La implicación de Pablo González en la causa que investiga la Audiencia Nacional por posibles irregularidades en el Canal de Isabel II hizo que el magistrado Eloy Velasco ordenara su ingreso en prisión en abril de 2017. El primer instructor le impuso el pago de una fianza que alcanzaba los 4 millones de euros. Sin embargo, desde entonces hasta ahora el exdirectivo de Mercasa ha visto como se ha ido reduciendo esta cifra, primero pasando a 200.000 euros y después a 100.000. Ahora, el magistrado al frente de las pesquisas, Manuel García Castellón, ha decidido rebajarla aún más y dejarla en 10.000 euros por el tiempo transcurrido y la reducción del riesgo de fuga, según informan fuentes jurídicas a este diario.
La decisión, tomada recientemente por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y que ha contado con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, viene tras la petición formulada por la defensa de González, el cual figura imputado en la pieza segunda del bautizado como caso 'Lezo'. En la misma se indaga una adjudicación presuntamente irregular del proyecto de campo de golf de Chamberí en el año 2007. Esta licitación, que gestionó el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue a parar al consorcio Green Canal Golf que estaba participado por una empresa de la que era administrador Pablo González.
Por estos hechos Velasco decretó su ingreso en prisión provisional en abril de 2017. Tres meses después, el entorno del empresario consiguió una sustancial rebaja de la caución inicial a 200.000 euros ante el arraigo acreditado en España y sus problemas de salud. Ello le permitió salir de prisión en julio de ese año y reducir su protagonismo en este caso de corrupción, si bien el hermano del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid también figura como investigado en la causa que investiga la Audiencia Nacional por irregularidades durante la década comprendida entre 2006 y 2016 en los contratos de Mercasa.
Avance en la investigación
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que esta parte concreta del caso Lezo está bastante avanzada y los investigadores trabajan ya para ultimar las diligencias y cerrar la pieza. Durante este tiempo de instrucción, la acusación popular del macroprocedimiento ha pedido que se citara en calidad de investigada a Esperanza Aguirre puesto que ella era presidenta de la Comunidad en el momento se produjo esta adjudicación. La exlíder popular, por su parte, declaró sobre este asunto en la Asamblea de Madrid y dijo que no se había cometido ninguna irregularidad en la adjudicación.
Los que sí desfilaron por la Audiencia Nacional por este asunto fueron dos de los protagonistas de este presunto caso de corrupción: Ildefonso de Miguel y Adrián Martín, ambos exdirectivos del Canal. En su interrogatorio del pasado mes de mayo ambos exculparon a Aguirre de este asunto y aseguraron que no recibieron instrucciones suyas para adjudicar al hermano de González el megaproyecto que nunca llegó a ver la luz. Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario explican que los dos exaltos cargos de la empresa pública de aguas aseguran que el Consejo de Administración dio el visto bueno por unanimidad a esta operación basándose en el criterio de los técnicos.
Megaproyecto truncado
El proyecto, que se cerró en el año 2007 y surgió a propuesta de Aguirre, consistió inicialmente en la creación de un complejo que incluía parques públicos, un campo de fútbol y hasta un pequeño helipuerto en los terrenos ubicados en el madrileño barrio de chamberí. El magistrado Velasco explicó en los autos por los cuáles decretó prisión para los acusados que González intercedió en calidad de número dos del Ejecutivo madrileño (y de presidente del Canal) para que la operativa saliera adelante pese a que un año antes el Ayuntamiento regional había advertido que esta propuesta no cumplía con las normas de urbanismo.
El instructor advirtió de que, consciente de ello, González declaró las obras de interés general para poder sortear las restricciones. Los investigadores analizan los motivos por los que el consorcio participado por Pablo González y su cuñado José Juan Caballero se adjudicó finalmente la obra pese a obtener once puntos menos que otra empresa que también intentó hacerse con la licitación. Con todo, Ignacio González ha negado en todo momento irregularidades en esta adjudicación para la cual el consorcio Green Canal Golf habría abonado al Consistorio un total de 623.000 euros entre los ejercicios de 2007 y 2012.
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