Un informe divulgado la semana pasada por una interventora contratada por el gobierno para auditar el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas estableció un daño económico de 14,5 millones de bolivianos (unos 2 millones de dólares), al detectarse inicialmente 30 proyectos sociales y de desarrollo fantasmas, entre 2009 y 2014.
La investigación, que comenzó en febrero pasado por orden del presidente aymara Evo Morales, surgió después que la Contraloría General revelara que entre 2010 y 2013 fueron desviados recursos a cuentas particulares.
La interventora Lariza Fuentes indicó que el daño económico podría ascender hasta los 102,2 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares).
Achacollo era presidenta del directorio del fondo, y Alpiri era el encargado de uno de los proyectos observados.
"Yo me voy a defender desde afuera, yo estoy segura de lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado", afirmó Achacollo, durante una conferencia de prensa, para terminar el cargo que ejerció desde 2010, tras una dilatada trayectoria como dirigente sindical y política por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
"No hemos cometido ningún delito, no he me llevado un (peso) boliviano", agregó.
Tras la dimisión, Morales posesionó rápidamente a su reemplazante, el exgobernador de La Paz y militante oficialista César Cocarico, quien recibió el encargo de seguir indagando sobre los malos manejos.
El presidente también aseguró que su gobierno no tolerará la corrupción.
Por separado, el embajador boliviano en Paraguay calificó de "trucho" (falso) el informe de la interventora del fondo indígena, según reseñó el diario La Razón en su portal en Internet.
"Es la primera vez que un indígena del pueblo ayoreo (de la Amazonía) asume un cargo muy importante (embajador), para que hoy saquen un informe 'trucho'. Pero voy a demostrar mi inocencia porque tengo todo los informes", aseguró Alpiri, en el cargo desde octubre de 2014.
Unos 17,3 millones de bolivianos (2,5 millones de dólares) fueron recuperados y se iniciaron 56 demandas penales que involucran a 90 personas, para intentar reparar todo el dinero.
El Fondo Indígena manejaba recursos para proyectos sociales y de desarrollo, exclusivamente para sindicatos y nativos bolivianos.
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