El tiempo apremia. La Covid ha vuelto a coger fuerza antes de lo previsto y los sanitarios ya se preparan para una nueva oleada. España no puede permitirse tropezar con las mismas piedras que le hicieron caer hace meses. El acuerdo marco del Ministerio de Sanidad es un ejemplo de las lecciones aprendidas: 2.500 millones en equipos de protección para las CCAA que, en un primer momento, llegarían a su destino antes de que acabe septiembre. El 22 de julio, la cartera anunció el acuerdo marco de esta 'megacompra'. Días después reculó y anuló la convocatoria. Poco antes de las 22:00 horas, el 4 de agosto, se volvió a emitir la licitación. Apenas pasaron catorce días, pero cada semana es crucial, con el virus de nuevo al timón.
Hace más de un mes que el mapa de los rebrotes funciona de minutero. Tras unas semanas de calma chicha, en las que parecía que la nueva normalidad se despojaría del 'nueva' más pronto que tarde, volvió el goteo de contagios. La cartera de Sanidad ha detectado 1.181 focos, con más de 13.200 personas contagiadas, en menos de dos meses. El 21 de junio se agotó la última prórroga del estado de alarma y los españoles cogieron con ganas el verano. Poco a poco, el virus fue disparando las alarmas de todas las CCAA. También las del Gobierno central que, el 22 de julio a las 12:41 horas, anunció su última estrategia para evitar el desabastecimiento en otoño.
"Se adquirirán, en un plazo de dos años, 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción", recogía el comunicado del departamento que lidera Salvador Illa. La cartera dividió el material apalabrado en once lotes. Las empresas candidatas a hacerse con alguno de estos paquetes (o varios), tenían hasta el 31/07/2020 a las 15:00 horas para presentar sus propuestas. La subasta quedó suspendida solo una semana después, antes de agotarse el plazo, según el Gobierno, para favorecer que aquellas CCAA que, en un primer momento, recelaron de la operación, pudieran subierse al carro en una segunda parada.
El interés de las regiones que habían quedado al margen obligó a rehacer los cálculos. Los 1.215.896.750 euros del 22 de junio, fueron 2.578.739.505,65 en agosto. Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco se apuntaron al reparto. Las cuatro últimas CCAA se sumaron a las doce ya inscritas. Solo Valencia se ha mantenido al margen. El Ejecutivo detalló que, tanto la región catalana como la vasca, "se han adherido por primera vez al sistema de compras centralizadas". La urgencia manda. El desvío respecto al plan inicial no solo afectó al Gobierno y las CCAA: las empresas ganaron tiempo para presentar sus licitaciones.
Al reactivarse el proceso, dos semanas más tardes, la Plataforma de Contratación del Sector Público informó, en sus pliegos, de que el plazo para que los proveedores enviasen sus candidaturas se extendía hasta las 15:00 horas del lunes 17 de agosto. El 22 de junio, el ministerio anticipó que el proceso se llevaría a cabo por la vía de emergencia, a fin de acortar los plazos. "El objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre".
La anulación de la licitación modificó el calendario, aunque el virus siguió avanzando con la misma rapidez. El Gobierno no se mostró tan optimista el 5 de agosto e incluyó un señalamiento a las autoridades regionales que no se incluyó la primera vez. "El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las CCAA puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las CCAA en el mes de septiembre", matizó Sanidad.
No solo las comunidades cuentan con estos equipos para blindar a sus sanitarios. "También el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del INGESA, que se dotará de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19, y de sus servicios sanitarios en Ceuta y Melilla", incluyó la cartera, por primera vez, en el apartado de 'Nuevas incorporaciones' del 5 de agosto. Además de los hospitales y centros de salud de todo el país, también entre las filas de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska cuentan con el SOS del Gobierno.
La pandemia ha enseñado a no dejar flecos sueltos y, por si la cosa se tuerce, las autoridades regionales han evitado jugárselo todo a una carta. "Estamos adquiriendo material de protección por nuestra cuenta, al margen de cómo transcurra el acuerdo marco del Ingesa", confirman a La Información fuentes de la Comunidad de Madrid. Los antecedentes pesan sobre las autoridades españolas. Ni el Ministerio de Sanidad ni las autonimías se libraron de los fallos en el suministro durante los peores momentos.
Este jueves, las tablas oficiales reflejaron 2.935 positivos diarios. El día anterior fueron 1.690. Las autoridades vascas se plantean declarar el estado de emergencia sanitaria, Aragón avanza a contrarreloj para preparar sus hospitales, Madrid esquiva las sospechas sobre su red de rastreo y cada día saltan a la palestra nuevos aislamientos parciales. Desde el Gobierno insisten en que aún es pronto para hablar de segunda oleada, dado que la situación está controlada. Además de nuevas incorporaciones al acuerdo, la licitación del 5 de agosto rebajó la dureza de los requisitos que debían atesorar las empresas candidatas. Al bajar la barrera, se esperan más solicitudes, lo que implica más trabajo administrativo. Con cerca de veinte días de retraso en la 'megacompra', será indispensable acelerar para llegar a tiempo al otoño.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios