Se aprobará la próxima semana

Escrivá controlará mes a mes las rentas familiares para cobrar el ingreso mínimo

Fotografía José Luis Escrivá, congreso / EFE
Fotografía José Luis Escrivá, congreso / EFE

El Gobierno afina durante esta semana los últimos detalles del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se aprobará en consejo de ministros el próximo martes. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha introducido importantes novedades respecto a los primeros borradores de trabajo y está acelerando las decisiones para poder activar la prestación lo antes posible. Uno de los cambios tiene que ver con el cálculo de las rentas para poder optar a la prestación ya que se está limitando al máximo el periodo de estimación para poder disponer de información puntual y actualizada de los beneficiarios.

Es una novedad importante a la hora de establecer la prestación final. El Instituto Nacional de Seguridad Social está acotando al máximo ese cálculo y establecerá un control que podría ser incluso mensual de la renta de cada familia, según indican desde el Gobierno. "Estamos viendo cómo se puede tener en cuenta la renta más actualizada posible", explican fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá. Quedará, por tanto, desechado el planteamiento de inicial de estimar el montante del ingreso mínimo a través de las rentas percibidas en el año 2019.

El formato que utilizará la Seguridad Social para monitorizar las rentas prácticamente mes a mes será digital. Un sistema informático mezclará los datos de la Agencia Tributaria para conocer si la unidad familiar tiene derecho a percibir el ingreso mínimo vital y autorizar la cuantía final. Asímismo, si una familia excede el nivel de rentas establecido quedará automáticamente excluida del cobro de la prestación.

Estos son algunos de los detalles que incluirá un decreto ley que ya ha empezado a elaborarse de cara al consejo de ministros del próximo martes. Pero no será la única novedad. Tal y como adelantó La Información, el IMV no exigirá la búsqueda activa de trabajo, al menos en lo se refiere a la prestación base que abonará la Seguridad Social. Se establecerán una serie de incentivos, eso sí, para quienes participen en políticas activas de empleo, pero serán gestionados por las autonomías.

Más concreciones: la primera vivienda quedará exenta en el cálculo de la renta, así como la deuda asociada a la misma, y habrá que cumplimentar un "test de patrimonio", según detalló este lunes el propio Escrivá en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Los análisis del Gobierno apuntan a que el número total de hogares que podrán beneficiarse de la renta mínima se sitúan "cerca del millón de hogares", afirmó. El coste total está estimado entre los "3.000 y los 3.500 millones de euros" anuales. 

La cuantía del IMV se va a situar en 462 euros mensuales para los hogares unipersonales. A partir de ahí se podrá ir incrementando la prestación dependiendo de la unidad familiar hasta algo más de 1.000 euros, según confirman fuentes gubernamentales. Desde el equipo del ministro trasladan, no obstante, que "las cantidades individuales por tipo de hogar se están revisando a diario, según avanzan los cálculos" y aún está pendiente concretarlas. Las simulaciones, dicen, son constantes.

El IMV se cobrará, además, "mensualmente" pero en el consejo de ministros de este mismo martes habrá una novedad. El Gobierno va a agilizar el cobro exrpés de una prestación para unos "100.000 hogares", los más vulnerables. Para ello se van a habilitar "de oficio reconocimientos de partida que permitan arrancar con un número importante de hogares que reciban la prestación", a través de la información de la Seguridad Social, los ayuntamientos y las comunidades de familias con dificultades económicas. "Habría un reconocimiento, no inmediato, pero con bastante rapidez", concretó ayer Escrivá.

Con la aprobación del IMV la próxima semana y de esta prestación inminente para los más vulnerables el Gobierno no debería tener problema para cumplir con las condiciones que fijó ERC para abandonar el 'no' y poder facilitar la quinta y última prórroga del estado de alarma, esta vez por aproximadamente un mes. Los republicanos también han reclamado una prestación para los trabajadores que no puedan conciliar y Escrivá se ha abierto a poner en marcha esta medida.

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