La nueva ley educativa del Gobierno socialista estará lista en muy breve plazo, con la incorporación al anteproyecto de muchas de las propuestas de las comunidades y de los organismos educativos. El objetivo prioritario, según la ministra de Educación, Isabel Celaá, que explicó en el Congreso de los Diputados las claves de su reforma, es acabar con cinco años de vigencia de la Lomce -la norma que impulsó el Partido Popular-, "que solo ha aumentado el número de repetidores".
La responsable de Educación apuntó durante su comparecencia que la nueva ley se sustenta en cinco patas. La primera, aseguró, es un enfoque de los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidos, y la segunda, un enfoque transversal, orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
La ministra también apuntó que el anteproyecto reconoce la importancia del desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030 y la necesidad de potenciar la igualdad de género a través de la coeducación y fomentar la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Además, con el objetivo de reforzar los valores de las sociedades igualitarias, en primaria y secundaría se estudiará Educación en Valores Cívicos y Éticos. Como quinto pilar señaló la necesidad de tener en cuenta el cambio digital, "que sin duda afecta a la comunidad educativa".
Educación personalizada
Otros de los aspectos claves de la reforma será la recuperación de la estructura por ciclos y el impulso de la inclusión educativa y la educación personalizada. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se organizará para que se obtenga un título único, sin prueba externa, y se recuperarán los Programas de Diversificación Curricular y una nueva configuración de la Formación Profesional Básica.
La ministra señaló que se retomará la obtención del título de Bachiller a través del proceso ordinario de la evaluación, incorporando la prueba de acceso exclusivamente para la entrada a la universidad. Además, se flexibilizará su duración, sin obligar a repetir necesariamente cursos enteros. En cuanto a la Formación Profesional, se flexibilizarán las enseñanzas, se agilizarán los procesos de incorporación de nuevos contenidos, se organizarán las vías de acceso a los ciclos formativos y se impulsarán los procesos de acreditación de competencias profesionales reconociendo la experiencia laboral.
La escuela rural e insular serán prioritarias en el nuevo proyecto y se rediseñará el funcionamiento de los centros educativos. Así, las comisiones de selección de nuevos directores incorporarán a un director o directora experimentados y se establecerá una formación preceptiva con carácter previo al nombramiento como director o directora. Por último, apuntó que repetir curso será excepcional y que habrá seguimiento continuo de un profesor a los alumnos con más problemas.
Celaá acudió a la Cámara Baja tras las peticiones del Partido Popular y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que le habían instado a que detallase el anteproyecto y el decreto del Ministerio de Trabajo que afecta a los universitarios en prácticas y a los alumnos de FP dual. El 19 de diciembre, el ministerio remitió a las comunidades autónomas y a los organismos del ámbito educativo el anteproyecto de ley educativa para que todos los implicados hiciesen sus aportaciones. La propuesta quita peso a la Religión en las escuelas y a la creación de nuevos centros concertados, aspectos que han censurado algunas asociaciones.
En cuanto el impacto de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018", que convierte en obligatoria la cotización de las prácticas, otro de los asuntos de los que debía dar cuenta el Gobierno en el Congreso a petición del Partido Popular, la ministra Celaá intentó eludir la respuesta, asegurando que su comparecencia para hablar de ese tema era "impropia, además de anticipada, puesto que la norma está en desarrollo".
"Sin conocer el desarrollo normativo, sus deducciones y bonificaciones, no se puede cuantificar con fiabilidad, ni siquiera por aproximación, la cuantía", aseguró Celaá. La ministra instó al Partido Popular a que requiera explicaciones sobre la cotización obligatoria de las prácticas académicas al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dirigido por Magdalena Valerio, que redactó el Real Decreto Ley aprobado a finales de 2018 que incluye esta medida.
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