Semana de infarto en La Moncloa. Tres bombas de relojería han estallado en apenas 48 horas al Gobierno de Pedro Sánchez: las preocupantes cifras de empleo, la enmienda a la totalidad de ERC a los Presupuestos y la filtración por parte de los independentistas del nombramiento de un 'relator' que sea el fedatario de todo lo que se negocie en la mesa de partidos catalanes. Todo ello ha llevado al Ejecutivo a reaccionar de manera inmediata ante una crisis de comunicación que no vieron venir. Han sido horas de tensión y nerviosismo a falta de menos de una semana para conocer si las cuentas públicas pasan el trámite en el Congreso o la legislatura encara su recta final. Pero ese 'relator' llevaba pactado un tiempo.
El Gobierno se juega su futuro en estas horas trascendentales y por eso el gabinete de Sánchez y el de Carmen Calvo se han movilizado al máximo para intentar aplacar la que está siendo, probablemente, la crisis más profunda desde que ganaron la moción de censura. La tensión no se está dando solamente con los secesionistas, sino también en el seno del propio PSOE, con dirigentes que apoyaron a Susana Díaz en las primarias (como Soraya Rodríguez o Emiliano García-Page) alzando la voz contra el presidente.
Sin embargo, en el sanchismo no terminan de entender el revuelo formado en torno a esa figura del relator. Fuentes gubernamentales confirman a La Información que ese 'relator', esa especie de 'prohombre' (puede ser un hombre o una mujer), llevaba pactado con los independentistas al menos un mes. Explican que, efectivamente, ambas partes, Gobierno central y Govern, acordaron a principios de enero el nombramiento de una persona de consenso para que pudiera poner orden y encauzar la negociación en la mesa de partidos, nunca en la de ejecutivos. Pero ni secesionistas ni Moncloa dieron entonces importancia a esta figura, de forma que la filtración de este martes ha sido el detonante de la profunda crisis.
"Bombardeo" de llamadas a Moncloa
A partir del mediodía de este martes los teléfonos comenzaron a sonar en Moncloa. La mayoría de ellas provenían de dirigentes socialistas, que querían tener explicaciones sobre esa negociación con los independentistas. Las fuentes consultadas hablan de "un bombardeo" por parte dirigentes autonómicos socialistas. "Los territorios se encendieron", añaden en relación a la actitud de unos barones que se enfrentan a unas elecciones a la vuelta de la esquina y que no quieren presentarse ante sus votantes como los negociadores con los secesionistas.
La misma tarde del martes y ante el revuelo suscitado, la propia vicepresidenta Carmen Calvo se vio obligada a dar explicaciones en los pasillos del Senado: "No hacen falta mediadores para estar dentro de la ley, practicando constantemente el diálogo en democracia, que es casi una forma de estar y de hacer política obligatoria para todos", puntualizó la número dos de Moncloa.
Las críticas, internas y externas, iban en aumento y Moncloa concluyó en que había que afanarse en explicar que no era un mediador como tal. Es un detalle importante, ya que los independentistas siempre han exigido la figura de "un mediador internacional", término que el Gobierno se niega a emplear. Por eso, a lo largo de la misma tarde del martes, fuentes del Ejecutivo utilizaban varios eufemismos para definir a este 'fichaje' externo: "Observador", "facilitador", "una especie de notario", "alguien que dé fe", etc. Todo llevaba un mes pactado pero no se había dado a conocer.
A última hora de la tarde del martes, un portavoz del Gobierno quiso aclarar, aún más si cabe, la situación: "Para sostener dentro de la ley el diálogo sobre Cataluña, y que éste nos conduzca a una solución política, es necesario decidir los espacios para dicho diálogo y el método de trabajo. El primer espacio es el institucional, con la reunión de la Bilateral, prevista en el Estatut, para hablar de la situación y de las opciones posibles que, dentro de la seguridad jurídica y el orden constitucional, nos permitan dar salida a esta crisis por parte de ambos Gobiernos. El segundo espacio de diálogo es la mesa abierta a los partidos que en el ámbito catalán han de encontrar puntos en común que saquen a la sociedad catalana del actual escenario de fractura". Y añadía: "Para coordinar y ayudar en esta mesa de partidos, que es horizontal, habrá un relator que coordine las reuniones y ayude en su desarrollo. Será una persona neutral y elegida de común acuerdo". Más tarde volvía a aclarar que esa persona sería un "facilitador que coordine el trabajo de la mesa de partidos". Esa misma noche llegó el polémito tuit de Soraya Rodríguez:
Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una CCAA, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones.
— Soraya Rodríguez (@sorayapsoe) 5 de febrero de 2019
Ayer miércoles, ya por la mañana, el Gobierno tuvo que seguir aclarando la situación. En Moncloa se desayunó con la mayor parte de la prensa hablando de cesión y volviendo a insistir en el término maldito: "Mediador". Calvo intentó explicar en la Cadena SER que se trataba de un relator, pero no consiguió despejar las dudas del todo. Por eso, a mitad de día, la Secretaría de Estado de Comunicación convocó a los periodistas para seguir haciendo pedagogía. La misma Calvo hizo lo propio insistiendo una y otra vez en que ese relator se iba a limitar a poner orden en el debate de la mesa de partidos.
Respecto a la búsqueda del polémico relator, fuentes cercanas al Gobierno afirman que la intención de los partidos presentes en la mesa es elegir a un expolítico o a un empresario. Se ha sondeado algún nombre, pero admiten ciertas dificultades para que algún candidato de nivel acepte tal encargo.
Con estos gestos en Moncloa aspira a que los independentistas giren en los próximos días y retiren a última hora su enmienda a la totalidad. "Ellos verán lo que hacen", afirman fuentes gubernamentales, confiando en que la negociación con ERC y el PDeCAT llegue a buen término. La fecha límite es el miércoles 13 en torno al mediodía, cuando arrancará la votación en el Congreso, justo unas horas después del inicio del juicio contra los exdirigentes de la Generalitat.
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