Relatores ONU y OEA piden a México mayor esfuerzo para proteger a periodistas

  • Los relatores para libertad de expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) instaron hoy al Gobierno de México en un informe conjunto a enfrentar con urgencia el "problema crítico" de la violencia contra los periodistas, que ha dejado 75 muertos desde el año 2000 a la fecha.

México, 24 oct.- Los relatores para libertad de expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) instaron hoy al Gobierno de México en un informe conjunto a enfrentar con urgencia el "problema crítico" de la violencia contra los periodistas, que ha dejado 75 muertos desde el año 2000 a la fecha.

En una videoconferencia desde Washington para presentar el informe de la visita realizada por las relatorías en agosto de 2010, el representante de la ONU, Frank La Rue, aseguró que México "ocupa el primer lugar en violencia contra periodistas en el continente" y "el quinto" en la medición de Naciones Unidas.

El informe recuerda que defender el derecho a la libertad de expresión "constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática" y señala que México enfrenta grandes desafíos en la materia.

En varios estados los periodistas han sido amenazados o asesinados por miembros del crimen organizado, pero también han sufrido abusos por parte de funcionarios o fuerzas federales desplegadas en el marco de la lucha contra la delincuencia lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006.

El informe aborda siete temas: violencia, impunidad, autocensura, concentración de medios de comunicación, legislación penal en materia de libertad de expresión, acceso a la información y publicidad y medios, y contiene recomendaciones específicas en cada uno para mejorar la situación de los periodistas mexicanos.

Una de ellas es la de "fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión", que depende de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), pero que los relatores consideran que está infradotada de recursos económicos y de personal.

Aunque hay "enormes avances" en algunos ámbitos como en el de transparencia, en el país sigue habiendo "importantes desafíos" en materia de protección de la libertad de expresión y persiste la violencia contra los comunicadores, explicaron los relatores.

En 2011 se han registrado "trece asesinatos de periodistas", en los cuales "no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional", recordó, por su parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero.

La colombiana sostuvo que todavía nada indica que se esté superando el problema de la violencia y de la "impunidad" en los crímenes contra periodistas.

Además, hay doce casos de desapariciones de comunicadores del año 2000 a diciembre de 2010.

Según Botero, urge adoptar un plan "estratégico, integral" y "decisivo" que forme parte de las políticas de seguridad pública que se desarrollan en México y supere en cuanto a efectividad lo puesto en marcha hasta ahora.

Destacó la necesidad de trabajar en tres ámbitos a la vez: medidas de prevención, protección y procuración de justicia en los casos de violencia contra periodistas porque la gravedad de la situación lo exige.

Recordó que "el crimen organizado es el mayor y más grande agresor de periodistas, pero no es el único", contra lo que dicen con frecuencia las autoridades mexicanas ante los casos.

También participó en la videoconferencia el subsecretario para Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, quien consideró que en la gestión de Calderón ha habido "avances significativos", aunque reconoció que aún quedan algunas acciones por instrumentar.

Sin embargo, sus argumentos fueron rebatidos por el periodista Roberto Rock, quien dijo que asuntos cruciales como la puesta en marcha de un mecanismo nacional de protección a periodistas en situaciones de riesgo estaban estancados.

La visita de la ONU y OEA a México fue la primera conjunta de una misión oficial de los dos organismos, cuyos relatores recorrieron en dos semanas los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y el Estado de México.

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