La función del Gobierno será "auxiliar" al órgano judicial en sus pesquisas sobre la nueva información que compromete al Rey emérito con el cobro de comisiones ilegales a través de cuentas 'offshore', según la ministra de Hacienda María Jesús Montero. La política ha explicado que "desde esta mesa del Consejo de Ministros siempre hemos transmitido que la Justicia tiene que ser igual para todos y este Gobierno y todos los órganos que de él dependen colaboran con los tribunales de Justicia cuando es requerido y seguiremos trabajando más allá de que afecte o se esté hablando de cuestiones relativas al anterior jefe del Estado", en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.
La Ministra ha asegurado que "en Justicia cada uno responde de forma individual, por tanto, las personas que son llamadas o requeridas en los tribunales deben responder de forma individual a las cuestiones que los jueces puedan dictaminar tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. El alcance de las informaciones que hemos conocido llegan hasta las personas que están directamente involucradas dentro de esas actuaciones. Será la Justicia la encargada de aclarar las posibles responsabilidades a las que hubiera lugar de todos los que comparezcan".
Montero se ha referido así a la información que las autoridades suizas remitieron a España como parte de la investigación que mantienen desde hace años sobre presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares que afectaría al Rey emérito este martes. Concretamente, es la Fiscalía de Suiza la que ha enviado la documentación al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos, quien fue designado a principios de junio para dirigir las pesquisas abiertas en el otoño de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción para aclarar el destino de 100 millones de dólares que, según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey Juan Carlos por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas.
La documentación responde a la comisión rogatoria emitida desde España hace varios meses solicitando información sobre este asunto, aunque no ha llegado todo lo solicitado. Según las fuentes consultadas, ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha recibido los informes, pues fue el organismo que lo pidió, y al estar en francés se ha encargado su traducción. Una vez traducido, se enviará al fiscal del Supremo.
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