La declaración de intenciones de Luis Bárcenas acerca de que ahora sí va a colaborar con la Justicia pone en el ojo del huracán al Partido Popular. Pero sus confesiones no solo afectan a la formación para la que trabajó durante tres décadas. A escasos cinco días de que comience el juicio por la reforma de la sede del PP, Bárcenas ha puesto de nuevo en la picota a los empresarios que habrían participado en este circuito de financiación opaca a cambio de adjudicaciones de obra pública. Juan Miguel Villar Mir o Luis del Rivero son dos de los nombres de esta lista de 20 supuestos donantes y a la que el expolítico alude en su escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.
De este modo, su escueta confesión sobre esta financiación paralela a la oficial se convierte en una especie de prefacio de lo que puede ocurrir a partir de la próxima semana en la Audiencia Nacional. Cabe destacar que, antes de señalar a los implicados en el asunto, el extesorero deja patente su arrepentimiento en una suerte de perdón a su familia y a la sociedad que fuentes jurídicas consultadas por este medio entienden como una vía directa para intentar acceder a beneficios penitenciarios ante una previsible nueva condena. Bárcenas afronta una petición de cinco años de cárcel por su implicación en los pagos en negro de la reforma de Génova que, según confiesa, se realizaron apoyándose en certificados de obra y proyectos "que no se correspondían con la realidad". Se trata de una versión que viene a corroborar su confesión inicial de 2013 y que agrieta todavía más su relación con el partido, contra el que se enfrentó por última vez en el juicio por el destrozo de su ordenador.
En este caso, la formación que lidera Pablo Casado vuelve a sentarse en el banquillo como responsable civil subsidiaria de los pagos en negro al despacho de arquitectos que acometió la reforma por cerca de 900.000 euros. Pero, como ya ocurriera con la trama Gürtel, en este caso el foco también se pondrá en los testigos que desfilarán para explicar si participaron en esta supuesta caja 'b'. Los exsecretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ángel Acebes y los exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo o Francisco Álvarez Cascos se verán las caras con el extesorero, el cual les ha vuelto a incluir en la lista de receptores de los famosos sobres de Génova. Aunque si hay dos figuras que despiertan gran interés son los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Este último ya declaró en el juicio de Gürtel época I.
En este caso, Rajoy vuelve a estar en el foco, sobre todo después de que Bárcenas haya plasmado por escrito que era "perfecto conocedor" del asunto. Es más, en su carta desvela que cuando le enseñó las anotaciones, las hizo desaparecer en la máquina destructora de papeles. Sin embargo, este guardó otra copia de esos manuscritos en su domicilio y en el despacho de su mujer, Rosalía Iglesias. Un movimiento que no pasó desapercibido en el Ejecutivo del PP y que impulsó la trama Kitchen. La operación, que según Anticorrupción se orquestó desde el Ministerio del Interior, la dirigió la excúpula policial y tuvo como fin último sustraer de manera ilegal todo este material que afectaba al PP antes de que acabara en manos de la Justicia.
El extesorero no solo apunta a la parte política. En la carta a la Fiscalía se remite al auto del año 2015 en el que el magistrado José de la Mata dio luz verde para juzgar estos hechos. Es más, hace alusión concreta a las páginas en las que el instructor de la causa recogía el listado de empresarios que supuestamente habrían participado en este circuito a cambio de hacerse con adjudicaciones de obra pública. Se trata de unos hechos que ya negaron durante la instrucción pero que vuelven a aflorar con la maniobra del exgerente del PP. Los registros de su libreta destacan donaciones que van desde los 1,25 millones de euros en el caso del dueño de Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, a los 530.000 euros que habría desviado Juan Miguel Villar Mir desde el Grupo OHL.
El magistrado incluye en el auto al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y le atribuye pagos de 480.000 euros. También destaca Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi (850.000 euros); Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica (258.000 euros); Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones (348.000 euros); o Antonio Vilela, el cual habría aportado 100.000 euros en nombre de Construcciones Rubau. Destacan también José María Mayor Oreja, hermano del exministro, que figura con dos donaciones por importe total de 165.000 euros en representación de FCC, o uno de los nombres más ligados a esta investigación: el empresario Rafael Palencia. El listado lo completan los empresarios José Antonio Romero (grupo Romero Polo); José Luis Suárez (Copasa), Joaquín Molpeceres (grupo Licuas); Antonio Pinal (Bruesa); el empresario valenciano Vicente Cotino y el exnúmero dos de la trama Gürtel; Pablo Crespo.
"De todas estas actuaciones era perfecto conocedor Mariano Rajoy. Terminó destruyendo la documentación sin saber que yo guardaba una copia"
Su incursión en Púnica
Bárcenas matiza que los pagos se hacían en metálico y se daban en mano al entonces tesorero del partido, el fallecido Álvaro Lapuerta. En el despacho de este último es donde se efectuaron muchas de las entregas así como en restaurantes cercanos. La mayor parte de los fondos se ocultó en la famosa caja 'b' de Génova aunque también se fraccionaron otros pagos en cantidades que no llegaban a los 60.000 euros para su posterior ingreso en el banco. Esta descripción ya la efectuó en el año 2013 ante el magistrado Pablo Ruz. Pero, tras aquel momento, el exgerente del PP prefirió callar. En su escrito habla de "presiones" y de una "promesa" que le hizo el PP a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión. Sin embargo, siete años después se corrige y dice que pecó de ingenuo, teniendo en cuenta que su pareja entró en noviembre en la cárcel de Alcalá Meco después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas por la red de Francisco Correa.
Según apunta, ese factor unido a las evidencias que están saliendo a la luz en el caso Kitchen le han hecho optar por esta nueva vía. Su horizonte judicial tampoco es muy esperanzador. El extesorero cumple condena de 29 años de prisión por la Gürtel (el Tribunal Supremo se la rebajó en cerca de cuatro años) y todavía tiene pendiente la causa de los papeles. La pieza relativa a la reforma de la sede se cerró hace más de cinco años pero la parte troncal sigue instruyéndose. Los avances que se producen en el caso Villarejo han servido especialmente para que la Policía Judicial acredite la similitud entre las anotaciones de su cuaderno y los pagos de los donantes. Con todo, la onda expansiva de su colaboración con la Justicia no se ciñe a estos hechos. Bárcenas ya se postula para declarar por este asunto en el caso Púnica. El procedimiento, en el que están imputados Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Francisco Granados, se centra en una supuesta caja 'b' del PP madrileño. Su ofrecimiento, que acaba de formalizar, queda pues en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
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