El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, que está siendo investigado junto a su mujer y su hijo por supuesto blanqueo de fondos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA, ha manifestado en un comunicado que el patrimonio de su esposa es herencia de su padre y no tiene relación con Venezuela.
En un comunicado, al que ha tenido acceso Efe este viernes, la familia Morodo responde así a las "informaciones periodísticas, aparecidas en los últimos meses", en las que se ha señalado que Raúl Morodo, su hijo Alejo y dos socios venezolanos se apropiaron de decenas de millones de euros de PDVSA a través de una compleja trama societaria.
En primer lugar, el comunicado señala que las empresas Aequitas Abogados y Consultores Asociados y Furnival, de titularidad de Alejo Morodo, mantuvieron una relación contractual con PDVSA, "prestando servicios de asesoría jurídica, consultoría y coordinación legal, de carácter técnico e internacional, respondiendo a una plena legalidad y reconocimiento".
Alejo Morodo también asegura que no ha sido ni es socio de los ciudadanos venezolanos Juan Carlos Márquez y Carlos Prada, en contra de lo que apuntan los investigadores. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado muerto ahorcado con un cinturón tras haber prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye esta causa, Santiago Pedraz.
Márquez, exalto cargo de PDVSA, fue detenido el pasado julio en el aeropuerto de Madrid tras aterrizar en un vuelo procedente de Panamá y fue puesto a disposición de Pedraz, quien le dejó en libertad -al igual que están el resto de investigados- tras haberse mostrado dispuesto a colaborar en la investigación.
Respecto al exembajador, el comunicado recuerda que en su misión diplomática venezolana (2004-2007), "realizó la pertinente función encomendada y reconocida por el Gobierno: apoyo y defensa de los intereses españoles y ayudar, dentro de los límites de dicha función, al diálogo político constitucional en el país".
Al igual que su hijo, el exembajador "desea aclarar, también, que no es, ni ha sido" socio de los dos ciudadanos venezolanos antes citado y destaca que el patrimonio de su esposa, Cristina Cañeque de Solá, procede de la herencia de su padre y no tiene relación alguna con Venezuela.
La Fiscalía Anticorrupción investiga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Morodo ya no era embajador en Venezuela.
El dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la mujer de Morodo, que es ama de casa. Los investigadores sospechan que parte del dinero lo lavaron luego con inversiones inmobiliarias en España. El juez, a petición de Anticorrupción, ha cursado comisiones rogatorias a Suiza, Panamá y Portugal y ha pedido extensa información bancaria a diversas entidades para rastrear el patrimonio de la familia Morodo.
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