El control de los lobbies en España vuelve a estar sobre la mesa. El PSOE ya se está movilizando para que el Gobierno aborde en los próximos meses una ley que sirva para regular a los grupos de presión. El primer paso lo ha dado el Grupo Parlamentario Socialista, que ha registrado una Proposición No de Ley que sirva para iniciar el camino de la transparencia ante la actividad de estas organizaciones que buscan influir en el resultado final de las leyes o reformas. Un texto en el que instan al Ejecutivo que lideran a tomar medidas en una norma como garantizar la publicidad de los encuentros entre 'lobistas' con altos cargos o diputados y senadores. Y que incluya un régimen sancionador contra estos y los cargos públicos que no cumplan lo que recoja esa futura legislación.
Regular la acción de los grupos de presión o de las empresas a la hora de la elaboración y modificación de leyes por el Gobierno o el Congreso es una asignatura pendiente. Algunas comunidades autónomas cuentan con sus propias legislaciones, en las que se dan de alta las organizaciones con intereses en participar o influir en las decisiones normativas que toman las administraciones. Pero no hay una legislación a nivel estatal que permita que se sepa quiénes están dedicados a una actividad por la que se producen reuniones con altos cargos o con parlamentarios por una reforma o la tramitación de una ley que puede afectar a sectores a los que representan esos lobbies.
La propuesta de los socialistas, a la que ha tenido acceso La Información, recuerda que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha recomendado en varias ocasiones a España que regule la labor de los lobbies. El fin es que su trabajo "se realice con la debida transparencia y regulación" para que se beneficien "todos los actores en juego". En concreto, destacan que las organizaciones tendrían "unas pautas claras de cómo deben actuar en su relación con los poderes públicos", mientras que los representantes públicos tendrían más facilidades para "canalizar las demandas de la sociedad civil, lo que les ayudaría en la realización de sus objetivos". A nivel estatal, solo la CNMC cuenta con recursos de este tipo, al tener habilitado un registro de estos grupos y comunicar los encuentros que tienen sus dirigentes con los enviados de los lobbies. Las autonomías usan distintas fórmulas, y algunas como Madrid publicitan estas reuniones.
La primera medida que se debería llevar a cabo a juicio de los socialistas es la de la creación del Registro público obligatorio tanto para el Parlamento como para el Ejecutivo central. En este se inscribirían quienes representan a esos grupos de interés. Un requisito imprescindible para que se les permita tratar con los diputados y los asesores de estos, a los que podrían trasladar "sus intereses y propuestas". Esta fórmula sería novedosa con respecto a lo que hacen las autonomías, que han creado un registro general de lobbies para que quede reflejado la identidad de los que buscan convencer o persuadir a las administraciones. Pero no está vinculado a las cámaras autonómicas, como pretende el PSOE, aunque las de algunas regiones como Madrid podrían valerse de este instrumento a través de un convenio.
Después de esto, llega la delimitación de las obligaciones que tendrían que ser incluidas en esa legislación, que fuentes socialistas esperan se aborde "durante el próximo año". Lo primero es redactar los criterios para saber qué se considera lobby. A esto se sumaría un código de conducta, que sería de obligado cumplimiento por los 'lobistas' que quieran contactar con departamentos del Gobierno o con las cámaras. Para controlar que se actúa bajo las normas, también se crearía un sistema que fiscalice el papel de los grupos y sus métodos, con un organismo de control como herramientra estrella.
Pero lo más importante, según explican fuentes socialistas, es que se lleva a cabo la publicidad de los contactos entre un representante de estas organizaciones con un ministro, un secretario de Estado, un diputado o un asesor. Algo que en la actualidad no se conoce, debido a que estas reuniones se suelen mantener en secreto. El único recurso a disposición de quienes quieran conocer quiénes se han citado y de qué han hablado es la Ley de Transparencia. Pero en muchas ocasiones, ni esto es suficiente para lograr que se difunda el contenido. "Nada de esto existe todavía. La situación actual se resume en que, pese a que determinadas CCAA han comenzado a regular la participación de los lobbies, carecemos todavía de una regulación a nivel estatal", lamenta el PSOE en su texto.
La pelota, en el tejado de Calviño y Batet
Hay dos ámbitos clave para que el control de esta actividad se concrete en una ley. El primero es el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño. Del departamento de la vicepresidenta tercera depende que se impulse una norma de este tipo. La cual permitiría conocer, por ejemplo, qué reuniones ha mantenido Calviño con emisarios o directivos de empresas sobre las que su cartera ha tenido que legislar en los últimos meses a causa del coronavirus. También sería más fácil conocer el resto de citas de miembros de la coalición o de sus asesores a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Las fuentes socialistas consultadas señalan que hay buena disposición por parte de Asuntos Económicos para empezar a elaborar estas instrucciones.
El otro entorno que tendría que movilizarse es el Congreso de los Diputados. De la cámara baja sería la tarea de impulsar un registro de lobbies, en el que se reflejaran todos los que estén interesados o autorizados a departir con los grupos parlamentarios y su personal cuando se traten asuntos normativos. En la legislatura que fue de 2016 a 2019 ya se tramitó una reforma para la creación de ese instrumento. Pero este caducó con el fin de esa etapa. Y actualmente, no está sobre la mesa reabrir el debate para crearlo, como señalan fuentes parlamentarias. Esta novedad necesitaría de una modificación del Reglamento del Congreso. Para lo que sería necesaria una mayoría absoluta del Pleno, algo "muy complicado actualmente", destacan las mismas fuentes.
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