Las recientes subidas del precio de la luz que han batido récords históricos no son los únicos 'tarifazos' que han generado polémica y suscitado dudas en los consumidores sobre la comisión de presuntas irregularidades. En 2013 se puso en cuestión el incremento del recibo por parte de Iberdrola en plena ola de frío, por lo que, tras una sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional acordó abrir una investigación para esclarecer cuál era realmente el coste de la energía entre 30 de noviembre y el 23 de diciembre de ese año. Tras una larga investigación que ya ha cumplido cuatro años, el juez instructor Ismael Moreno busca ya poner punto y final a la instrucción por la que han pasado testigos de referencia, como el ministro de Industria de la época, José Manuel Soria.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 comenzó a investigar el 'tarifazo' de 2013 en mayo de 2017 tras admitir la denuncia de Anticorrupción en la que acusó a Iberdrola de haber obtenido un "lucro ilícito de 20 millones de euros" con la alteración de los precios de mercado. Sin embargo, no fue hasta principios de 2020 cuando la causa cogió impulso. El magistrado instructor requirió entonces la información que ayudaría a aclarar si la compañía eléctrica actualmente presidida por Ignacio Sánchez Galán elevó los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo. Para ello, y a instancia de la acusación particular ejercida por la asociación de consumidores Facua, solicitó a Competencia que volviera a estudiar la situación y calculara cuál debió ser el coste real de la luz en las fechas en las que se centra la investigación.
Asimismo, el magistrado también accedió a pedir toda la documentación que interesó el Ministerio Público para completar toda la información recabada hasta el momento. En este sentido, solicitó a Red Eléctrica de España que facilitara las previsiones, potencia, producción e indisponibilidades de generación eléctrica procedente de la tecnología eólica y solar durante finales de 2013; y a la Agencia Española de Meteorología (AEMET) que documentara "las precipitaciones de agua y datos de viento, por zonas peninsulares", entre los meses de noviembre y diciembre de los años 2009 a 2013, ambos inclusives. Según Iberdrola, el precio de la luz en dichas fechas lo marcó las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales".
El fiscal añadió a sus peticiones que la Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados aportara datos de las cotizaciones y cantidades negociadas en el periodo que va entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013, en los productos derivados de la energía, así como un informe sobre la repercusión y posibles alteraciones en el precio por el presunto incremento de la energía a finales de ese año tanto en el mercado diario como en el intradiario.
Una vez conseguida y analizada toda esta documentación, el juez instructor citó a declarar a cinco testigos claves para la causa: dos directivos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE); otro de Operación de Red Eléctrica de España; al exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria; y al que fuera su 'número dos', Alberto Nadal. El turno del entonces responsable del Ministerio competente en esta materia fue el 4 diciembre de 2020, quien afirmó ante el juez que Iberdrola infló el precio de la luz, según informó 'El Confidencial', reafirmando así las acusaciones que lanzó entonces el Gobierno.
"Burda manipulaciones"
Tras saltar el escándalo de la subasta eléctrica del 19 diciembre de 2013, el que fuera titular de Industria calificó los hechos de "burdas manipulaciones". De hecho, las sospechas de manipulación del precio obligó al Gobierno a anular esa negociación de precios con el fin de evitar que en enero de 2014 la luz se encareciera de golpe casi un 11 por ciento. También a cambiar todo el sistema de fijación trimestral de costes que existía en 2013: la subasta Cesur.
Con todos los datos puestos encima de la mesa, el juez puede terminar de formar su criterio sobre si hay indicios suficientes que acreditan la tesis de Anticorrupción y el resto de acusaciones, y por tanto dejar el procedimiento listo para juicio, o por el contrario dar carpetazo a la causa, asumiendo los argumentos de Iberdrola sobre que no se ofertó menos cantidad de producto y que el precio de mercado subió por "circunstancias ajenas" a la compañía, como la escasez de agua. Según han informado fuentes cercanas a la investigación a La Información, el magistrado Moreno está ultimando los últimos flecos de la instrucción, pues se espera el auto dictando el final de la investigación en breves, ya que no hay mucho más en lo que indagar. El propio instructor rechazó prorrogar la investigación, cuya fecha tope concluía a finales del pasado mes de julio.
La CNMC también abrió un expediente sancionador por el 'tarifazo' eléctrico y en 2015 multó con 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la supuesta "manipulación fraudulenta" de los precios de la luz, una conducta que consideró "muy grave". No obstante, el regulador no ha cobrado aún ni un euro de esta sanción. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dejó en suspenso el pago de dicha cantidad mientras se resuelve el recurso que la empresa del Ibex 35 presentó contra la decisión de Competencia. La entidad alegó que el abono de dicha multa "ocasionaría perjuicios de difícil o imposible reparación dada la elevada cuantía" así como perjuicios para la reputación y prestigio.
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