Rebelión global y coordinada de varias comunidades autónomas, incluidas algunas del PSOE, contra el esquema diseñado por el Gobierno central para que las transferencias y créditos de los fondos europeos fluyan por todo el territorio nacional. El Ministerio de Hacienda prometió "cogobernanza" y "coordinación" pero los consejeros de Hacienda entienden de forma bastante mayoritaria que, a la hora de la verdad, esa intención inicial brilla por su ausencia y que el Gobierno Central pretende convertir a la autonomías en "meros gestores" de los mecanismos diseñados por Moncloa, los Perte. La Conferencia Sectorial del pasado lunes con la cúpula del Ministerio de Hacienda y su equipo fue tensa, según coinciden varias fuentes.
No hay gobierno autonómico que no albergue alguna queja respecto del esquema diseñado para repartir los 150.000 millones de las ayudas de Bruselas. Los grandes proyectos de transformación del tejido productivo se canalizarán a través de los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte), cuya selección se determinará en un pequeño comité dependiente de forma directa de Presidencia del Gobierno. Lo que denuncian las CCAA, y así se lo transmitieron directamente a Hacienda, es que la toma de decisiones se encuentra en Moncloa y los ministerios y, por tanto, los diferentes ejecutivos autonómicos se quedan sin capacidad de decisión.
Algunos gobiernos autonómicos, como el de la Junta de Andalucía, se quejaron de que después de haber desplegado una oficina en tiempo récord para canalizar proyectos transformadores para la economía andaluza y remitirlos al Gobierno de España, éste ni siquiera les haya dado 'feedback' alguno sobre los mismos. "A estas alturas no sabemos cómo se van a decidir esos proyectos estratégicos y el Gobierno no nos ha proporcionado ninguna información más allá de la presentación del plan", se lamentan.
En la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, telemática, del lunes con Hacienda fueron los gobiernos del PP, junto a Cataluña y País Vasco, quienes elevaron su voz. El consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, expuso que "la manera en la que se están llevando a cabo los procesos previos del Plan no responden a ningún modelo de cogobernanza ni de nada". En el mismo sentido se expresó Juan Bravo, de Andalucía, y Valeriano Martínez, de Galicia. Cataluña se sumó a las quejas exponiendo que las reformas debían servir para incrementar el crecimiento y que con este esquema, sin cogobernanza auténtica, ese objetivo podría estar en riesgo.
El consejero vasco, Pedro María Azpiazu, lamentó, por su parte, la ausencia de consulta previa para decidir los PERTE. También puso de manifiesto que el Plan de Reconstrucción que se prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros no cuenta con aportaciones de los gobiernos autonómicos, algo que, bajo su punto de vista es un error. Varias autonomías del PSOE, como decimos, también expresaron su disconformidad con este esquema diseñado por el Gobierno de Sánchez. Es el caso de Aragón y Asturias, quejosas con la "complejidad" del mecanismo, y Extremadura, que se opone a la "planificación" y "coordinación" del mismo.
Apagón informativo y falta de recursos
Los consejeros autonómicos de Hacienda no pueden entender que se haya constituido una Conferencia Sectorial de alto nivel sobre los Fondos Europeos para exponerles, e incluso con retraso, cuestiones que el presidente del Gobierno ya ha presentado anteriormente. "Creemos que de este modo se incumple el Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre los fondos europeos, que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que exige de forma literal "un proceso de consulta con las entidades regionales y locales" que no se está cumpliendo", aseguran fuentes presentes en el encuentro del lunes.
Los consejeros se quejan de que el Gobierno no les informe sobre las deliberaciones mantenidas con Bruselas en las más de 100 reuniones que el Ministerio de Hacienda les trasladó el lunes que habían mantenido con las autoridades europeas. Recuerdan que Bruselas ha instado al Gobierno a informar de las deliberaciones que el Gobierno está manteniendo con las administraciones territoriales para engrasar el despliegue de los fondos europeos y exigen saber qué le está trasladando el Gobierno a la Comisión sobre el particular. "Queremos saber de antemano qué se les va a decir, qué le van a contar a Europa sobre cómo y cuánto hemos participado, porque lo cierto es que no lo hemos hecho", denuncian desde un gobierno del PP.
Los gobiernos del PP acusan al Ejecutivo central de tratar a las autonomías como si fuera un 'medio propio' al que encomiendan la realización de un servicio sin que tengan margen decisorio alguno para determinar el destino de esos fondos, ni siquiera para debatir sobre el mismo. Añaden también que la responsabilidad de estos Perte recae en las autonomías, de forma que, si un gobierno no cumple con los objetivos y calendario fijado, los fondos europeos podrían congelarse y, si continuase el incumplimiento, reducirse.
También hay quejas desde el ala socialista. Advierten al Gobierno de España de que las estructuras administrativas autonómicas no están pensadas para gestionar un volumen tan elevado de inversiones y que el Ejecutivo de Sánchez debe asumir la responsabilidad de prestar apoyo técnico y humano a los gobiernos regionales al objeto de evitar que el plan encalle 'por colapso' en la distribución y gestión de los fondos por parte de las autonomías.
El Gobierno responde: "No es un foro para repartir dinero"
No ha habido jamás en España una Administración Central que haya dejado en manos de las comunidades autónomas tantos recursos, aseguran desde el Gobierno, donde no terminan de entender las objeciones de los gobiernos autonómicos. En el Ejecutivo entienden que los consejeros de Hacienda no han terminado de entender la función de coordinación de la Conferencia Sectorial. "No es un foro para repartir dinero", señala una fuente gubernamental. "No funciona así. De lo que se trata es de garantizar la consecución de unos objetivos".
Desde el Gobierno se enfatiza que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país y que no se trata de distribuir fondos entre las diferentes comunidades autónomas, un ejercicio que ya se realiza en las conferencias sectoriales dispuestas al efecto.
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