Dolores Delgado, ministra de Justicia, ha reconocido que esta decisión demuestra que se necesita un cambio de mentalidad en la judicatura. "Yo he dicho muchas veces que lo que hacen falta son reformas mentales, hacen falta formación y esas perspectivas de género y víctimas", concluye. En declaraciones a la Cadena Ser, la responsable de Justicia ha mostrado de esta manera su descontento con la resolución de la Audiencia de Navarra.
Otro miembro del Gobierno, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, reconoce que la decisión de la Audiencia de Navarra de que los cinco miembros de La Manada puedan abandonar la prisión si pagan una fianza "genera una alarma social", si bien recuerda que como parte del Gobierno no puede valorar la resolución judicial. "Entenderéis que como Gobierno no puedo valorar esta decisión judicial, a pesar de que la misma genera una alarma social: manifestaciones en las calles", ha escrito la secretaria de Estado en su cuenta personal de la red social Twitter. Y ha añadido que "mañana sale el auto donde sabremos por qué se ha llegado a este resultado de libertad provisional".
Desde los partidos políticos, el PSOE considera "una mala noticia" la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra. "Es una mala noticia jurídica por la gravedad de los acontecimientos y la reincidencia de los agresores", han señalado fuentes de la Ejecutiva Federal del partido.
En los socialistas, añaden las fuentes consultadas, están "preocupados por la seguridad de las mujeres y decisiones como ésta demuestran que no se acaba de entender la gravedad de los delitos que afectan a las mujeres". En este sentido, recuerdan la iniciativa legislativa impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de violencia de género.
Por su parte, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha mostrado su respeto por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, si bien precisando que las resoluciones judiciales deben ser respetadas "gusten más o menos. Es la decisión de un tribunal por mayoría, tenemos que respetar las decisiones de los tribunales nos gusten más o nos gusten menos", ha comentado Bermúdez de Castro, incidiendo, asimismo, en que hay que respetar "siempre la posibilidad de recursos que puedan tener las partes".
Desde Ciudadanos se considera "indignante" la decisión y ha pedido reforzar el sistema penal del país para "tapar estas grietas". "Acato la decisión judicial pero no la comparto. Es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme. Debemos reforzar nuestro sistema penal para tapar estas grietas", afirmó Albert Rivera.
Por su parte, desde Unidos Podemos han criticado la decisión. La diputada y secretaria de Feminismos, Igualdad y LGTBI Interseccional de Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha destacado la necesidad de "mantener férreamente la excepcionalidad de la prisión provisional" que, a su juicio, "nunca puede ser tomada como una pena anticipada", sino que "debe ser estrictamente imprescindible para un posible riesgo de fuga o una reiteración delictiva".
Las instituciones navarras, personadas en la causa, también se han pronunciado. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha mostrado su "desacuerdo más absoluto" por la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de decretar la libertad provisional bajo fianza para los cinco miembros de 'La Manada' y ha trasladado un "mensaje de apoyo" a la víctima. En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha querido trasladar su "cercanía a la víctima, una víctima de lo que nosotros siempre hemos considerado que ha sido una agresión sexual de la máxima gravedad".
El alcalde ha manifestado que "desde el primer momento, como parte personada y de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, hemos dicho que esto era una agresión, un ataque sexual de la más alta intensidad, de una gravedad extrema y por lo tanto no podemos sino manifestar nuestro desacuerdo" con el auto.
El Gobierno de Navarra, que también ejerce la acusación popular, en boca de su portavoz, María Solana, ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando ya en este recurso. "Nuestros servicios jurídicos ya se opusieron a la petición de libertad, dada la gravedad que tiene el delito", ha señalado. "Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra sostienen además que la calificación del delito de abuso sexual recogida en la sentencia no es para nada acorde con lo ocurrido aquel fatídico 7 de julio y mantenemos por ello la petición de penas por agresión sexual", ha señalado María Solana, en declaraciones a los medios de comunicación.
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