El Gobierno contabiliza al menos 20.000 fallecidos por Covid o síntomas compatibles con el virus en residencias de ancianos entre los meses de marzo y mayo. Son datos reflejados en un informe interno del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso La Información y que ha sido elaborado con la recopilación de números facilitada por las consejerías del ramo de nueve comunidades autónomas. La cifra contrasta con el número de muertos que actualizó el propio Ejecutivo el pasado viernes, 28.313, ya que en estos datos de los geriátricos no están incluidos los registros de territorios que también han sido especialmente golpeados por el virus, como Castilla y León.
El informe en cuestión certifica que la comunidad donde más muertos en residencias se han registrado ha sido Madrid: 7.690 de un total de 42.523 residentes, una cifra muy por encima de la media de otras autonomías donde hay registrados más internos en estos centros especializados en el cuidado de mayores. Es el caso de Cataluña, donde, siempre según los datos de este documento interno de Sanidad, se han registrado 4.702 fallecidos para un total de 49.004 mayores residentes en los centros para dependientes.
Al listado de fallecidos se añade Andalucía, donde se han certificado 2.150 muertes en residencias durante las peores semanas de la pandemia; Comunidad Valenciana, con 1.850; Asturias, con 864; Galicia, con 759; Navarra, con 641; Baleares, con 318; y Murcia, con 269. Aunque el documento en cuestión ha sido elaborado con la información proporcionada por estas nueve autonomías, es cierto que, según fuentes de Sanidad, el resto de territorios están obligados a remitir sus registros al Gobierno central una vez recopilados. Está previsto que lo vayan haciendo progresivamente. Los datos, aclaran desde el Gobierno, se refieren a decesos por la Covid-19 o con síntomas compatibles con la enfermedad.
El informe también evidencia que la Covid no ha golpeado por igual en las residencias repartidas por todo el territorio nacional. Madrid, en este caso, ha sido el territorio que ha sufrido un mayor número de muertes en relación a los centros disponibles. En la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso hay 710 establecimientos para personas mayores, por lo que el porcentaje de residentes fallecidos es del 18,1%. Casi uno de cada cinco residentes en estos lugares en Madrid ha fallecido. La cifra contrasta, por ejemplo, con el dato de Andalucía, donde hay 1.128 centros y ha muerto el 4,9% de los internos. Ambas comunidades están gobernadas por el PP. En el caso de Cataluña, por citar un gobierno ajeno a PSOE y PP, ha fallecido el 9,6% de los ingresados, casi uno de cada diez ancianos.
Casi uno de cada cinco internos en residencias de Madrid ha fallecido durante la epidemia de la Covid-19
Otro dato a tener en cuenta del informe hace referencia a las intervenciones de residencias. A medida que ha ido avanzando la pandemia los diferentes gobiernos autonómicos han ido haciéndose cargo de la gestión de estos centros de mayores para poder coordinar mejor los recursos sanitarios. Es lo que se conoce como aperturas de expedientes y, en este sentido, Madrid vuelve a ser la autonomía peor parada. De los citados 710 centros en la región se abrió expediente a 14 de ellos, lo que indica que el Gobierno regional intervino un porcentaje del 2% de los geriátricos. En número de internos afecta a 1.450. En Cataluña, por poder comparar, esa cifra se eleva al 19% y en Asturias, al 38,8%. Madrid, no obstante, no es la peor parada ya que en Galicia, donde fallecieron el 3,2% de los residentes, la administración autonómica intervino el 0,8% de los centros de mayores.
Fuentes del Gobierno indican que las comunidades autónomas tenían autorización para intervenir las residencias de mayores desde el 24 de marzo. Ese día el Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, publicó una orden dando esta facultad a los gobiernos autonómicos. Diez días antes el consejo de ministros había decretado el estado de alarma y facultaba a los ejecutivos de distinto color a convertirse en "autoridad competente" en la materia. Ello implicó que las autonomías podrían, "por motivos de salud pública", reubicar residentes o tomar las medidas que considerasen oportunas para garantizar su seguridad.
Los datos se conocen en una situación que todavía no se ha normalizado en las residencias. Las visitas siguen limitadas y en algunos casos se están dando nuevos positivos. Es el caso del centro Doctor González Bueno, el mayor geriátrico público de toda España, ubicado a las afueras de Madrid. El pasado viernes se blindó y prohibió la entrada de familiares tras detectar tres positivos entre sus internos. El Gobierno regional optó por cerrar el centro, en pleno cruce de acusaciones entre el equipo de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acerca de quién tuvo las competencias en la tragedia de las residencias de Madrid.
El Gobierno central ha propuesto esta misma semana la convocatoria de una Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para crear un grupo de trabajo con representación de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, todas las comunidades autónomas, personas expertas y agentes sociales. El objetivo es que este equipo analice de forma conjunta la situación de las residencias y proponga las medidas de coordinación se consideren necesarias para prevenir posibles rebrotes de la epidemia, como ya ha advertido el propio ministro de Sanidad.
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