Las reiteradas peticiones de Carlos Lesmes para que la clase política desbloquee la situación de parálisis en la renovación el CGPJ no parecen surtir efecto. Las negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para proponer a los veinte nuevos vocales del órgano de gobierno de jueces siguen todavía en un 'impasse', agravado además por el parón consecuencia de la crisis sanitaria. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha dado impulso a cambios de calado en su seno como el relevo en las presidencias de la Sala de lo Contencioso, lo Social y lo Militar.
De este modo, el alto tribunal ya trabaja en los nombramientos no solo en estas tres presidencias sino también en la Sala de lo Penal, donde ya se han aprobado las listas de candidatos a las plazas que dejan por jubilación uno de los magistrados del 'procés', Luciano Valera, además de Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Se trata de tres plazas clave en una Sala que preside Manuel Marchena y a la que corresponde todas las acciones penales contra miembros del Gobierno y el resto de aforado. De hecho, la misma tiene sobre la mesa más de 40 querellas y 30 recursos contra miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia. Como candidatos a estos puestos destacan el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, entre otros juristas de prestigio.
Fuentes del órgano de gobierno de jueces aseguran a este diario que el impulso dado para renovar los nombramientos pendientes y aprobar las bases de convocatoria de 25 cargos judiciales se enmarca en el objetivo de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) acerca de que aunque el mandato ya esté caducado se mantienen las competencias y, por tanto, se tiene que seguir trabajando en las plazas que quedan vacantes. El propio Lesmes ha vuelto a remitir este mismo miércoles una misiva a las presidentas del Congreso (Meritxell Batet) y del Senado (Pilar Llop) para pedir una solución al problema que se alarga desde el 4 de diciembre de 2018, momento en que terminó su mandato de cinco años.
Negociaciones en punto muerto
Se trata de la cuarta ocasión en la que Lesmes se dirige a las Cámaras para instar a la renovación del CGPJ siendo la primera de ellas la que se produjo en enero de 2019 ante los entonces presidentes del Congreso y Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero, respectivamente. Desde entonces, el país ha pasado por dos elecciones generales y una investidura fallida que dejaron un panorama de inestabilidad política sin precedente. Y ello pese a que el acuerdo en la primera mitad de 2019 parecía ya cercano y las quinielas apuntaban a Manuel Marchena como sucesor de Lesmes en el alto tribunal y en el CGPJ. Sin embargo, su renuncia producida para preservar su independencia tras filtrarse unos mensajes de Ignacio Cosidó en los que presumía de los nombramientos del PP, dieron al traste con el acuerdo para la renovación y abocaron las negociaciones a la casilla de salida.
Lesmes admite en esta cuarta carta que a este escenario debe añadirse "la situación totalmente imprevista" generada por la crisis del coronavirus. Ahora bien, toda vez que ha finalizado el estado de alarma, dice que es necesario recordar el mandato legal del artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual recoge la obligación de los presidentes del Congreso y Senado a adoptar las medidas necesarias para impulsar la renovación de los 2o vocales, 12 de los cuáles son jueces o magistrados y el resto juristas de reconocida competencia. El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido a la urgencia de promover las negociaciones pese al estancamiento actual.
El ministro ha insistido en que es mandato constitucional y ha pedido al Partido Popular que sea proactivo para renovar estos órganos, al margen de la polémica por el sistema de elección que parte del mundo de la judicatura y algunas formaciones rechazan. No obstante, fuentes conocedoras de las negociaciones las sitúan en un punto parado y lejanas a alcanzar un acuerdo de propuesta. La formación popular también ha mostrado su disposición al diálogo y a llegar a buen término pero todavía afea al PSOE la toma de decisiones que consideran que retrasa la falta de un consenso común, como lo fue la designación de la antecesora de Campo, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado.
Sin vicepresidente
A todo ello hay que sumarle que el Tribunal Supremo sigue sin vicepresidente tras la jubilación de Ángel Juanes el pasado mes de octubre. La situación de bloqueo político que vivía el país, a las puertas de unas nuevas elecciones, llevaron a Lesmes a dejar en el aire el nombramiento de un posible sustituto. De este modo, Juanes se convirtió en el primer y único vicepresidente del órgano puesto que su designación en 2014 se produjo tras la reforma de la LOPJ de un año antes. Desde su jubilación, han ido asumiendo este puesto los vocales de mayor edad del CGPJ. De este modo, ocupó el cargo de vicepresidente en funciones el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón. Le sustituyó en junio tras su jubilación el presidente de la Sala de lo Social, Jesús Gullón, y ahora mismo la ocupa el presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín.
Precisamente, las salidas de los presidentes de las Salas de lo Social y lo Militar se incluyen dentro de los 25 cargos judiciales de los que se aprobaron las bases de convocatoria en mayo. Entre ellos se encuentra además la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ostenta el magistrado Luis María Díez-Picazo Giménez. La Comisión Permanente ya anunciado la convocatoria de esta plaza que quedará vacante el próximo 2 de septiembre por la expiración de su mandato. Se trata de tres cambios determinantes que influirán en el devenir de estas tres Salas del alto tribunal. Con todo, las renovaciones no solo se ciñen al Supremo puesto que afectan también a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria y de Islas Baleares, además de la Audiencia Provincial de Orense.
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