La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amenaza con convertirse de nuevo en enero en la más potente arma arrojadiza entre las dos principales fuerzas políticas del país, una vez que el Gobierno de coalición ha encauzado los Presupuestos para el año que viene y, con ello, se ha asegurado su permanencia en Moncloa durante toda la legislatura y ha puesto el horizonte de unas nuevas elecciones generales en 2023, salvo causas de fuerza mayor. Fuentes cercanas al PSOE aseguran que el escenario en enero es otro, dado que el PP ya ha perdido la única baza que tenía para tumbar al Ejecutivo, de forma que está abocado a pactar la reforma del CGPJ, con más de dos años de retraso, si no quiere aparecer como el culpable de la parálisis del órgano de gobierno de los jueces.
Desde la derecha del PP mantienen el plante y, ante la necesidad de su apoyo para tener una mayoría de tres quintos a la hora de nombrar a los 20 nuevos vocales de la institución, no están dispuestos a ceder, por el momento, a su intención de dejar fuera de toda la negociación a Podemos. Los de Pablo Iglesias, empoderados por los socialistas, no sólo quieren su parte del pastel con algún vocal que sea afín a su formación e ideología republicana, sino que plantean que haya hueco en la mesa para sus 'amigos' de ERC y Bildu, la mayoría que les ha apoyado en los PGE, algo que desde el PP se ve casi como un "sacrilegio", según señala una de las portavoces de la formación.
Desde el partido de Pablo Casado se muestran dispuestos a estirar esta pelea lo que haga falta, a la vista de que la actividad fundamental de nombramientos y control de jueces no se ha paralizado, con dos líneas rojas nuevas sobre la mesa a las que vuelven a condicionar el desbloqueo: la primera son los posibles indultos a los presos del 'procés' por parte del Gobierno, después de que la Fiscalía y una buena parte de la clase judicial se haya opuesto a ellos; y la segunda, las elecciones en Cataluña, previstas para el próximo 14 de febrero, pero que pueden ser retrasadas a mayo si el azote de la pandemia en Cataluña hace imposible su desarrollo en ese momento.
Sin miedo a la presión de Moncloa
Desde la sede del PP en la calle Génova no hay miedo, por el momento, a la presión que puedan supone los cambios legislativos que PSOE y UP han puesto en marcha para forzar una reforma del CGPJ. Cuentan con la victoria que lograron sobre la primera iniciativa de Pedro Sánchez de cambiar a mayoría absoluta la elección de 12 de los 20 miembros del consejo, con el aval de los socios europeos, que ahora tienen a España en el foco y vigilan cualquier iniciativa legal que se salga de los cánones que marcan la independencia judicial en Europa.
La última propuesta de los socialistas en el Congreso, de hace apenas un par de semanas, para limitar la actividad en materia de nombramientos de un CGPJ en funciones "la están perdiendo más por los hechos que por otra cosa", señalan desde el PP, después de que, bajo la batuta de Carlos Lesmes, el órgano mantenga su actividad para cubrir las cerca de 30 plazas pendientes en las audiencias provinciales, los tribunales especializados y hasta las propias salas del Tribunal Supremo. "Una actividad que está bien vista y vigilada incluso desde Europa", advierten, sobre todo desde que en el último pleno de la institución se conminara al Ejecutivo a consultar con los jueces y el resto de los órganos del Poder Judicial, incluida la Fiscalía, un cambio legal como el que proponen.
La lucha de poder en la que se ha convertido la renovación del CGPJ choca de forma radical con el hecho de que hasta en dos ocasiones se ha estado a punto del acuerdo y la certeza que existe entre los miembros de la carrera judicial de que los 20 nuevos miembros llevan pactados desde hace más de dos años, 10 de cada partido y sin variaciones significativas. El primer fracaso con Dolores Delgado como ministra y el que iba a ser presidente del Supremo y del CGPJ Manuel Marchena, el juez del 'procés' y presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, sentó las bases de ese reparto con la única duda de encontrar otra persona para poner al frente.
Fuentes políticas y judiciales consultadas se muestran seguras de que el puesto de Lesmes será ocupado ahora por una mujer, con la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pilar Teso, como la propuesta que haría el partido que lidera el Gobierno. Se trataría de la primera mujer que presidiría del órgano en sus 42 años de historia. Además de Teso también suena el nombre de Ana Ferrer, igualmente magistrada del Supremo e integrante del tribunal de la Sala de lo Penal que enjuició a los líderes independentistas del 'procés'.
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, terminaba el año asegurando que el acuerdo para el CGPJ, en lo que a las negociaciones de nombres y cargos se refiere, ya estaba listo para ser una realidad siempre que el PP le diera el visto bueno defintivo, si bien la última conversación telefónica entre Sánchez y Casado, con los indultos de los presos y las elecciones catalanas sobre la mesa, lo han vuelto a congelar todo sine die, no por razones de justicia, sino por la coyuntura política.
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