7.30 de la mañana. El Registro Civil de Pamplona abre sus puertas y comienza a tramitar los servicios esenciales acordados por el Ministerio de Justicia. Aunque algunos funcionarios alivian la carga laboral teletrabajando desde casa, los hay que tienen que acudir todos los días (incluidos fines de semana) para gestionar las cuestiones troncales durante el estado de alarma; esto es, inscribir los nacimientos y muertes que se suceden a diario. Una tarea que, si en épocas normales es complicada debido a la falta de medios y de informatización del sistema, ahora se torna cuasi imposible. Sin embargo, desde estos entes se erigen como los verdaderos garantistas en la información que trasladan a Justicia y lamentan la caótica gestión que están efectuando otros departamentos del Gobierno en el recuento de fallecidos por el coronavirus.
En el Registro Civil de Pamplona se felicitan de tener la situación bajo control. Aseguran que no sufren el desorden que se vive en ciudades más pobladas por su planificación previa al estallido de la crisis. Dos de sus responsables explican, en conversación con este medio, que el día a día lo salvan echando muchas horas y focalizando el trabajo en los fallecimientos que se producen a diario. Por eso, apenas tres horas después de la apertura de la oficina, la letrada de la Administración de Justicia responsable de la organización ya se ha coordinado con forenses, registros funerarios y juzgados para "que todo vaya como una máquina", según relatan las fuentes entrevistadas, que prefieren guardar el anonimato.
Sin embargo, el control de los datos no evita el problema que se produce en la totalidad de registros del país. Cuando los fallecimientos se comparan con los años anteriores, las cifras no cuadran. En este registro de Pamplona contabilizaron 250 muertes en el mes de marzo de 2019. Un año después, la cifra asciende a 449. Lo mismo ocurre en abril. En el ejercicio anterior sumaron un total de 72 fallecidos hasta el día 8 del mes. En el mismo periodo pero un año después, la cifra asciende a 172. Cien decesos más que pueden tener su causa directa en la pandemia del coronavirus. Pese a ello, en los registros advierten de que su labor no consiste en analizar los motivos de la defunción. De hecho, la Ley de Protección de Datos les obliga a no hacer pública la causa de la muerte y guardarla bajo llave en el legajo correspondiente.
Coordinación única
¿Cómo se puede entonces concretar si el fallecimiento se produce por coronavirus? Los funcionarios advierten que no es tarea de los registros esclarecer las causas de la muerte. De hecho, se escudan en que ni el Ministerio de Justicia les requiere que indiquen este crucial dato en las comunicaciones que remiten a diario al departamento que dirige Juan Carlos Campo. En efecto, al término de su jornada laboral, las fuentes consultadas explican que cumplen con las órdenes -dispares, hasta la fecha- de Justicia y envían toda información requerida; esto es: licencias de enterramientos expedidas, número total de defunciones y lugar en el que se ha producido el deceso. No se les reclama, por tanto, que incluyan las causas de defunción reflejadas en el informe forense.
No obstante, aseguran que los datos más exactos de fallecimientos ahora mismo son los que emiten los más de 8.100 registros y juzgados de paz y que traslada al INE mensualmente. El fallo está, según apuntan, en la descoordinación del Ministerio. "Del 14 de marzo al 4 de abril no se enteró de que tenía los datos más fiables en el Registro Civil", explica uno de los letrados de la Administración de Justicia en referencia al cambio de instrucciones dadas desde el Ejecutivo, el cual primero pidió a los registros que enviaran los datos por correo electrónico (provocando el colapso del sistema) y luego lo sustituyó por un formulario.
"Nadie se ha ocupado de esto"
El caos que está sumiendo al Gobierno en una grave crisis por el control que efectúa de los datos se hubiera evitado en gran medida si hubieran apostado antes por la modernización del sistema. Pese a que la nueva Ley del Registro Civil se aprobó hace ahora nueve años, ésta sigue sin entrar en vigor. En su defecto, los letrados actúan regidos por una normativa que se aprobó en el año 1957. La misma no contempla la más que necesaria informatización de las herramientas de trabajo (especialmente en los juzgados de paz) ni la organización entre los territorios de todo el país. "Yo me he coordinado con las funcionarias. Ni presidencia ni nadie se ha ocupado de esto. Nosotros sabíamos que estaba este problema y que teníamos que sacarlo adelante", razona la responsable.
Por ese motivo, y teniendo en cuenta que no se ha implantado la digitalización en este tipo de trámites, desde este registro siguen la misma norma de actuación. El proceso es el siguiente: los familiares del fallecido (o los médicos en caso de que el deceso se produzca en un hospital) aportan toda la documentación necesaria a las empresas funerarias las cuáles a media mañana acuden los juzgados para que sea revisada por un médico forense. De ahí se traslada a los registros civiles y juzgados de paz de todo el país para que emitan la licencia de enterramiento. El crecimiento exponencial de personas fallecidas víctimas de la Covid-19 llevó al Ministerio de Justicia a eliminar el plazo de 24 horas para enterrar y así ayudar a los registros a agilizar el trámite, pero en muchos casos la carga es tal que simplemente expiden las licencias de enterramiento y postergan la inscripción del deceso en sus bases de datos.
Unas anomalías que se repiten en muchos territorios de España donde algunos Tribunales Superiores de Justicia ya han tenido que ordenar el recuento exacto de defunciones para acotar las causas de la muerte. Los datos que diariamente hace públicos el Ejecutivo tampoco arrojan claridad al asunto. El pasado viernes, sin ir más lejos, Fernando Simón se escudó en desajustes con algunas comunidades para intentar justificar por qué el cómputo total de fallecidos por coronavirus no coincidía con la cifra resultante de sumar los nuevos decesos a la registrada la jornada anterior. En el aire quedaron cientos de muertes sin cuantificar.
Desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) insisten en que esta crisis no ha hecho sino aflorar el verdadero problema que afrontan día a día los registros civiles. La falta de medios les ha llevado a pedir de manera urgente a la Administración que puedan recibir todos los documentos relativos a defunciones de manera digitalizada para así agilizar los trámites urgentes, como ocurre con las licencias de enterramiento para las funerarias. La portavoz del sindicato, Lidia Urrea, aclara que durante el estado de alarma las carencias son más palpables que nunca y que es de extrema urgencia que entre en vigor la Ley aprobada en 2011 para reorganizar toda la estructura orgánica territorial.
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