La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado hoy que las personas privadas de libertad deben estar "lo más cerca posible de su entorno y su familia", en referencia a los políticos catalanes encarcelados, y ha asegurado que si el Gobierno tiene que tomar decisiones "valorará las circunstancias".
En una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, la ministra de Defensa ha destacado que "es un principio de ley general penitenciaria que la gente esté lo más cerca posible de sus familias" y ha matizado que, en el caso de los presos etarras, ETA ha sido derrotada por la sociedad y "esa derrota no puede tener ninguna contraprestación política".
Sobre la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Robles ha asegurado que "fuera del marco de la Constitución no hay ninguna posibilidad de diálogo" y mantiene que "lo que no esté en el marco constitucional no encontrará apoyo".
"Los dirigentes de Cataluña tienen que entender que hay que superar esa página negra que supuso Puigdemont y lo que ocurrió desde el 6 y 7 de septiembre. Eso no excluye que podamos abordar una reforma de la Constitución para hacerla más moderna. Una reforma legal desde la propia legalidad", ha afirmado.
Sobre un posible indulto a Iñaki Urdangarín, Robles ha subrayado que si no hay razones de carácter humanitario, nunca procede un indulto. "En el caso de Urdangarín se han juzgado actuaciones concretas, cuya responsabilidad le corresponde a él. El Estado de Derecho y la Justicia han funcionado", ha aseverado.
Robles ha negado que le pidiera a Sánchez el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y ha admitido que "hoy por hoy" el compromiso con la OTAN de aumentar hasta el 2 % del PIB el gasto en Defensa "no es posible".
Colau presiona
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau se ha sumado hoy a las voces que consideran que el Gobierno tiene que acercar "de inmediato" a los presos soberanistas a Cataluña y que ha de hacer todo lo que esté en sus manos para que salgan en libertad.
"Es un gesto que desde Cataluña están esperando no sólo los partidos independentistas, para que pueda haber un diálogo en condiciones, que no esté alterado por la crueldad y la anomalía de las personas que están en prisión", ha explicado Colau en una entrevista que publica hoy El Punt Avui. La alcaldesa espera asimismo que haya voluntad, tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat, "de hablar de verdad, de escucharse, de encontrar puntos en común y dar los primeros pasos" para normalizar la relación entre ambas administraciones.
"No seamos ingenuos, la situación es muy complicada, pero en democracia las cosas se resuelven haciendo política, negociando y haciendo que las dos partes cedan un poco", señala Colau. La alcaldesa defiende la celebración de un referéndum en Cataluña, aunque reconoce que esta opción ahora es "muy complicada" y que difícilmente será posible de manera inmediata.
No obstante, sostiene que si se construye un clima "de empezar a reconocer a los interlocutores y de dar pasos en el sentido de negociar y escuchar", se tendrá que llegar a una nueva propuesta de relación entre Cataluña y el Estado que "sólo será legítima si se puede votar".
Ada Colau también afirma que se ve otro mandato como alcaldesa y que cuenta con la mayoría de su equipo de gobierno, que considera que lo ha dado todo en estos últimos tres años y que, en situaciones de mucha dificultad, ha estado "siempre allí las 24 horas del día".
Colau comenta asimismo que no le preocupa "excesivamente" la posible irrupción de Manel Valls en el Ayuntamiento y advierte que "sería un gran error" la configuración de una lista unitaria soberanista en las próximas elecciones municipales.
El Supremo analiza los recursos de los inculpados
El Tribunal Supremo (TS) celebra mañana, a las 10:30 horas, la vista para estudiar los recursos presentados por el expresident catalán Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros trece inculpados contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el procés.
La Sala suspendió esta vista, prevista para el pasado día 6, por un error en la tramitación del recurso del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ahora ha fijado fecha tras subsanar el error. El juez Llarena procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern y del Parlament, así como a dirigentes independentistas. Recurrieron sus procesamientos, además de los citados, los exconsellers Santi Vila, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Lluís Puig y Clara Ponsatí; los exparlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell; y el excandidato a president y diputado de JxCAT Jordi Sànchez.
La Sala que revisa las decisiones de Llarena en el Supremo ha fijado esta vista a puerta cerrada con presencia de los abogados defensores, fiscal, abogado del Estado y acusación popular (ésta última también ha recurrido pidiendo agravar las acusaciones por las que se procesa a los inculpados).
El Supremo ha rechazado las peticiones de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sànchez de estar también presentes en la vista, "al no ser preceptiva su presencia".
Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez recurrieron ante el Tribunal Supremo su procesamiento argumentando que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra 'La Manada', en las que un ministro tuvo que salir escoltado (en referencia al exministro de Justicia Rafael Catalá).
En su escrito, defienden que las concentraciones del 1 de octubre o del 20 de septiembre de 2017 ante la Consellería de Economía son "actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales". Puigdemont alegó en su recurso que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O no hubo "ningún tipo de violencia", por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa.
Mientras que Junqueras denunciaba en el recurso contra su procesamiento por rebelión que sufre un "calvario inmerecido" por las "piruetas argumentativas" con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende "criminalizar" al independentismo, pese a la "evidente falta de violencia".
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