Afectaría a exdiputados y exministros

El PSOE quiere prohibir el lobby de los excargos públicos durante cuatro años

La propuesta socialista para regular los grupos de presión en el reglamento del Congreso incluirá por primera vez sanciones económicas para los parlamentarios que no cumplan con las nuevas normas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (1d) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d) aplauden a la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra (3d) durante una sesión de control al Gobierno, en Madrid (España), a 16 de diciembre de 2020. Durante el pleno, el presidente del Gobierno ha hecho un primer balance del segundo estado de alarma decretado el pasado 9 de noviembre para hacer frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Además, el presidente también ha informado de las últimas tres reuniones del Consejo Europeo, en los que los jefes del Estado y de Gobierno de la UE debatieron también sobre cómo mejorar la lucha contra la pandemia. E. Parra. POOL / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 16/12/2020
El PSOE quiere prohibir el lobby de los excargos públicos durante cuatro años
Europa Press

Las nuevas regulaciones de los lobbies que impulsa el PSOE desde distintos ámbitos modificarán sustancialmente las reglas del juego para esta actividad. Una de las más ambiciosas es la que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, que pasaría por una reforma del reglamento del Congreso. El cambio más profundo es el de prohibir que los exdiputados o exministros puedan ejercer de 'lobistas' ante miembros de la cámara baja durante los cuatro años siguientes a su salida del puesto. Una iniciativa con la que se quieren controlar aún más las 'puertas giratorias' de los excargos públicos. Lo que implica que se ponga aún más el foco en las reuniones que tienen los parlamentarios con excompañeros suyos que ahora trabajan para organizaciones o empresas privadas. 

Estas limitaciones para ambas partes se recogen en un nuevo Título XIV que sería incluido en la norma que regula el Parlamento. Es ahí donde aparece la medida de prohibir "actuar en representación de los grupos de interés " a tres perfiles. Uno de ellos es el de "quien haya ostentado la condición de miembro de las Cortes Generales durante los cuatro años anteriores". Por lo que no solo se impediría hacerlo a los 'ex' del Congreso. Tampoco estarían autorizados los exsenadores. A los vetados hay que sumar a "quien haya sido alto cargo del Gobierno durante los cuatro años anteriores". Es decir, que además de los ministros, afectaría a quien haya sido secretario de Estado, secretario general o director general de un departamento del Ejecutivo central. Por último, tampoco se abrirán las puertas para 'presionar' en la cámara baja a aquellos que hayan sido inhabilitados para acceder a cargos públicos. 

De esta forma, algunos exmiembros destacados de la cámara podrían tener muy complicado relacionarse con quienes fueron sus compañeros. Una de ellas podría ser Fátima Báñez, que actualmente trabaja en la patronal de los empresarios como presidenta de la Fundación CEOE. Otro de los posibles afectados es el exdiputado socialista Antonio Hernando, que ahora forma parte de Acento, la consultora que fundó el exministro y exportavoz del Gobierno Pepe Blanco. Otro 'ex' del Parlamento que ahora ha pasado a la actividad privada y cuya labor podría implicar que deba reunirse con sus señorías es José Luis Ayllón, el último jefe de Gabinete que tuvo Mariano Rajoy, que actualmente se desempeña en Llorente y Cuenca. Un caso parecido al de Eduardo Madina, que actualmente es socio y director de estrategia de la consultora Harmon.

La finalidad del texto es establecer que la labor de sus señorías y de quienes quieran persuadirles para beneficiar a sus compañías deberá estar sometida a un código de conducta. Para empezar, delimita a quién se podrá considerar un lobby, cuáles son las actividades que podrá ejercer y ordena que se inscriban en un registro de nueva creación. Junto a lo anterior, se les forzará a exponerse a informes de "huella legislativa" donde se reflejen las modificaciones realizadas en las iniciativas parlamentarias por su acción. Además, señala los motivos por los que podrán ser sancionados. El cuadro de obligaciones que tendrán ante el poder legislativo es otra de las medidas inéditas. Por ejemplo, los representantes de estos grupos deberán identificarse y aclararán a quién o a qué firma representan. También se instará a que dejen claro los objetivos o finalidades que persiguen.

Estos castigos se amplían a quienes posean un escaño. No podrán reunirse con quienes no cumplan los requisitos o no se hayan inscrito en el registro que se abrirá en el Congreso. Algo que aplica a los encuentros que se realicen fuera de los muros de la cámara baja. Como explican fuentes socialistas a La Información, "se es diputado las 24 horas". Lo que supone que si se descubre a un parlamentario incumpliendo el nuevo reglamento se podrán iniciar los trámites para sancionarle. Serán válidas las denuncias que se sostengan en pruebas de algún tipo. Lo que abre la puerta a que las fotografías o informaciones de los medios de comunicación se puedan emplear para investigar las acciones de este tipo. "La idea es que se sepan todas las reuniones con empresas o colectivos. Y si luego ficha por esas firmas, se conocerá de antemano su relación con las mismas", señalan estas fuentes.

Sanciones por la declaración de bienes

La propuesta de los socialista también supondrá que se abra el camino de las sanciones económicas a los diputados por infracciones relacionadas con sus obligaciones. El texto establece por primera vez en la historia que se le toque el bolsillo a los parlamentarios por ocultar información que se les exige que sea pública. La declaración de bienes es la protagonista principal de esta medida. No presentar este documento puede suponer la apertura de un expediente a través de la comisión del Estatuto del Diputado. Lo mismo ocurrirá si no se revelan las declaraciones de actividades o de intereses económicos, o si se omite información de alguna de ellas. Unas denuncias que podrá hacer la Mesa del Congreso o los grupos parlamentarios. Mientras que las multas tendrán que ser siempre aprobadas por el Pleno

Según las fuentes consultadas por esta redacción, esa sanción económica afectaría a los complementos. Es decir, se podría reducir o suprimir la paga al infractor por ser portavoz de comisión o vicepresidente de comisión, entre otros puestos internos. Por lo que el sueldo base quedaría eximido. En el caso de los lobbies que incumplan, el reproche consistirá en avisos o en el castigo de excluirles del registro para que puedan interactuar con los diputados. Unas modificaciones que entrarían en vigor en esta misma legislatura si se aprueba esa reforma del reglamento. Las cuales no afectarán a los asesores de los titulares del escaño. El 'vacío' de esta norma son los diputados autonómicos, que no tendrían esa limitación de cuatro años para hacer de 'lobistas'. 

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