Tras más de dos años en silencio

El juez da voz a las principales víctimas del espionaje de Villarejo para el BBVA

Cita a Luis del Rivero y el resto de integrantes del 'Grupo Hostil' para el 14 de abril en aras a que se pronuncien por primera vez sobre el encargo del banco.

Luis del Rivero
Del Rivero también figura como perjudicado en otras líneas de investigación de la causa. 
EP

Tras más de dos año de investigación penal por los encargos de José Manuel Villarejo, algunas de las 'víctimas' de sus trabajos de espionaje toman la palabra en la Audiencia Nacional. El magistrado que indaga si hubo delito o no con los encargos que BBVA hizo al entramado empresarial del comisario ha dado luz verde para que, por primera vez en este tiempo, acudan a declarar Luis del Rivero y otros perjudicados más de uno de los espionajes más importantes de Cenyt para BBVA. De este modo escuchará la versión del empresario y de los integrantes del conocido como 'Grupo Hostil' a los que cita para el próximo 14 de abril. 

Del Rivero (que también figura como perjudicado por los trabajos del comisario para Repsol y CaixaBank) pidió pronunciarse  en sede judicial junto con José Domingo de Ampuero (exvicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (exdirector general adjunto del banco). Todos ellos se personaron como perjudicados del proyecto Trampa del espía, el cual consistió en reducir los intentos de Sacyr de asaltar el capital del banco bajo la presidencia de Francisco González. El banquero tenía sospechas de que este movimiento que se intentó pergeñar en el año 2004 contó con el visto bueno del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y tenía como fin último apartar a González de la presidencia de la entidad.

Villarejo se puso manos a la obra e impulsó una serie de acciones constitutivas de delito de cohecho y revelación de secretos, según los investigadores de esta macrocausa. De acuerdo con los informes de seguimiento remitidos al banco y que la Policía Judicial se incautó tras el estallido de la trama, se interceptaron 869 llamadas, se analizaron cerca de 16.500 comunicaciones y se realizaron más de 7.000 horas de vigilancia. En el foco del comisario estaban también el exministro de Industria Miguel Sebastián, el empresario Juan Abelló, o Emilio Botín, ya que su objetivo era encontrar todos los elementos de presión contra el Grupo Hostil y evitar la maniobra contra González. De hecho, también trataron de acercarse a accionistas de Sacyr contrarios a la OPA al banco para que actuaran a favor del entonces presidente de la entidad.

Las acciones de boicot

Los tres perjudicados se dirigieron al magistrado Manuel García Castellón para denunciar que con estas labores de vigilancia se sobrepasaron los límites legales. De hecho, en lo que respecta a Ampuero figuran acciones de boicot relacionadas con la investigación que dirigió la Audiencia Nacional sobre las cuentas secretas que habría abierto el BBVA en paraísos fiscales. Los informes del comisario jubilado recogen varios encuentros con el exvicepresidente del banco en los que se le advirtió  que "no era coincidencia" su imputación por parte del juez que instruyó el asunto, Baltasar Garzón, en esta causa que finalmente se acabó archivando en 2007. 

Por ese motivo el magistrado Joaquín Gadea atiende su petición y les cita como perjudicados por los negocios del Grupo Cenyt. Así lo constata en una providencia a la que ha tenido acceso La Información y en la que apunta que les escuchará por si tienen hechos novedosos que aportar en esta pieza novena de la macrocausa. Lo cierto es que, aunque ninguno de ellos ha declarado en sede judicial hasta el momento, sí que se han manifestado en numerosas ocasiones en contra del forensic que elaboró PwC para el banco toda vez que salieron a la luz las noticias sobre las contrataciones con Cenyt. Su rechazo a la investigación interna de la entidad se produjo después de que el socio de la auditora, Javier López Andreo, apuntara hace ahora un año en la Audiencia Nacional que parte del material encontrado no se analizó por orden expresa de la defensa del banco. 

La entidad expuso que excluyó de las pesquisas los ítems sobre Fernando Martín, Grupo Hostil o Ausbanc por motivos de celeridad. Pero el propio perito aclaró en sede judicial que hacer un informe con los 400.000 'hits' de la operación Trampa no le llevaría años sino entre tres semanas y mes y medio. Por ello, su defensa y la de otros perjudicados (como Luis Pineda) protestaron por este asunto y pidieron tener acceso a todo el bruto con el que trabajó la auditora. El expresidente de Sacyr incluso se ofreció a realizar un peritaje de estos metadatos analizados en aras a localizar toda la información que el banco almacenó en sus bases de datos y que se apartó en un primer momento de todos los ítems entregados a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el magistrado puso todo este material en manos de la Policía Judicial para que analizara si faltaban análisis de los hits.

Policías imputados

El revuelo originado por esta pericial no ha cesado por completo. Otra de las implicadas en la causa que también arremetió contra el trabajo de PwC, Inés Ochagavia, declaró hace apenas unas semanas en sede judicial. La actual jefa de seguridad del banco expuso que había errores materiales al achacarle el control de las facturas y de los contratos con Cenyt cuando, según dijo, no competía a su departamento ni tenía nada que ver con ese asunto. Al respecto la directiva se comprometió a entregar documental nueva sobre las pesquisas internas que impulsó la entidad que preside Carlos Torres pero, en su vuelta al día siguiente a la Audiencia Nacional, reculó y no aportó nada.

La defensa legal de la entidad expuso que se trataba de archivos que ya figuraban en el sumario aunque los volvió a presentar. Sin embargo, algunos perjudicados como Luis Pineda denunciaron ante el magistrado esta maniobra y solicitaron al juez una orden de entrada y registro en el domicilio de la sucesora de Julio Corrochano para esclarecer si realmente conservaba información de los contratos con Villarejo que se desconozca a día de hoy. A todo ello hay que añadir una última petición, formulada también por el presidente de Ausbanc en la que solicita el registro de los despachos de exdirectivos del banco así como del actual responsable de comunicación de la entidad. Todos ellos trabajaron la documentación remitida por Ochagavia y entre la que se encontrarían facturas giradas del conglomerado del grupo Cenyt. 

A falta de que el magistrado Manuel García Castellón responda a esta solicitud, lo que sí ha hecho ha sido interrogar en calidad de investigados a los últimos mandos policiales implicados en esta pieza novena del caso. El instructor les imputó por buscar de manera ilegal en la base de datos de la Policía Nacional información confidencial de personas que estaban bajo la lupa de Villarejo por sus trabajos privados. Después de escuchar a los mandos subordinados, el instructor tiene pendiente interrogar a Constancio Riaño, un exinspector jefe de la Comisaría General de Información que ya se vio salpicado por otros trabajos del comisario, como el relativo al proyecto Iron. Tras suspender varias veces su citación por problemas de agenda, el magistrado le interrogará finalmente el próximo 14 de abril. 

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