Cuando los llamados “padres constituyentes” se pusieron a elaborar la Constitución de 1978 no tenían un modelo a seguir ni un Manuel que les permitiera predecir hasta dónde podía llegar y cómo iba a evolucionar. Tampoco se imaginaban que cuarenta años después sería la misma, salvo dos pequeñas modificaciones de urgencia. Su objetivo era poner las bases para garantizar el pluralismo político y la convivencia en un país que salía de una dictadura y sufría todavía el fantasma de 'las dos Españas' que se enfrentaron en la Guerra Civil. Curiosamente, los historiadores que se han centrado en la Carta Magna identificaron entonces dos problemas a resolver que, cuatro décadas después siguen ahí y marcan todos los debates sobre la reforma constitucional pendiente: preservar y consolidar la Monarquía, y organizar de una vez por todas el Estado autonómico.
Evidentemente son muchos más los aspectos que se pueden retocar en la Constitución después de todo este tiempo, pero si hay algo en lo que coinciden los expertos es en separar esa reforma de las presiones políticas que se han generado por el surgimiento de los radicalismos de izquierdas y de derechas, por un lado, ni de las condiciones puntuales que pongan sobre la mesa las fuerzas independentistas de turno con el chantaje de la aritmética parlamentaria, por otro. “Tanto en 1978 como ahora, los partidos nacionalistas han sabido estar siempre en el sitio justo y en el momento exacto para condicionar la elaboración o la reforma de la Constitución”, explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Uned, Antonio Torres del Moral, uno de los mayores estudiosos de la norma fundamental en nuestro país.
Cuenta a modo de anécdota cómo hace apenas dos décadas acudió a Cataluña a dar una conferencia sobre las formas de democracia directa que contiene la CE, y se permitió hacer alguna crítica a la norma en ese aspecto ente los más notorio de la sociedad catalán de ese momento. Al final del evento y en ‘petit comité’ fue recriminado por haber puesto en duda “la Constitución que consolida al pueblo catalán como pueblo libre”. Y es que Cataluña fue en 1978 una de las autonomías que más apoyo la norma (un 91,1% de los ciudadanos, tres puntos más que la media nacional) “¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora?”, se pregunta.
El propio José Pedro Pérez Llorca, jurista y uno de los siete ‘padres’ de la Constitución ha advertido de lo delicado del momento actual para proceder a una reforma del texto, tanto por la dificultad de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en qué reformar y cómo hacerlo, como por la operación de “jaque al Rey” que parecer estar orquestándose. Otro jurista ilustre como Antonio Garrigues coincide en que reformar la Constitución es imposible en estos momentos dado el reparto de escaños de las fuerzas políticas en el Congreso. “Es muy difícil lograr las mayorías necesarias para ello -señala-, pero tampoco es necesario cambiar de forma radical nada, se pueden hacer pequeños cambios, que son necesarios, como en lo que se refiere a la sucesión en la Corona, para que se admita la opción de tener una reina, o en cuestiones como la reforma del Senado”, entre otras opciones.
Reformar por paquetes y sin estridencias
Esa tesis de reformar por paquetes, de forma consensuada y sin estridencias la Carta Magna española, para adaptarla a unos tiempos que ya no son los de hace cuarenta años es la más extendida entre los expertos que trabajan cada día con el texto. El catedrático de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares Alfonso Carlos García-Moncó advierte que es necesario reformar la CE “para salvarla y protegerla”. “No se puede modificar para dar satisfacción a los independentistas, sino para resolver los problemas que plantea”, advierte.
Tanto García-Monco como Torres del Moral han elaborado sendos trabajos en los últimos dos años con algunas de las pautas a seguir a la hora de diseñar una reforma de la Constitución viable, estable y sin atajos nacionalistas vía modificación de hecho de sus estatutos de autonomía. Tanto ellos como Garrigues coinciden en que se puede llegar muy lejos en atajar los males que la opinión pública achaca a la “vejez” de la norma mediante meras modificaciones legales. Muchos aspectos pendientes de cambiar en la Ley Electoral, modificaciones reglamentarias del Congreso y del Senado que pueden desbloquear cuestiones como el procedimiento de la formación e Gobierno o hasta la representatividad de las Cámaras, o cuestiones como los aforamientos (cuya modificación está ahora en marcha), se pueden atajar mucho sin necesidad de entrar a hacer una reforma trascendental de la Constitución.
Cambiar el Senado, crear un nuevo estatuto de la Corona que modernice y aclare su sucesión y funcionamiento, o avanzar hacia un estado federal (propuesta de reforma del PSOE) son aspectos más amplios, pero en los que también por ley se puede avanzar, hasta que se alcance el consenso político suficiente para elevar una reforma concreta y más amplia de esos campos a la Constitución, según explican los expertos consultados.
En cualquier caso, la inestabilidad política que se pueda achacar al momento que vivimos, con apariciones de partidos como Vox o Podemos, a nivel nacional, o el independentismo regional, no aguantan un paralelismo serio con lo ocurrido en los últimos años de la Constitución anterior a la actual, la de 1931, donde el problema catalán, los vaivenes económicos y el extremismo político dieron al traste con al Segunda República. Al menos así lo entienden todos los eméritos consultados. “La Constitución está más fuerte de lo que parece -aseguran-, y además es la mejor que ha habido técnicamente y la única adoptada por consenso y no fruto de ir unos contra otros, como la mayor parte de las anteriores de la historia de España”.
“No creo que los extremismos que hayan podido surgir en los últimos años sean un riesgo para el orden constitucional; todos los países europeos tienen partidos extremistas por la izquierda y por la derecha, y no se rompen por ello. Lo anormal es que en España no los hayamos tenido antes”, advierte Antonio Garrigues, con una visión global del momento. Torres del Moral o García-Moncó reconocen que además de las demandas clásicas de la Corona o la reforma autonómica, que hay que incluir cuestiones nuevas, como los cambios en la realidad europea de los últimos años, el derecho a la sanidad (tenemos la mejor de Europa y la tercera más reconocida del mundo) o la inclusión del respeto a la biodiversidad y el medio ambiente. Pero de ahí a plantear una renovación total que deseche las bases democráticas en las que se asienta la convivencia, hay un abismo.
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