La visión del PSOE para regular la actividad de los lobbies empieza a generar controversia en el Congreso. La propuesta de los socialistas para limitar la actividad privada de exdiputados y exmiembros del Gobierno está generando multitud de comentarios en los pasillos de la cámara baja, que no son precisamente positivos. Varios grupos parlamentarios están radicalmente en contra de la propuesta socialista para reformar el Reglamento del Parlamento, como señalan fuentes consultadas por La Información. Uno de los motivos es la apuesta que supone por controlar todos los movimientos de los que poseen un escaño. Al que se suma esa idea de prohibir el paso a la actividad en asuntos públicos a quienes hayan tenido cargos en la administración durante un tiempo mucho más extenso que el de la Ley de Incompatibilidades. Para los potenciales afectados, la reforma puede ser inconstitucional. Y para expertos del sector, hay un planteamiento equivocado que parece de "revanchismo".
La disposición que ha causado más revuelo entre los parlamentarios es la intención de establecer una 'cuarentena' de cuatro años para que cualquier exparlamentario o exalto cargo gubernamental pueda asomarse por el Congreso para defender los intereses de un tercero, sea éste una empresa, una organización empresarial, un grupo de interés o alguna asociación de naturaleza social, por ejemplo. En el debate de toma en consideración de la propuesta del Grupo Socialista ya hubo grupos parlamentarios que manifestaron su rechazo a que se estableciera para los exdiputados un 'periodo de alejamiento' del Parlamento superior al que se exige a los altos cargos que salen del Gobierno para volver a una actividad en el sector privado, que es de dos años. Fuentes parlamentarias observan esa cautela como "desmesurada" y "poco razonable".
Fuentes del Grupo Parlamentario Vasco avanzan que éste, precisamente, será uno de los aspectos de la propuesta socialista que instarán a reconsiderar y en su caso corregir en el trámite parlamentario de la iniciativa, que aspira a establecer al fin una regulación de la operativa de los lobbies que se ampliaría al Senado. Un guante que el Grupo Parlamentario Socialista ya está preparado para recoger. Tras la insistencia de las jornadas previas de que su propuesta era la mejor y la más garantista, fuentes consultadas por esta redacción señalan que se trata de "un punto de partida". "Será conforme a los parámetros que se puedan modificar dentro del ordenamiento", destacan estas fuentes socialistas, que aseguran que ya están preparándose para la negociación.
Otras fuentes próximas al PSOE avisan de que la iniciativa incluso genera rechazo en las propias filas socialistas por su excesiva dureza. Sobre todo, por las limitaciones reales que puede generar a futuro a los exdiputados y exsenadores que pongan punto y final a su vida parlamentaria a la hora de reacomodarse en el mercado de trabajo. Sostienen, en este sentido, que el conocimiento de las singularidades de la tramitación parlamentaria, lejos de suponer un riesgo, constituye un valor a la hora de contribuir a incorporar los intereses de los agentes económicos y de la sociedad civil al proceso de elaboración de las leyes y que lo que procede no es mantener a las personas que poseen ese conocimiento alejadas del Parlamento sino regular que sus relaciones con los parlamentarios se realicen con la máxima transparencia.
El PP lo ve inconstitucional
En el Grupo Parlamentario Popular ya están preparados para dar la batalla desde el punto de vista jurídico. Fuentes de la delegación del PP en el Congreso señalan que el régimen disciplinario que presenta el PSOE puede ser "inconstitucional". "Limita nuestra libertad de reunión llegando al extremo de prohibir a diputados reunirnos con colectivos no registrados", dicen las fuentes consultadas en relación al registro de grupos de presión que se instauraría. Además, recuerdan que la Ley del Alto Cargo ya es suficientemente garantista. En esta norma, la limitación recogida es la de que la incompatibilidad no supere los dos años. Aunque en este caso solo afecta a exmiembros del Gobierno, exdirigentes de empresas públicas y exresponsables de los reguladores.
Advierten, además, de que el planteamiento de ensanchar a cuatro años el periodo durante el cual un exdiputado no puede volver a relacionarse con el Congreso incluso puede tener contraindicaciones a nivel jurídico y generar alguna observación o petición de corrección en el momento en que la proposición sea examinada por los letrados del Congreso. Algo que sucederá en los próximos días. Un argumento que será al que acuda el PP, que reiterará su visión de que la medida puede implicar limitaciones al derecho de reunión que violen la Constitución. Lo que se explica con la idea del PSOE de que cualquier encuentro de un diputado con un miembro de una empresa no podrá ser de carácter privado mientras el parlamento mantenga el escaño. Incluso aunque este se produzca en una cafetería y por motivos personales entre los implicados.
En ámbitos como el de las consultoras también se ve excesiva la propuesta socialista. Para Carmen Muñoz, directora de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, toda regulación es bienvenida. De hecho, es algo que sectores como el suyo esperan debido a los años de retraso de una ley de este tipo. El problema llega, a su juicio, "cuando queremos una regulación excesiva". Eso es lo que ocurre con ese periodo de cuatro años de prohibición para representar a lobbies planteado por los socialistas, que puede ser "pasarse de frenada por ser muchísimo tiempo". "El enfriamiento de pasar de la actividad pública a la privada es bueno. Y dos años está bien. Pero aumentarlo a cuatro es demasiado. Tiene que ser compatible abandonar la vida pública con tener una carrera profesional", señala en conversación con La Información.
Lo que sí ve necesario Muñoz es que exista esa huella legislativa que permita conocer qué actores han podido influir en una norma. Pero advierte de que no puede conocerse todo el contenido de las reuniones, ya que "en un momento tienes que exponer las tripas de tu empresa para que se sepa por qué te interesas por una legislación y para qué necesitas reunirse con diputados". Por eso recomienda mirar a regulaciones como la de la Unión Europea, donde existe un registro y la actividad está controlada. "Esta actividad está presente todo el tiempo. Por eso es bueno que se conozca con quién se reúnen los políticos. El objetivo debe ser la transparencia, no plantearlo como medidas de anticorrupción", destaca.
La reforma ahora está en manos de la Comisión de Reglamento del Congreso, que tendrá que elaborar un dictamen sobre la misma. De ese informe de la ponencia se pasará a las enmiendas de los grupos. Y después, llegará al pleno. Los socialistas ya tienen asumido que tendrán que negociar gran parte del texto, que lleva la firma de diputados como Rafael Simancas. También está por ver qué ocurre con el resto de propuestas de esa reforma. Entre ellas se encuentran las sanciones económicas a parlamentarios que no presenten sus declaraciones de bienes, actividades o intereses. En el ámbito del Gobierno, aún se espera la regulación a nivel nacional. Fuentes del Ministerio de Política Territorial señalan que en este momento están estudiando las aportaciones de la consulta pública.
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