Los ingresos fiscales volverán a marcar un récord en 2019, con un incremento del 2% sobre los de 2018, pero aun así serán inferiores en 8.734 millones de euros a los previstos por el Gobierno, según las estimaciones de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha.
Gestha, que celebra en Tenerife su decimosexto congreso nacional, estima que la recaudación por impuestos a finales de año será de 212.958 millones de euros (4.273 millones más que en 2018), frente a la previsión del Gobierno de alcanzar los 221.692 millones.
Este desfase en los ingresos previstos supondrá una merma en la financiación autonómica (4.200 millones de euros menos) y local (300 millones menos) en el futuro, cuando se realice la liquidación en 2021 de las entregas a cuenta aprobadas este año, expusieron en rueda de prensa Carlos Cruzado, presidente de Gestha, José María Molinero, secretario general, y Carlos Fernández, portavoz en Canarias.
Los datos de los técnicos de Hacienda muestran que pese al crecimiento en el beneficio de las empresas desde que se inició la recuperación, la recaudación por el Impuesto de Sociedades apenas llegará a los 25.004 millones de euros en 2019, 19.819 millones de euros menos que en 2007, el año previo a la crisis, un 44,2 % menos.
De hecho, según datos de 2016, los tipos efectivos en el Impuesto de Sociedades para las empresas integradas en grupos consolidados supone solo el 6,08 % de sus beneficios, según cifras de 2016, y ascienden hasta el 15,41 % en el caso de las empresas no integradas en grupos.
La elusión fiscal de las empresas trasnacionales gracias a medidas de ingeniería fiscal es uno de los mayores problemas recaudatorios, según señaló Carlos Cruzado, y los técnicos de Hacienda proponen el establecimiento de un tipo mínimo, entre otras medidas.
La baja recaudación en el impuesto de sociedades es "el segundo mayor agujero" del sistema fiscal en España, solo por detrás del fraude, indicó Cuadrado. Pero sobre todo hace falta en España una "reforma fiscal integral", más allá de parches, para poder garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar. Los técnicos confían en que se aborde a partir de las elecciones con la formación de un Gobierno estable.
Esa reforma debe garantizar la suficiencia de recursos, la progresividad, que se ha ido perdiendo, y la actualización del sistema de financiación autonómica, con una "cierta armonización" de los impuestos cedidos, como el de patrimonio y el de sucesiones, para evitar competencia fiscales entre las regiones.
Para Cuadrado, también es ineludible acometer medidas de control del gasto público, incluida la exigencia legal de responsabilidades a los altos cargos que, sin necesidad de cometer delitos, administran al margen de los principios de economía, eficacia y eficiencia, como cuando se proyectan infraestructuras que luego no se usan, sean puertos, aeropuertos o centros culturales.
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