El sistema eléctrico está cubierto por una manta demasiado pequeña para cubrirlo por entero. El Gobierno ha congelado las parte regulada del recibo para 2019 y prevé un déficit entre ingresos y gastos de 455 millones. El desfase se cubrirá con reservas, pero la situación no se puede perpetuar. El Ministerio de Transición Ecológica planea repartir las competencias sobre la tarifa con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), según el borrador de decreto al que ha tenido acceso La Información. El reparto obligará a revisar la arquitectura del sistema y puede acabar con cinco años de congelación de peajes.
En los últimos meses Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado medidas urgentes para contener la escalada de la factura eléctrica -en octubre suspendió seis meses el impuesto eléctrico-, ha rebajado en 40 millones la factura a las industrias vascas y ha impulsado el cambio de los hogares a tarifas de discriminación horaria, más baratas. Además, ha propuesto congelar, por quinto año consecutivo, los peajes eléctricos, que pesan en torno a un 40% en el recibo que pagan los 11,5 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC).
El resultado de todas esas medidas, más las obligaciones derivadas de litigios perdidos, es, según la memoria económica que acompaña la propuesta de Orden de Peajes para 2019 elaborada por el Gobierno, un agujero de 455 millones de euros. Déficit. Un socavón que habrá que cubrir con el superávit acumulado en el sistema en los últimos años -más de 1.000 millones-, algo que el Gobierno también autorizó en el decreto de medidas urgentes de octubre.
La última orden
Esa orden ministerial de peajes, con el agujero que la acompaña, puede ser la última que elabore el Gobierno si se aprueba antes de fin de año, tal y como está previsto, el decreto que repartirá las competencias sobre la parte regulada del recibo entre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Gobierno.
El reparto obligará a revisar la Circular de Peajes del año 2014 -nunca aplicada- y a reestructurar la arquitectura de todo el sistema. Casi con toda probabilidad, según las fuentes consultadas, 2019 puede ser el último año en el que los peajes permanezcan congelados. Más presión para la factura final.
El borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica para devolver competencias a la CNMC contempla que el ministerio (artículo 16) "dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de los cargos (...)". Por su parte, la CNMC "establecerá, mediante circular,la metodología para el establecimiento (sic) de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución".
El reparto supone que la CNMC tendrá competencia sobre el importe de los peajes -en torno a 7.000 millones que retribuyen las redes de transporte y distribución- y el Gobierno sobre los cargos -11.000 millones-. La Ley Eléctrica de 2013 diferenció entre peajes y cargos. Estos incluyen la retribución a las renovables, los pagos a los sistemas de generación extrapeninsulares y los pagos por la deuda acumulada, entre otros.
Menos ingresos
Lo cierto es que la manta no da para cubrir a un tiempo cabeza y pies. Según las previsiones del Gobierno, en 2019, el sistema eléctrico va a ingresar 13.102 millones de euros, 281 millones menos que en 2018. Y va a registrar más costes -18.000 millones frente a los 17.656 millones de 2018- por mayor retribución a las redes de transporte y a las renovables, entre otros factores.
La caída de ingresos, cuando no se han tocado los peajes y ha crecido la demanda, se debe en buena parte a algo que beneficia a los usuarios: la obligación de las empresas eléctricas de informar a sus clientes de tarifa regulada de las rebajas que obtendrían si se acogen a la tarifa con discriminación horaria (conocida como nocturna). La tarifa recoge precios más bajos durante la mayor parte del día (de las 11 de la noche a la 1 del día siguiente). En realidad es una subvención al alcance de la mayor parte de los usuarios acogidos a la tarifa regulada.
El Gobierno prevé que en 2019, el número de clientes acogidos a la tarifa nocturna , 3,5 millones en la actualidad, rondará los ocho millones. Expertos como Jorge Morales creen que pueden ser muchos más. Con las previsiones del Gobierno, el cambio de millones de usuarios restará al sistema 160 millones de ingresos el próximo año. Aliviarán su factura, aunque la cuenta final puede ser engañosa. Si el déficit vuelve a asomar la cabeza, todos los usuarios tendrán que contribuir para resolver el problema.
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