Revocan el procesamiento de los policías imputados en el caso del soplo a ETA

Madrid, 21 sep.- La Audiencia Nacional de España estimó hoy por unanimidad que hay indicios de delito en el "soplo" que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, pero no de que sus autores fueran los tres mandos policiales procesados por el juez Pablo Ruz, que deberá seguir investigando el caso.

La decisión fue adoptada por los catorce magistrados del pleno de la sala de lo penal del tribunal tras cuatro horas de deliberaciones sobre los recursos presentados contra su procesamiento por el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco (norte de España) Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.

En una nota de prensa, el tribunal indica que "el pleno aprecia indicios suficiente de un hecho que reviste los caracteres de delito", pero revoca el auto dictado el pasado 13 de julio por Ruz "por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación".

El caso se refiere al presunto soplo dado a ETA en 2006 sobre una inminente redada policial en el bar Faisán de la localidad vasca de Irún dentro de una amplia operación lanzada por las fuerzas de seguridad españolas contra la red de extorsión de empresarios de la organización terrorista.

El chivatazo se lo dio presuntamente el 4 de mayo de ese año un policía al dueño del Faisán, Joseba Elosua, uno de los responsables de esa extorsión de ETA a empresarios.

En el auto de procesamiento, Ruz indicaba que fue Ballesteros quien en el bar entregó a Elosua el teléfono móvil con el que se hizo el soplo, cuya autoría atribuye a Pamiés, mientras que García Hidalgo habría consensuado con este último "la acción perpetrada el 4 de mayo" de 2006.

Fuentes jurídicas consultadas hoy por Efe en el tribunal explicaron que los magistrados no han estudiado si el "chivatazo" recibido por Elosua debe ser calificado como colaboración con ETA, como sostenían las acusaciones populares, o como revelación de secretos, como mantiene la Fiscalía.

Al estimar insuficientes los indicios que el juez apuntaba contra los mandos policiales, éstos dejan de estar procesados, pero siguen imputados en la causa por los delitos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.

Ruz tendrá que seguir buscando nuevos indicios que le permitan procesar otra vez a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros (incluso por colaboración con ETA), o que le conduzcan a otras personas como autoras del soplo y, si no los encuentra, se verá obligado a archivar la causa.

En el auto de procesamiento ahora revocado, el juez Ruz afirmó que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".

Para el juez, en el "chivatazo" a ETA existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos" y el aviso a Elosua permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".

Mientras tanto, las defensas de los tres mandos policiales sostuvieron que sus representados no tienen relación con el "chivatazo" y solicitaron el archivo de la causa.

El "caso Faisán" se ha convertido en un tema destacado en la precampaña electoral que vive España ante los comicios generales del próximo 20 de noviembre.

Según el opositor Partido Popular (PP), uno de los acusadores populares en el caso y fuerza política que parte como favorita para los comicios, ya el mero procesamiento de esos mandos policiales debería haber inhabilitado al candidato del Partido Socialista (en el poder) a la Presidencia del Gobierno en las elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Rubalcaba era ministro del Interior cuando ocurrió el "caso Faisán", mientras que el actual titular del Departamento, Antonio Camacho, era por entonces el secretario de Estado de Seguridad.