El Gobierno ha aprobado un protocolo de actuación para propiciar encuentros seguros en residencias y centros de dependientes. La medida ha recibido el visto bueno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y, aunque no es vinculante, abre la puerta a que las comunidades autónomas adopten medidas en los centros residenciales sociales compatibles con las restricciones de seguridad sanitarias en vigor.
"El confinamiento de las personas que viven en residencia debe evitarse en lo posible y limitarse, en todo caso, a los casos sospechosos y/o positivos", se puede leer en esta guía eleborada por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que debería servir para que cada comunidad autónoma ponga en marcha su propio plan de actuación. El objetivo es evitar que las medidas de contención de la infección puedan comportar efectos adversos en las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas con problemas de conducta y de salud mental.
Las residencias también deben intentar que los residentes mantengan el contacto con sus seres queridos mediante, por ejemplo, sistemas telemáticos que sean accesibles, estimulando su movilidad y su orientación en espacio, tiempo y vínculos personales. Una opción que se plantea son la habilitación de "espacios seguros en el exterior de los centros residenciales a fin de propiciar encuentros interpersonales entre residentes y sus allegados, así como organizar salidas, paseos, etc, utilizando espacios abiertos y seguros con las debidas medidas de protección".
"Las limitaciones a las visitas deben aplicarse siempre con flexibilidad y especialmente ante situaciones de enfermedad avanzada, final de vida o de residentes con riesgo de síndrome confusional (delírium) o que presenten graves alteraciones conductuales, siempre con medidas estrictas de prevención de la infección para personal y familiares", añade el documento pactado.
La Vicepresidencia social también plantea que "las personas residentes deben estar informadas de la situación y de las opciones identificadas para respetar su derecho a decidir en la aplicación de las medidas necesarias en cada situación del centro".
El Gobierno estima que 20.268 personas fallecieron durante la primera ola del coronavirus en los centros residenciales españoles de servicios sociales, según un informe de la misma Vicepresidencia segunda. En el documento, que se aprobó en el mismo Consejo Interterritorial, se admite que existen "lagunas" en el análisis de lo sucedido en los centros de carácter residencial (de mayores y de personas con discapacidad) durante la primera oleada, puesto que faltan datos "suficientemente robustos y homogéneos entre territorios".
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