Los aborígenes continentales y los isleños de Tasmania y el Estrecho de Torres, los grandes grupos indígenas de Australia, representan un 2,8 por ciento de la población del país. Se encuentran en situación de pobreza, son propensos al alcoholismo y al suicidio, su expectativa de vida es 10 años menor que el resto de la población, y forman el 27 por ciento de la población carcelaria.
La actual Carta Magna de Australia no hace referencia a la población indígena de Australia más allá de un criterio puramente biológico. No conocieron el derecho a voto hasta la década de los 60 y solo hace nueve años que recibieron una disculpa oficial por las atrocidades de las que fueron objeto durante el periodo colonial del siglo XVIII.
Ahora, el informe presentado por Joe Morrison, líder de la comunidad aborígen, proporciona al Gobierno una hoja de ruta para garantizar el reconocimiento constitucional del grupo. "Entregar el informe es una cosa, pero otra es que el primer ministro pueda aglutinar el apoyo suficiente para concretarlo", ha declarado el informe, cuyos contenidos exactos no se han dado a conocer.
Sin embargo, todo parece indicar que las semillas de su redacción fueron plantadas durante la convención celebrada el mes pasado la localidad sagrada de Uluru, en el "outback" australiano, donde los delegados indígenas pidieron al unísono "una sustancial transformación constitucional" y la creación de un comité asesor en el Parlamento.
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