Uno de los principales retos que tendrá que asumir el nuevo gobierno que salga de los comicios de este 28 de abril es la modernización de la Justicia. El futuro ministro de Justicia va a tener que tomarse muy en serio esta asignatura pendiente sobre todo después de dos momentos especialmente duros que ha vivido la hasta ahora responsable de esta cartera, Dolores Delgado, en sus escasos diez meses en el cargo: la crisis desatada en la carrera judicial tras el fallido intento de renovación del CGPJ y la histórica huelga de jueces y fiscales del pasado mes de noviembre.
Se trata de dos 'patatas calientes' para la persona que suceda a la fiscal de la Audiencia Nacional puesto que ambos asuntos llevan mucho tiempo en punto muerto. En lo que respecta a la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, las negociaciones están congeladas después de que el pasado mes de noviembre estallara por los aires casi 'in extremis' el acuerdo cerrado entre los principales partidos para renovar los miembros del CGPJ. Las negociaciones, que se llevaron a cabo entre la actual ministra y su antecesor en el cargo Rafael Catalá, se acabaron rompiendo después de que el actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, renunciara a presidir el alto tribunal.
El magistrado al frente del tribunal que juzga el 'procés' dio marcha atrás a días de que la cámara baja votara la idoneidad de los nuevos 20 vocales tras las tensiones políticas que se desataron con la difusión en prensa de un mensaje del exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó sobre el supuesto control que "por la puerta de atrás" iba a tener la formación popular de la Sala de lo Penal, en aras de que arrancara el juicio por la deriva independentista. Cosidó, por su parte, denunció que el PSOE, que aceptó la presidencia de Marchena a cambio de una mayoría progresista, filtró intencionadamente el nombre del magistrado escogido con el fin de boicotear el acuerdo.
Con todo, este nuevo pacto para sustituir a los miembros del CGPJ y a su presidente Carlos Lesmes -en funciones puesto que su mandato expiró el pasado 4 de diciembre- provocó un profundo malestar en las principales asociaciones judiciales puesto que denuncian intercambio de cromos con tinte político en un órgano en el que la elección de vocales debería ceñirse exclusivamente a criterios jurídicos. Precisamente este uno de los reclamos de la judicatura largo tiempo reivindicado junto con la modernización del sistema. A este respecto, aunque ya se ha puesto en marcha el proyecto de 'papel cero', los juzgados del país siguen sin contar con sistemas modernos que permitan apostar por la digitalización
La paciencia se agotó el pasado mes de noviembre cuando las asociaciones judiciales y fiscales se agruparon para convocar una jornada de huelga conjunta que contó con un seguimiento del 61 por ciento. Aunque el año pasado se vivieron muchos paros puntuales, esta jornada celebrada el 19 de noviembre se convirtió en la segunda de la historia del país que aglutinó a todo el sector de Justicia. En concreto, 3.234 magistrados y 1.004 fiscales unieron sus fuerzas en un momento especialmente delicado puesto que el viraje del Tribunal Supremo al volver a cargar los gastos hipotecarios a los clientes provocó una honda crisis de credibilidad no solo en el alto tribunal sino en toda la Administración.
Otro de los asuntos a abordar con urgencia es el de la necesidad de dotar de más medios materiales y personales los juzgados del país para determinar unas cargas de trabajo de razonables. A este respecto, en Europa la media es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en España el número se reduce a 11; en lo que respecta a fiscales la cifra pasa de 11 por cada 100.000 habitantes en Europa a 5 en España. Reducir la tasa de litigiosidad es otro de los puntos pendientes desde hace mucho tiempo: en España se resuelven un total de cinco millones y medio de pleitos al año en todos los juzgados de España, lo que supone un incremento en los litigios del 56 % que se traduce directamente en una mayor carga de trabajo para los funcionarios de la Administración.
Corrupción como telón de fondo
Además de todos los asuntos pendientes que tendrá que abordar el nuevo ministro, no hay que olvidar que su gestión será estudiada al milímetro, especialmente en lo que respecta a las causas de corrupción. En este sentido tanto Rafael Catalá como Dolores Delgado acusaron la lacra de la corrupción casi hasta el final de sus mandatos. En lo que respecta al ministro 'popular' tuvo que salir al paso de la condena a su partido en calidad de partícipe a título lucrativo por su implicación en la primera etapa de la trama Gürtel. Además, la gestión del exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix en el caso 'Lezo' acabó provocando su reprobación en el Congreso y la del fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Delgado tampoco ha salido ilesa de otra causa de corrupción de actualidad: el caso Tándem. La publicación en prensa al comienzo de su mandato de unos audios relativos a una comida que mantuvo, entre otras personas, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, le puso en la cuerda floja y corrió la misma suerte que su antecesor llegando a ser reprobada en la cámara baja. Las grabaciones que hizo el jefe policial de ese almuerzo que tuvo lugar en el restaurante Rianxo en 2009 provocaron una honda crisis en el Ejecutivo, especialmente debilitado por la dimisión de Màxim Huerta o la difusión en prensa de que Pedro Duque tenía un chalet en Jàvea (Alicante) a nombre de una sociedad patrimonial.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios