Magdalena Valerio ya tiene diseñada su prometida reforma laboral, la que pretende derogar el grueso de la legislación del PP. El Ministerio de Trabajo ha puesto negro sobre blanco las medidas que aprobará un inminente Consejo de Ministros, pero la actual situación política va a complicar su tramitación en la Diputación Permanente (DP), el mini pleno del Congreso que va a sustituir a los 350 diputados a partir del martes, una vez disueltas las Cortes. Allí se reproduce proporcionalmente la representación de todos los grupos parlamentarios y, de nuevo, el voto de los independentistas y el de los nacionalistas vascos va a ser decisivo para que el Gobierno pueda apuntarse el tanto de cumplir con su compromiso de acabar con parte de la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez antes de las elecciones del 28 de abril.
La contrarreforma socialista pivota sobre cuatro medidas: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios, la regulación de las condiciones de las subcontratas y la imposición de un registro horario obligatorio en las empresas. Todas ellas son medidas abordadas en la mesa del diálogo social, con más connivencia sindical que empresarial, pero en ningún caso plasmadas en un acuerdo tripartito.
Sin consenso entre los interlocutores sociales, y ante la convocatoria electoral precipitada, el Gobierno ha decidido sacar adelante su 'pack' laboral por la vía del decreto. Fuentes presentes en las conversaciones que se mantienen estos días en Trabajo aseguran a La Información que el Consejo de Ministros prevé dar luz verde al texto este viernes, 8 de marzo. Así se lo han transmitido a los agentes sociales. Sin embargo, preguntados por este asunto, en el entorno de Valerio prefieren no poner fecha fija a la aprobación de estas medidas, que podrían incluso trocearse en varios decretos leyes o incluirse en un solo decreto ómnibus.
Y es aquí donde está el principal dilema. Los reales decretos-ley se votan a todo o nada, por lo que el Gobierno está calculando al milímetro los apoyos de los grupos presentes en la Diputación Permanente para determinar si compensa juntar las medidas en un solo texto o es preferible plantearlas una a una, con textos separados para otras cuestiones como el subsidio para mayores de 52 años o el plan para parados de larga duración. No en vano, en la DP (65 integrantes) los contrapesos están bien repartidos y la oposición podría tumbar un decreto con facilidad, con que solo un representante se abstuviera o votara en contra. El centro-derecha -PP y Cs-, contrario a tocar cualquier punto de la reforma laboral, suman 32, por 33 del bloque de la moción de censura.
Fisuras en el bloque de la moción de censura
Los partidos que alzaron al poder a Pedro Sánchez en la moción de censura no tienen a día de hoy un planteamiento uniforme respecto a la reforma laboral. PSOE y Unidos Podemos contarán con el respaldo de grupos como ERC y EH-Bildu, que han garantizado su apoyo a estas medidas sociales en el tiempo de descuento de la legislatura. Pero otros, como el PDeCAT, mantienen serias discrepancias sobre algunas medidas. Según confirman fuentes de la formación independentista, ya habría consenso entre los partidos para restablecer la primacía del convenio sectorial en lo relativo a salarios y horas extra, pero todavía hay posiciones encontradas sobre la ultraactividad, las subcontratas o el registro horario. El partido de Carles Puigdemont opta por dar mayor protagonismo a la flexibilidad, añaden.
En el PNV, otra de las formaciones clave, parecen dispuestos a apoyar la prevalencia del sectorial, no en vano, "el marco laboral vasco ya está estructurado de esa manera y les va muy bien en la negociación colectiva", explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Sin embargo, de momento no están por la labor de favorecer la equiparación salarial en la subcontratación, según detallan.
Catalanes y vascos "están sometidos estos días a toda clase de presiones y de seducciones", relatan los interlocutores sociales. En la cúpula del PDeCAT reconocen las presiones tanto del Gobierno, como de los sindicatos y algunos sectores más conservadores de la patronal. La semana que viene se van a suceder las reuniones y los contactos informales para intentar aunar posiciones y terminar de cerrar los últimos flecos de una reforma laboral que el Ejecutivo quiere sacar adelante sí o sí. Hablan de que durante los próximos días aún se tiene que "madurar" el acuerdo final.
33 contra 32 en la Diputación Permanente
La Diputación Permanente es un fiel reflejo del pleno del Congreso y sus funciones se encuentran reguladas en el artículo 57 de la Constitución. Este órgano temporal hasta la composición de la cámara en la próxima legislatura y que entra en funcionamiento a partir del próximo martes está presidido por Ana Pastor. El vicepresidente es José Ignacio Prendes, de CS; la vicepresidenta segunda es Micaela Navarro, del PSOE; la secretaria primera es Alicia Sánchez Camacho, del PP; y la secretaria segunda es Gloria Elizo, de Unidos Podemos.
El bloque de centro-derecha sumaría 32 representantes (25 del PP, 5 de Cs, 1 de UPN y 1 de Foro Asturias). Y el bloque que apoyó al Gobierno en la moción de censura tendría 33 miembros (15 PSOE, 12 Unidos Podemos, 2 ERC, 1 PNV, 1 PDeCAT, 1 Compromís y 1 EH Bildu)
La tramitación de la reforma laboral (y de cualquier otro real decreto-ley, en la Diputación Permanente no es sencilla. La abstención de un solo diputado en alguna de las medidas dejaría un empate nada fácil de dirimir. Fuentes parlamentarias explican que existen diferencias de criterios entre los letrados de las Cortes. Por un lado, hay juristas que consideran que, "en caso de empate, la medida no se aprueba y se da presunción de legitimidad al 'statu quo'". Pero aquí surge una confusión entre lo que definen como el "estado actual de las cosas", pues se vota un real decreto-ley que ya está en vigor (desde que se publica en el BOE). Otros letrados, en cambio, afirman que "prima la iniciativa del Gobierno, por entenderse la extraordinaria y urgente necesidad que exige esta herramienta legislativa". De cualquier manera, "el debate no va a estar exento de bronca", vaticinan las mismas fuentes en base a la estrategia del PP de llevar al Tribunal Constitucional estos decretos-ley.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios