La falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para formar Gobierno tras las elecciones celebradas en abril ha llevado la incertidumbre al sector de las energías renovables. Como sucede con la retribución de las redes eléctricas, las renovables entran en 2020 en un nuevo periodo regulatorio de seis años. Así lo establece la Ley del Sector Eléctrico en vigor. El Ministerio de Transición Ecológica tenía preparado un decreto para matar dos pájaros de un tiro: fijar una nueva tasa de retribución financiera para el sector y calmar los ánimos de los afectados por los recortes aplicados en 2013 por el Gobierno del PP. No podrá ser y el sistema de retribución actual -7.000 millones de euros anuales- será prorrogado.
La extensión del sistema de retribución a las renovables ha sido uno de los puntos tratados en las recientes conversaciones de la ministra Ribera con el sector. El sistema será prorrogado incluso si un acuerdo de última hora entre el PSOE y Unidas Podemos facilitara la formación de un nuevo Ejecutivo. Sencillamente no hay tiempo para tramitar una norma con rango suficiente como para modificar la que está actualmente en vigor. La tasa de retribución financiera de los activos de renovables se fijó en 2013, en el marco de la llamada reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos.
Una tasa del 7,4%
La tasa de retribución financiera se situó en el 7,4%. En principio, esa tasa se mantendría con la prórroga, de acuerdo con lo que marca la ley. Aunque hay interpretaciones porque el decreto del PP del año 2013, el mismo que dio un tijeretazo de 3.000 millones al sector, deja abierta la posibilidad de que sólo se prorrogue el diferencial sobre el bono -los 300 puntos básicos- y se actualice la base de cálculo con el rendimiento del bono en los últimos dos años. Con la caída de rendimiento de la deuda, la tasa podría sufrir un bocado notable.
Lo que sí está claro, señalan fuentes al tanto de los planes de Ribera, es que la puesta en marcha del nuevo periodo regulatorio necesita la aprobación de una norma con rango de ley. Y no parece que vaya a haber atajos. Aunque en las últimas semanas se barajó la posibilidad de recurrir a una orden ministerial para revisar los parámetros de retribución, esa opción está descartada.
El retraso en el diseño del marco regulatorio para las renovables aplaza también la salida diseñada por el Ministerio de Transición Ecológica para evitar nuevas demandas contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),órgano de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes a la retribución aprobados en 2013. España tiene más de 30 pleitos abiertos con reclamaciones de 8.000 millones y ya ha recibido ocho laudos en contra: Eiser (128 millones), Antin (112 millones), Masdar (64,5 millones), Novaenergía (53 millones) y Greentech (45,5 millones), además de NextEra y Reeff.
La bola sigue rodando
Para evitar que la bola siga rodando, y aunque España ha recurrido los laudos contrarios con el apoyo de la Comisión Europea, el Gobierno diseñó una propuesta para frenar nuevas reclamaciones. El plan consistía en mantener a los titulares de instalaciones de renovables afectadas por el recorte del PP la retribución actual, del 7,4% hasta el año 2031. La medida se contemplaba en un anteproyecto de ley y se justificaba por la necesidad de "restablecer la estabilidad regulatoria". Con el retraso en la formación de Gobierno, la idea queda en el aire y el problema con las reclamaciones se enquista.
No es un asunto menor. Está en juego imagen internacional y también dinero. España lleva ya gastados más de 50 millones en la gestión de los pleitos internacionales, según fuentes de la Administración, y los resultados no son buenos.La Abogacía del Estado se enfrenta en las demandas del Ciadi a lo más selecto de la abogacía internacional. Cinco grandes despachos, con el británico Allen & Overy a la cabeza, dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el órgano de arbitraje del Banco Mundial.
Los más activos son dos de los cuatro bufetes internacionales del denominado Círculo Mágico londinense. Se trata de Allen & Overy y Clifford Chance. Ambos, junto al despacho norteamericano Latham Watkins suman más de la mitad de los casos planteados. Son rivales de peso que han obligado al Ministerio de Transición Ecológica a estudiar nuevas estrategias.
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