El exdirector de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) Silvano Corujo ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional que rectifique su decisión de citarle como investigado en el caso Púnica y le mantenga la condición de testigo, que se ganó a tenor de las confesiones que él mismo efectuó en torno a la presunta 'caja b' del PP madrileño. Con todo, Corujo expone en un escrito remitido al juez que instruye el procedimiento, Manuel García Castellón, que en lo que respecta al contrato con Indra por el que se le imputa en la causa, se siguió y controló "con todo rigor".
Su declaración en sede judicial esta semana ha sido de las más destacadas de todas cuantas ha practicado el magistrado Alejandro Abascal, teniendo en cuenta que el que fuera director de la ICM jugó un papel importante tanto en esta investigación como en el caso Lezo por sus declaraciones, primero, ante la Policía Judicial y, después, en la Fiscalía Anticorrupción acerca de que el expresidente regional Ignacio González ordenó al exconsejero delegado de la Agencia José Martínez Nicolás que consiguiera un millón de euros para el partido, inflando para ello los contratos que el ente público tenía suscritos.
Sin embargo, su situación dio un vuelco a comienzos de este mes cuando el magistrado instructor le imputó en la pieza relativa a la presunta financiación irregular del PP por un contrato que el ente que dirigía adjudicó presuntamente de manera irregular a Indra en el año 2011. En su escrito, remitido al juzgado y recogido por La Información, Corujo expuso la misma tesis que defendió esta semana en sede judicial, esto es: dicha licitación no pasó por la Mesa de Contratación que él presidía, sino que fue gestionado exclusivamente desde la Dirección de Ingenierías y Sistemas del ente público.
Cuestión de cuantías
El motivo por el cual este contrato del que fue beneficiaria la Dirección General de Medios no dependía de la Mesa de Contratación es porque la cuantía del mismo no rebasaba los 206.000 euros, de acuerdo con las normas de contratación en el sector público vigentes en el momento de los hechos. Esta licitación, cuyo coste era de 202.844 euros, fue adjudicada mediante un procedimiento de contratación negociado simplificado, según explica Corujo el cual adjunta al escrito un conjunto de documentos y facturas relativas a esta licitación. La misma tenía por objeto que Indra cediera tres empleados para trabajar de forma presencial en en la Dirección General de Medios.
Al frente de este ente estuvo la que fuera jefa de prensa de Esperanza Aguirre y también investigada en esta macrocausa, Isabel Gallego. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción la sitúa en el epicentro de estas presuntas irregularidades al apuntar que tanto ella como Salvador Victoria (entonces consejero de presidencia) se concertaron con Martínez Nicolás para que ICM costeara las campañas de mejora de reputación online para otros imputados como el exconsejero Borja Sarasola o los exmandatarios Esperanza Aguirre e Ignacio González.
En este asunto concreto, la Fiscalía denuncia que Corujo se concertó con los también imputados Diego Mora y Cristina Bombín, ambos altos cargos del departamento de Sistemas de Indra, para que ésta contratase a la empresa del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro. El informático se dedicó precisamente a mejorar la imagen de los entonces candidatos en las redes sociales y habría cargado a Indra facturas falsas por servicios que realmente no se habrían prestado. Corujo negó estos extremos en sede judicial y expuso que, en lo que respecta a Indra, ni intervino en la elaboración del informe de contratación ni en la justificación de valoración económica o la elaboración del pliego de cláusulas.
Indra, la "oferta más baja"
"Del estudio de la Justificación de la Valoración Económica en comparación con las ofertas presentadas, se deduce que Indra concurrió con una oferta sin margen económico apreciable, por cuanto que la licitación fue adjudicada por 168.622 euros, siendo la de Indra la oferta más baja de las tres concurridas", reza el exdirector de ICM, el cual precisa además que las condiciones de este acuerdo hacían imposible que se pudiera recurrir a una subcontrata. Por ese motivo, solicita al magistrado García Castellón que le levante la imputación y lo mantenga en calidad de testigo si así lo considera.
Todo estos extremos fueron expuestos durante el interrogatorio de este miércoles en el que Corujo detalló además que en 2018 una persona se le acercó y le dijo que buscara protección. Tras dicha advertencia fue víctima de seguimientos, según las fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario. Con todo, se trata de la cuarta ocasión en la que declara en el marco de estas causas en tanto ya lo hizo ante la Policía Judicial, la Fiscalía, el anterior magistrado instructor Eloy Velasco y el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios