Relator de la ONU: La liberación de narcotraficantes es un escándalo

Rafael Martínez

Madrid, 31 may.- Juan E. Méndez es uno de los tres relatores de la ONU que enviaron una carta conjunta al Gobierno para comunicar su preocupación por el retroceso de la justicia universal en España. Pero su indignación aumenta al conocer que la excarcelación de 47 narcotraficantes es consecuencia de la reforma. "Es un escándalo", afirma.

En una entrevista con Efe, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, considera que la liberación de los narcotraficantes es un efecto "que no contemplaban aquellos que modificaron la ley" fruto de la "mala redacción de la norma".

"Es un escándalo que la ley haya estado tan mal concebida que produzca la excarcelación y la libertad de presuntos narcotraficantes, cuando de lo que se trataba en realidad era de cerrar las puertas a la justicia universal", explica.

Méndez se hace eco del plante generalizado que han protagonizado los jueces de la Audiencia Nacional al negarse al archivo de las causas que instruyen, lo que evidencia, en su opinión, "que no está dicha la última palabra".

"No creo que no haya posibilidad de utilizar la justicia universal en España", agrega, al mencionar que las decisiones de los magistrados apuntan en esa dirección.

Con todo, tiene claro que la liberación de los narcotraficantes es un "problema muy serio" que el Gobierno no puede obviar y lo justifica en que "España tiene un compromiso con la comunidad internacional para reprimir el trafico de drogas".

Más tajante se muestra al opinar sobre los argumentos del Ejecutivo en la urgente necesidad de la reforma, en vigor desde el pasado 15 de marzo tras ser aprobada en poco más de un mes por el Parlamento.

"Radicalmente en desacuerdo", asevera el relator de Naciones Unidas, que rechaza que las causas que se instruyen bajo la jurisdicción universal sirvan para generar falsas esperanzas sin conseguir resultados, como esgrimió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "Al contrario, tienen un impacto enorme", sostiene.

Pero va más allá al considerar que esta argumentación es "subjetiva y parcial" porque lo que importa no es el número de condenas o casos que prosperen sino "el impacto social y político que tienen estas iniciativas".

Méndez apela a su condición de sudamericano para manifestar que el caso Pinochet "abrió las puertas" hacia el perfeccionamiento de la calidad institucional en Sudamérica y "sirvió de referente" para el ejercicio de la jurisdicción universal.

Es el caso de Argentina. Bajo el paraguas de la justicia universal, la jueza Maria Servini instruye desde 2010 una causa por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, a raíz de una querella presentada en su país.

Servini acaba de realizar un recorrido por España para interrogar a algunas víctimas y querellantes que por su edad o condiciones no pueden viajar a ese país. Méndez valora este gesto porque, en su opinión, "las puertas de la justicia y la verdad histórica se les están cerrando cada vez más a las víctimas" en España.

Un ejemplo está en el fallo de la Audiencia Nacional que rechazó la extradición a Argentina por torturas del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, al considerar que los delitos están prescritos. Una decisión "errónea", asegura.

"Lo he dicho una y otra vez. La tortura es un crimen internacional y no debe estar como tal nunca sujeto a la prescripción", subraya el experto de Naciones Unidas en este campo, que desmonta también el segundo argumento expuesto por el tribunal.

La Audiencia Nacional alegó que no se trata de un delito de lesa humanidad porque no forma parte de un ataque sistemático y organizado a un grupo de la población. "Es correcto", explica Méndez quien, no obstante, precisa lo siguiente: "Hacer una calificación categórica de antemano a la valoración de la prueba me parece equivocado", por ello "me resulta difícil que se denieguen".

Pese a todo, no se atreve a pronosticar si se trata de la última oportunidad para las víctimas, a quienes pide que "no desfallezcan y que sigan insistiendo ante cualquier tribunal, ya sea español o extranjero".

Y expresa un deseo: "Espero que en algún momento los jueces españoles tomen a su cargo la investigación de los delitos para que no sea necesario que una jurisdicción foránea tenga que servir a las víctimas".