La renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial ante las tensiones políticas producidas en el seno del Partido Popular para controlar el proceso de nombramiento de vocales, aboca a reabrir de nuevo todo el proceso negociador entre socialistas y populares para cerrar una lista definitiva y amenaza con aplazar su votación en el Pleno del Congreso de este jueves.
Fuentes jurídicas cercanas a ambas partes advertían que, después de que el presidente de la Sala de lo Penal haya decidido apartarse de este proceso en aras de preservar su independencia, se puede producir una cascada de retiradas de los candidatos propuestos hasta ahora, de forma que tanto la ministra de Justicia, Lola Delgado, como el responsable de este área del PP, Rafael Catalá, tengan que volver a sentarse a negociar.
La filtración del mensaje del exdirector general de la Policía y actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el supuesto control que “por la puerta de atrás” iba a tener la formación popular de la Sala de lo Penal, que es la que va a juzgar a los procesados por la deriva independentista de Cataluña, ha sido solo el detonante de una situación interna de enfrentamiento entre el PP y el propio Marchena, por la lista de sus candidatos.
Fuentes políticas cercanas a ese partido aseguran que, hasta ayer a última hora, la intención de los populares era aplazar el pleno de la cámara baja del jueves, para tener tiempo de decidir sobre unos candidatos que, tras el pacto alcanzado con el PSOE, podrían ser clave en muchas decisiones del Supremo. No solo se cuenta con el control de la Sala Segunda, sino que dentro del PP son muy conocedores de que en la lista que han presentado desde el ala socialista hay varios enfrentamientos claros que no le garantizan el consenso como bloque en muchas votaciones. Esa ambición política ha frenado todo el proceso y ahora amenaza con echar por tierra el acuerdo alcanzado.
Cabe tener en cuenta que, el pacto alcanzado entre las dos formaciones para renovar el órgano de gobierno de jueces y que incluía que otorgar la presidencia del mismo al magistrado Manuel Marchena, provocó una auténtica reacción de malestar dentro de las asociaciones judiciales por el hecho de que se conociera con esa certeza el nombre del sucesor de Carlos Lesmes, y cuya designación tiene que salir del resultado de la votación que efectúen los nuevos 20 vocales del CGPJ.
El visto bueno por parte del equipo del PSOE a que Marchena presidiera el nuevo órgano de gobierno de jueces se cerró a cambio de garantizarse una mayoría de vocales de corte progresista, en concreto, 11 del total de 20. Entre el baile de nombres que se conocía la semana pasada destacaba el magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada (propuesto en calidad de jurista de reconocido prestigio), el magistrado José María Fernández Seijo o la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y mujer de Pablo Llarena, Gema Espinosa, entre otros.
Nombres de mujeres para puestos clave
Quedaba por saber todavía el nombre del sustituto de Ángel Juanes en la vicepresidencia del Tribunal Supremo, si bien las quinielas apuntaban a que la candidata idónea para el Gobierno era Ana Ferrer, integrante de la Sala de lo Penal. No obstante, la renuncia de Marchena deja en el aire no solo este nombramiento sino la posibilidad de que se vuelva a hablar de candidatas mujeres para presidir el órgano de gobierno de jueces.
Con todo, la consecuencia directa de un aplazamiento en la renovación del órgano de gobierno de jueces es la prolongación de Carlos Lesmes al frente del mismo, muy en entredicho tras el escándalo del impuesto de las hipotecas. No obstante, fuentes jurídicas aseguran que esta prolongación -que comenzaría a contar a partir del 4 de diciembre, fecha en la que expira su mandato-no sería para él más que seguir con una pesadilla que quiere olvidar cuanto antes.
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