Reducidas las protecciones legales para los sistemas DRM en los Estados Unidos

  • Una revisión de las condiciones en las que está permitido saltarse las limitaciones que imponen estos sistemas devuelve a los usuarios el derecho a hacer ciertas cosas que nunca deberían haber perdido
Wicho/Microsiervos

En vigor desde 1998, la Digital Millennium Copyright Act es una ley que tiene como objetivo proteger los derechos de autor no sólo en cuanto a los derechos de explotación y reproducción sino también en cuanto a controlar las herramientas que permiten saltarse los sistemas de protección que suelen llevar estas obras en formato digital.

Desde el principio muchos opositores a esta ley argumentaron que era excesivamente restrictiva, y gracias a sus protestas esta ley incorpora un mecanismo por el que cada tres años se pueden revisar las cosas que cubre y las que no.

Y ayer mismo el Bibliotecario del Congreso, el responsable máximo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sobre quien recae esta decisión al ser la Biblioteca la que gestiona la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, añadió dos nuevas categorías a la lista de obras exentas de las provisiones de la DMCA.

Una de ellas permite saltarse los sistemas de protección de los DVD para usos educativos, ampliando una exención en vigor que circunscribía esta posibilidad a material en posesión de las bibliotecas de los centros educativos. En este caso el asunto era tan ridículo como para que los estudios recomendaban a los profesores para no ir contra la ley filmar un televisor o pantalla en el que se estuviera reproduciendo el material que les interesaba.

También permite por primera vez desde la entrada en vigor de la DMCA a los creadores que hacen remezclas con vídeos hacer lo mismo para extraer fragmentos de su contenido y luego poder utilizarlos para vídeos que se suban a sitios como YouTube o similares.

Otra exención nueva es la que permite a los usuarios de un teléfono móvil saltarse los mecanismos de protección que le impiden instalar en este un software determinado, siempre que este haya sido obtenido de forma legal.

Esto hace que a partir de ahora no sea ilegal "jailbreakear" un iPhone, por ejemplo, para instalar en él software no aprobado por Apple, algo que por otra parte ha sido posible prácticamente desde que el iPhone original saliera al mercado.

La diferencia está en que ahora Apple y otros fabricantes que realizan prácticas similares no podrán acudir a la DMCA para ir contra los que crean estas herramientas o contra quienes las usan.

De todos modos, nada impide a estas empresas prohibir este tipo de prácticas en los acuerdos de licencia del usuario, y por si acaso Apple ya ha recordado a todo el mundo que "jailbreakear" un iPhone invalida su garantía.

Y hablando de telefonía móvil, el nuevo informe del Bibliotecario mantiene también abierta la posibilidad de utilizar herramientas para liberar teléfonos móviles y poder usarlos con cualquier operadora.

Tampoco hay que olvidar que estas exenciones tienen que ser renovadas cada tres años, con lo que no se puede cantar victoria definitivamente, y tampoco hay que olvidar que la DMCA tiene muchos otros problemas.

Uno de ellos, por ejemplo, es que incluye mecanismos que aseguran la impunidad de un proveedor de acceso si este actúa rápidamente ante una denuncia por violación de derechos de autor, lo que en más de una ocasión se hayan realizado reclamaciones claramente falsas a Twitter o a YouYube, por citar dos ejemplos, amparándose en la DMCA para conseguir la retirada de contenidos, pues al proveedor no le pasa nada aunque la demanda no tenga base, y corresponde al demandado actuar después contra el que haya presentado la demanda falsa.

Por cierto, que también ayer un juez federal ponía coto a en qué circunstancias se puede hacer uso de la DMCA, independientemente del tipo de trabajo sobre el que se realice la reclamación, abriendo una nueva vía en el tipo de tratamiento legal de estos casos.

No hay que olvidar, en cualquier caso, que fuera de los Estados Unidos estas nuevas exenciones no tienen ninguna validez legal, pero en un momento en el que se está negociando un tratado tan potencialmente duro como el ACTA, en el que algunos países pretenden incluir penas de cárcel para las descargas a través de Internet que en la actualidad tan siquiera son delito, quizá sirva para darle un punto de cordura a estas negociaciones rodeadas por el esperpento.

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