Los registros civiles están cumpliendo con las órdenes del Ministerio de Justicia de comunicar los datos de defunción registrados cada día en sus demarcaciones para evitar alteración de datos en las muertes por coronavirus. Sin embargo, los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) están teniendo muchos problemas a la hora de rellenar el formulario principalmente porque no pueden acreditar que los fallecimientos tengan causa directa con la enfermedad causada por el virus. El motivo es la ausencia en muchas ocasiones de la práctica de autopsia debido al ingente número de decesos de personas infectadas con el Covid-19.
A los letrados de la Administración de Justicia no les pilla por sorpresa el caos generado. Llevan muchos años pidiendo más dotación de medios y una reforma de la normativa que regula el Registro Civil para evitar precisamente circunstancias como la ocurrida en Castilla La Mancha. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma, Vicente Manuel Rouco-Rodríguez, abrió expediente gubernativo el pasado martes tras constatarse que el número de licencias de enterramiento en el mes de marzo (que suma el cómputo total de fallecidos) era una cifra casi tres veces superior a los datos oficiales recogidos por Sanidad en relación a las defunciones por coronavirus.
Fuentes de la Administración de Justicia explican a este medio que la decisión del departamento que dirige Juan Carlos Campo de hacer un seguimiento más exacto del número de fallecidos por la pandemia no es la solución al problema. Esto es así porque en el formulario que deben rellenar todos los registros civiles a los que se dirige esta comunicación, no se pide que se especifique si la defunción inscrita se produjo por coronavirus debido precisamente a la dificultad de poder diagnosticar si el fallecido dio positivo por Covid-19. De hecho, los letrados aseguran en una nota que el Ministerio "se ha cubierto de gloria" con esta gestión "errática y caótica" y que incluso se les notificó que el correo al que tienen que enviar las notas colapsó en la tarde del martes.
Sistema decimonónico
En la instrucción del pasado 4 de abril que firma la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la antigua Dirección General de los Registros y del Notariado) se admite que, al no tener actualizada a diario la plataforma Inforeg, se hace necesario remitir un breve cuestionario al Ministerio. En concreto, se solicita que todos los registros civiles (tanto exclusivos como con competencias en otras materias), así como los de los juzgados de paz, remitan la siguiente información: número de defunciones recogidas por el registro, número de licencias de enterramiento concedidas y el lugar de defunción, especificando la localidad y si la muerte ha tenido lugar en un hospital o en una vivienda. El objetivo, de acuerdo con este documento, es "lograr el mayor grado de exactitud posible" en las cifras, pero los problemas que afrontan los registros son múltiples.
En primer lugar, reniegan de que no exista una plataforma real en la que plasmar los datos, dado que la contabilización 'a la antigua' no solo puede genera confusión sino que además amaga con volver a colapsar el sistema. Si se envía un correo electrónico por registro la cifra final puede ser desorbitada. En España existen 431 registros municipales principales (de los que 16 se dedican exclusivamente a tareas de registro civil). A ellos hay que sumar los 7.667 juzgados de paz que también tienen que dar traslado al Ministerio de Justicia. Las fuentes consultadas recalcan que tienen un sistema de funcionamiento "decimonónico" puesto que algunos no están ni tan siquiera informatizados, lo cual complica en gran medida el cometido acordado por Justicia. Y a ello hay que añadirle uno de los grandes problemas que la Administración arrastra en los últimos años: la falta de personal.
Registros civiles desbordados
Muchos de los letrados encargados de dar traslado del número de defunciones tienen que trabajar 'in situ' en los registros civiles. La feroz crisis del coronavirus provocó el parón de las actividades judiciales en todo el país pero mantuvo unos servicios esenciales, entre los que se encuentran los de los registros civiles. Ello implica que la plantilla es la misma pero los asuntos que tramitan se han multiplicado desde el inicio del estado de alarma, especialmente los relativos a las defunciones. El Gobierno trata de relativizar la problemática y asegura que el objetivo con estas medidas es facilitar el trabajo del Ministerio de Sanidad y "consolidar la calidad del dato", pero los secretarios judiciales no lo tienen tan claro. "El registro civil siempre ha estado desbordado", explican desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).
Aunque los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país no han tenido hasta la fecha el lío de datos acontecido en Castilla-La Mancha, no se descarta que también puedan enfrentarse a la problemática de registrar licencias de enterramiento muy por encima del número de fallecidos contabilizados. Para evitar escenarios similares, desde el máximo órgano judicial de esta comunidad se acordó ampliar el foco y exigir que las certificaciones médicas por defunción contengan no solo los motivos de la muerte sino también la causa inicial en todos aquellos casos en los que aparezcan causas compatibles con la infección del coronavirus.
Y para que el tratamiento sea lo más riguroso posible, se faculta a los médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal de Castilla-La Mancha a colaborar con los Registros Civiles en la revisión de las inscripciones de las certificaciones. Lo que pretenden es que los Colegios de Médicos sujetos al TSJ de esta comunidad autónoma dejen constancia lo más fidedigna posible en sus actas de defunción de una posible infección por coronavirus del fallecido, incluso aunque la sospecha no esté confirmada. Solo así se podrá evitar que las cifras de deceso contabilizadas por Justicia queden muy alejadas de las que maneja Sanidad por los muertos por el Covid-19.
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