia había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.

Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26,6 millones, señalaban que él y sus sociedades tenían "un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, poniendo el foco en las sociedades Lilac y Vivaway, con vínculos que llegan hasta Gibraltar.

Hacienda concluía que el clan de los Rato participaba "en los más variados sectores declarados de actividad empresarial" a través de un entramado de "muy baja tributación".

A ello se unía la "profusa" utilización de sociedades extranjeras y "el tráfico de divisas" por más de 12 millones con países o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto", como Gibraltar, Holanda, Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica, Suazilandia, etc.

Con ellas, "posiblemente" intentó dar "opacidad formal a su accionariado", ocultando formalmente la titularidad, y que se destapó una vez el ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012 y realizó la declaración de bienes y derechos en el extranjero un año después.

La ONIF también mencionaba la donación a sus hijos en julio de 2013 de sus participaciones en las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando la sociedad Kradonara.

Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único.

Todas estos motivos llevaron a la Oficina Antifraude a pedir la detención del ex banquero, que se produjo mientras asistía al registro de su domicilio, al que siguió poco después, aunque ya en libertad, el de su despacho.

Un informe del que la inspectora jefe de ese departamento, Margarita García Valdecasas, se desvinculó ayer en su testifical ante el magistrado, al que aseguró que se trataba una "denuncia temprana por posibles riesgos" que no podía ratificar, puesto que ella no había sido la autora.

Por el momento, Rato tiene todas sus cuentas y patrimonio embargados por orden del juez, que el pasado mayo le fijó una fianza de 18 millones para levantar esa medida cautelar.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en un auto conocido ayer esa decisión, al considerar que existen "datos suficientes" de que Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo.

En su resolución, el tribunal madrileño recuerda que ya la Fiscalía Anticorrupción descartó el de alzamiento, por lo que estima que la cantidad fijada por el instructor fue "adecuada y razonable".