Renfe prepara el traspaso de Cercanías a las autonomías en pleno año electoral

El Gobierno activa la maquinaria burocrática para que las comunidades autónomas gestionen y sufraguen parte de los trenes y autobuses que circulen por su territorio, aunque el coste del transporte regional siga recayendo, en parte sobre las arcas del Estado. Las exigencias de Bruselas abren un nuevo melón para el Ministerio de Transportes, que tendrá que hacer frente al proceso de descentralización de competencias del transporte público hacia las regiones al mismo tiempo que planifica la llegada de más competencia a la alta velocidad.  

El presidente de Renfe, Isaías Taboas, anunció recientemente que la actualización del plan estratégico de la compañía prevista para este año 2023 incluirá una hoja de ruta para afrontar la liberalización de todos los servicios financiados por el Estado (OSP). Esto afecta a un buen número de trenes de Cercanías, Regionales y Media Distancia prestados por el operador público en virtud del proceso de apertura fijado por la Unión Europea. 

La obligatoriedad de abrir estos servicios a la competencia estaba fijada para el año 2023, pero la existencia de un contrato programa entre el Ministerio de Transportes y Renfe permite a la segunda seguir operándolos hasta 2028. Este plazo podría renovarse otro lustro, pero la dirección de Renfe da por hecho que no se realizará: "Desconocemos aún cuál será el modelo, pero seguro habrá licitaciones y nosotros empezamos desde ya a prepararnos para ganar todas aquellas que haya", aseguró Taboas en un mensaje a sus empleados a finales de diciembre. 

Cataluña y Andalucía podrían ser las primeras

Hasta el momento hay dos comunidades que ya se han mostrado abiertas a asumir cuanto antes estas competencias. El caso más claro es Cataluña, que desde hace años mantiene una batalla política con el Gobierno de España, sea del color que sea, por la gestión del servicio de Rodalies. Los gobiernos catalanes de los últimos años han abogado por que sea FGC, el operador público bajo el control del govern, quien gestione su red. A día de hoy Renfe sigue prestando el servicio, pese a que el Contrato Programa que lo regula está caducado y la Generalitat se niega a firmar su actualización. 

La segunda es Andalucía, que ya ha anunciado su interés por sacar a concurso varias líneas ferroviarias entre sus capitales de provincia y dar entrada a operadores privados, aunque lo harán complementando la oferta de Renfe. A lo largo de este 2023 se estudiarán las condiciones técnicas para prestar estos servicios, que podrían entrar en funcionamiento a partir de 2024. Entre las interesadas se encuentran ALSA y Eco Rail, una empresa andaluza todavía sin actividad bajo la batuta de exdirectivos de Renfe. 

La descentralización también llega al autobús

Transportes busca extender esta descentralización al autobús, un proceso que ya ha comenzado con el diseño del nuevo mapa concesional y que, hasta el momento, ha levantado una importante polvareda política pese a no haber pasado aún del borrador. Los planes del Gobierno pasan por rebajar y simplificar el número de líneas de autobús estatales, operadas bajo el sistema de concesión administrativa -vigente desde hace décadas-, con el fin de "hacer el sistema más eficiente pero que garantice la movilidad de los ciudadanos". 

La licitación de estas nuevas rutas tendrá lugar en 2024 y se realizará en régimen de concurrencia competitiva, según indicó el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria. Esta nueva red atenderá la demanda de viajeros de largo recorrido entre comunidades autónomas, cuya competencia sí pertenece al Estado, con el fin de recortar los tiempos de viaje. Las paradas que dejarán de hacerse en estas rutas serán asumidas por rutas regionales, que podrán incorporar trayectos a demanda y estarán conectadas a la red estatal. El Gobierno asegura que se ofrecerá una contraprestación económica a cada autonomía para garantizar la viabilidad de este nuevo sistema. 

Los territorios de la España Vaciada se han levantado en armas contra el plan del Gobierno, ya que consideran que la red planteada favorece la conectividad entre grandes núcleos, pero se olvida de las localidades más pequeñas. Algunas como Aragón ya han anunciado que buena parte de las líneas -unas 110 de las 151 actuales- serán asumidas por la comunidad autónoma, aunque otras podrían desaparecer. 

Su presidente regional, Javier Lambán, aseguró en diciembre que las fechas que se manejan para la entrada en vigor de las nuevas rutas se alejan hasta 2024, previo acuerdo con todas las comunidades autónomas, y reclamó "algún tipo de ayuda por parte del ministerio para cofinanciarlas, como mínimo". Para superponer las redes nacional y regional, el Gobierno fijó en la nueva Ley de Movilidad Sostenible la creación de un sistema que refuerce la cooperación entre distintas administraciones.