La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha revelado este viernes que el Gobierno ha enviado una carta a Iberdrola y ha abierto una investigación para comprobar el uso que se está haciendo de las reservas de agua de algunas centrales hidroeléctricas, ante la denuncia que han hecho varios alcaldes de algunas zonas afectadas de que se están vaciando para generar más energía a un precio muy barato, en el momento en el que la luz se paga a los precios más altos. La ministra ha advertido que se trata de concesiones muy antiguas, algunas de ellas renovadas por el anterior Ejecutivo del PP en unas condiciones cuestionables, que ahora funcionan en un contexto que ha cambiado de forma radical, por lo que se podría plantear una revisión y la posibilidad de que haya cambios en su gestión, ya sea en una empresa o agencia pública, o por las mismas confederaciones hidrográfica a las que pertencen.
Ribera ha cargado este viernes contra todos los que sacan ahora “fórmulas mágicas” para bajar el precio de la luz y ha advertido que la creación de una empresa pública que aglutine los activos de producción hidráulica, que no ha descartado, tardaría varios años en ponerse en marcha y tampoco servirá para frenar la subidas fuertes de precios que se están produciendo ahora, porque el sistema marginalista que hay en Europa para ello sigue siendo el mismo. La ministra ha admitido que el consumo de agua que hacen las eléctricas para generar energía es completamente legal y legítimo, pero se ha mostrado muy preocupada por la posibilidad de que se abuse de ese recurso, que es el más barato para producir electricidad y cuyas instalaciones llevan muchos años amortizadas, hasta el punto de que se ponga en riesgo la sostenibilidad ambiental de las zonas colindantes, tal y como han advertido los alcaldes de la zona.
Ribera ha enviado a su secretario de Estado a reunirse con los alcaldes de las zonas que ven como baja el agua de sus pantanos y ha puesto en revisión unos contratos de concesión que, según ha explicado, contienen un volumen de agua que se puede utilizar para la generación eléctrica, pero no siempre marcan como se distribuye en el tiempo o cuáles son los caudales mínimos que hay que respetar, que en estos momentos pueden no ser compatibles con el nivel de bienestar que hay que garantizar a los ciudadanos y los pueblos de cada zona. Esa revisión se va a producir, por lo pronto, en las riberas del Tajo y del Duero, que hacen un uso muy intensivo de los saltos de agua.
De cara a esa posible empresa pública con activos hidroeléctricos, Ribera ha reconocido además que hay un número importante de concesiones que terminan a lo largo de esta década -dos de ellas de más de 20 megavatios a medio plazo- y "llevamos desde hace meses estudiando cómo gestionar esto mejor para hacerlo de formas más centralizada y organizada". "Pero es importante entender que estas condiciones están sometidas a las mismas reglas europeas, de forma que no se puede 'vender' que bajará el precio ni tendría un tamaño tan significativo como otros operadores en el corto plazo".
El Brexit energético de Echenique
La ministra ha sido tan dura contra sus socios de Gobierno de Unidas Podemos -ante las palabras de Pablo Echenique para que regule todo por decreto- como frente a Pablo Casado, el líder del PP, que propuso que los consumidores paguen solo por lo que consumen. "No hay ninguna medida que cambie las cosas de un día para otro, a no ser que se pretenda hacer un 'Brexit' eléctrico y salirse del marco que establece Europa para la generación de energía", dijo en relación al portavoz de Podemos, una alusión muy similar al que utilizó para el PP: "Soñar con pagar solo la energía consumida es demagógico".
A pesar de la negativa europea para reformar el sistema marginalista de fijación de precios que la propia Ribera llegó a sugerir en la Comisión Europea, Ribera aseguró que se va a insistir en ello, porque las realidades energéticas de los diferentes socios son muy distintas y el modelo debe ser ajustado para evitar situaciones como la que se vive en España. Todo ello con la salvedad de que los precios los está marcando la compra de derechos de CO2 y le precio internacional del gas, dos vectores que no se pueden controlar ni desde los países ni desde la Comisión.
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