Miércoles, 27.03.2019 - 04:23 h
Comparecencia en el Congreso de los Diputados

Ribera afronta el fracaso del bono social eléctrico con 1,4 millones y otra reforma

La escalada de los precios de la electricidad empeora la situación de pobreza energética de 4,6 millones de ciudadanos, según el Gobierno

Acto de protesta por la pobreza energética en el centro de Madrid.
Acto de protesta por la pobreza energética en el centro de Madrid. / EFE

La factura eléctrica del hogar medio superará este año todas las marcas. Hará historia, pero en negativo. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que la pobreza energética afecta a 4,6 millones de personas, muchas de las cuales ni siquiera saben que tienen derecho a una rebaja en la factura. El bono social eléctrico, al que se podrían acoger 2,5 millones de hogares, no ha alcanzado las 700.000 solicitudes, menos del 30%, según los datos que manejan el Ejecutivo y las organizaciones de consumidores.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prepara una nueva reforma del bono. Adelantará las líneas maestras en la comparecencia prevista esta semana en el Congreso. Mientras tanto, el Ejecutivo hace frente a la tormenta de precios en el mercado mayorista eléctrico con pocas herramientas y, además, débiles. 

Un ejemplo. Transición Ecológica, según  las fuentes consultadas, movilizó el pasado viernes los fondos disponibles para informar a los potenciales beneficiarios del bono social de que el plazo para renovar la solicitud finaliza el 8 de octubre. Son unos fondos muy escasos: 1,4 millones de euros que estaban previstos y a disposición por el Ejecutivo anterior. Poco dinero para un  asunto que fuentes ministeriales definan como "una prioridad" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Gráfico bono social.
Gráfico bono social.

El bono ha sido uno de los temas centrales de las reuniones que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha mantenido con las organizaciones de consumidores. En la celebrada con Facua la pasada semana hubo un repaso de todo aquello que no ha funcionado con el bono: desde la falta de información hasta las dificultades de tramitación para colectivos que no tienen acceso fácil a la información. Facua defiende un bono especialmente dirigido a los colectivos más pobres y una tarifa regulada -razonable y protegida ante oscilaciones bruscas- para el consumidor medio.

Todo para evitar la situación actual en la que muchos usuarios no saben siquiera si están en  el mercado libre o en el mercado regulado -el bono social es sólo para los usuarios con tarifa regulada, PVPC- y desconocen cómo pueden acceder o tramitar la documentación necesaria para beneficiarse de los descuentos. Más después de los cambios que aprobó el anterior Gobierno, con Álvaro Nadal como ministro de Energía.

Hasta la reforma de Nadal, el bono social -creado en 2009 y siempre motivo de choque con las compañías del sector por la financiación- se centraba en la potencia contratada por los usuarios para aprobar o no las ayudas. La renta no era el factor clave. Definía como "consumidores vulnerables" a los clientes con una potencia contratada inferior a 3 kW; a los pensionistas con ingresos mínimos; a las familias numerosas y a los hogares con todos los miembros en edad de trabajar en paro.

Cambio de criterios

Nadal cambió los criterios. Desde octubre de 2017, el criterio de renta pasó a primer plano. El nuevo bono contempla un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año -familias sin hijos- y de 14.910 euros si tiene un hijo. El límite se eleva a 18.637 euros si hay dos hijos. Las familias numerosas y los pensionistas con prestaciones mínimas también pueden acceder a los descuentos. La rebaja puede llegar al 40% para hogares en riesgo económico severo.

El sistema no ha funcionado. Ni un tercio de los potenciales beneficiarios ha solicitado la renovación en el plazo previsto. Dicho plazo acababa en abril, pero se ha extendido hasta el 8 de octubre debido a la falta de demandaen las renovaciones. Es algo que preocupa al nuevo Gobierno Sánchez, que intenta hacer del combate a la pobreza energética uno de sus banderines de enganche del cambio. 

El bono social ha sido siempre un asunto polémico. En  2016, el Tribunal Supremo anuló el régimen anterior que obligaba a financiar el bono -244 millones al año- a los grandes grupos eléctricos. Tras la reforma de Nadal son todas las comercializadoras de electricidad las que financian los descuentos. Endesa, Iberdrola y Gas Natural asumen en torno al 88% del coste según su cuota de mercado.

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