Una decena de guardias civiles, junto al fiscal Anticorrupción, José Grinda, se han personado este miércoles en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter para pedir documentación sobre un presunto caso de desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de Aguas, Agissa. Los agentes tratan de recabar documentación en el marco de la investigación de la 'operación Aquarium'.
La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y está vinculada a la causa que trata de concretar si hubo sobrecoste en la gestión publica del agua en Girona entre 1998 a 2013. El supuesto fraude se remonta a la etapa del alcalde socialista Quim Nadal y continuó cuando Carles Puigdemont fue regidor de esta localidad, antes de ser nombrado presidente de la Generalitat. En esta época, también fue alcalde de Sarrià de Ter el actual presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, que fue primer edil de esta localidad gerundense entre 2007 y 2018.
Tras la operación policial del 19 de septiembre de 2017, cuando se produjeron una quincena de registros tanto en la sede de Agissa como en despachos de diversos directivos de la compañía, se intervino documentación de la que se infiere la posible comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de los responsables públicos de estos tres ayuntamientos, ha puntualizado la Fiscalía.
Según Anticorrupción, la investigación pretende determinar "el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados bien con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de Agissa -relativa al circuito del agua-, bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, al menos, el Ayuntamiento de Girona". En este sentido, se investiga el origen del dinero con el que el Ayuntamiento de Girona adquirió en 2014 por cerca de 4 millones el fondo artístico del fallecido crítico e historiador Rafael Santos Torroella, que incluía una colección de arte contemporáneo de unas 1.200 obras. El fondo incluye diez originales de Miró, nueve de Dalí, ocho de Tàpies, cinco de Picasso y obras de Nonell, Tharrats, Joan Ponç y Barrades, además de toda la biblioteca y el archivo personal de Santos Torroella.
En febrero de 2014, el Ayuntamiento de Girona aprobó la adquisición de la colección artística por 3,9 millones de euros, con los votos a favor del equipo de gobierno de CiU y del edil no adscrito Carles Palomares. De hecho, el que entonces era alcalde de Girona, Carles Puigdemont, tuvo que utilizar su voto de calidad para que se aprobara la compra, porque había grupos que estuvieron en contra al considerarla innecesaria.
La investigación judicial deriva de una denuncia que la CUP interpuso en 2015 contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento del agua en Girona, así como por unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Provincial de Girona, por un supuesto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de Agissa que podría ascender a 15 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación del caso, a partir de un informe que la Agencia Tributaria elaboró a raíz del llamado caso 3% de presunta financiación ilegal de CDC sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de la empresa de suministro de agua.
En la causa se investigan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en la gestión de Agissa, donde en los últimos años se habrían desviado beneficios a la parte privada de la empresa -Girona SA-, en detrimento de la pública, lo que podría haber provocado una subida de la tarifa final del agua.
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